Peramato comparece en el Senado en plena tormenta por las reuniones con Leire y los expedientes a dos fiscales de Plus Ultra

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparece a las 11.00 horas de este viernes ante la Comisión de Justicia del Senado. El Partido Popular (PP) había solicitado su presencia para que explique su política de nombramientos, su discurso sobre la necesidad de "sanar las heridas abiertas" en el Ministerio Público y la compatibilidad entre la legalidad, la imparcialidad y la independencia de la institución con la defensa del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado en diciembre por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados.

Sin embargo, la comparecencia llega rodeada de dos frentes adicionales que han elevado la tensión interna en la carrera fiscal: las reuniones del que fuera 'mano derecha' de García Ortiz con la exmilitante socialista Leire Díez y la apertura de expedientes gubernativos a dos fiscales en el marco de la investigación del rescate de Plus Ultra.

Reuniones de Leire Díez en la Fiscalía General

La convocatoria tiene su origen en las explicaciones ofrecidas la pasada semana por la propia Fiscalía General, que reconoció que Diego Villafañe, exteniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando García Ortiz dirigía la institución, mantuvo dos reuniones con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, vinculado a la supuesta trama dedicada a tumbar las causas judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno. Este reconocimiento llegó después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ordenara investigar las reuniones que habrían tenido lugar en Fortuny con Díez, su socio Javier Pérez Dolset y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver entre abril de 2024 y junio de 2025.

Según la versión facilitada por el Ministerio Público, la primera reunión tuvo lugar el 6 de marzo de 2025, cuando Díez y Teijelo se reunieron con Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica Beatriz López para trasladarles la existencia de unos hechos "con posible relevancia penal" cometidos por terceros. El segundo encuentro tuvo lugar entre finales de marzo y principios de abril. En ambas ocasiones el abogado presentó a la presunta 'fontanera' del PSOE como "una compañera" de su despacho, según la Fiscalía.

Las asociaciones de fiscales han reaccionado con dureza a las explicaciones ofrecidas hasta ahora por la Fiscalía General. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha calificado de "insuficiente y vaga" la respuesta institucional y ha cuestionado la celebración de reuniones con personas vinculadas a investigaciones penales en dependencias o entornos de la Fiscalía. Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha ido más allá y ha exigido depurar responsabilidades, señalando el malestar acumulado en la carrera tras la gestión de los últimos años y la situación procesal de García Ortiz. Cabe recordar que el propio Supremo emitió la semana pasada un informe desfavorable a conceder el indulto al exfiscal general, tal y como ya informó este periódico.

Expedientes gubernativos a dos fiscales por Plus Ultra

A este escenario se suma otro frente abierto esta misma semana, la apertura de un expediente gubernativo a dos fiscales vinculadas al caso Plus Ultra. Las afectadas son la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y la fiscal María Luisa Llop, que intervino en fases iniciales de la investigación y defendió en 2023 el archivo de las diligencias relacionadas con el rescate de la aerolínea, que ahora está siendo analizado por el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. En concreto, la UDEF recogió en uno de sus atestados un intercambio de mensajes de mayo de aquel año entre el abogado Miguel Palomero —detenido el pasado diciembre y ahora investigado por blanqueo y organización criminal— y Rodolfo Reyes, entonces accionista mayoritario de la compañía aérea.

En esa conversación, Palomero trasladó a Reyes que al día siguiente preguntaría "de la juez del 15, cómo es", en referencia a Esperanza Collazos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que acababa de acordar diligencias para investigar el rescate. "La instrucción es muy importante", añadió el abogado, antes de deslizar que la jueza no era la única vía de acceso a las pesquisas: "La fiscal jefa es amiga". Un mensaje que se podría interpretar como una referencia a Pilar Rodríguez, por aquel entonces fiscal jefe provincial de Madrid. "Hay que cortar esto", concluyó Palomero, a lo que Reyes respondió "absolutamente" y le instó a hablar con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

El expediente parte de una denuncia presentada por Iustitia Europa y se apoya en conversaciones recogidas en informes policiales en las que se mencionan posibles vínculos personales y expresiones que, según los denunciantes, podrían apuntar a una influencia externa en la actuación del Ministerio Público. Según detallan fuentes jurídicas a El Independiente, la Inspección Fiscal deberá determinar ahora si las decisiones adoptadas respondieron estrictamente a criterios jurídicos o si pudieron existir factores ajenos a la estricta independencia funcional.

Las citadas fuentes subrayan que, por ahora, el proceso es "meramente burocrático". Explican que el trámite sigue el cauce previsto en el artículo 163 del Reglamento del Ministerio Fiscal, que obliga a remitir a la Inspección toda denuncia relativa a la actuación de miembros del Ministerio Público. La Inspección deberá valorar si procede abrir diligencias o archivar la cuestión.