Fue uno de los acuerdos alcanzados entre el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los presupuestos de 2021. El pacto pasaba por ceder los edificios del Acuartelamiento de Loiola, en San Sebastián, al Ayuntamiento de la capital guipuzcoana. De este modo, el complejo pasaba de manos del Ministerio de Defensa a las del consistorio y con ello se daba un paso clave en el plan de expansión urbanística previsto. Inicialmente, el proyecto incluía su desmantelamiento para, junto al derribo previsto de la cárcel de Martutene, convertir todo el área en el espacio de expansión más relevante de la ciudad. Ahora, la Justicia ha frenado los planes después de que Vox recurriera la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC) para poder llevar a cabo toda la operación.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco determinó ayer que los inmuebles del acuartelamiento militar no podrán ser demolidos ya que suponen un patrimonio con valor que merecen un grado de protección IV, inferior al solicitado por la formación de Santiago Abascal. En su recurso se buscaba que la demolición de los inmuebles no supusiera el final de la presencia militar en la ciudad.

De este modo, la estimación parcial de los argumentos presentados supone dejar en el aire el plan urbanístico que proyectaba la construcción de más de 1.700 viviendas. Hoy el Ayuntamiento de San Sebastián ha anunciado que estudia ya la posibilidad de presentar un recurso de casación a la sentencia. El alcalde, Eneko Goia, ha reconocido que ayer conversó con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que la sorpresa y el malestar por la resolución judicial es compartida.

Compra casi cerrada: 15 millones

Defensa y Consistorio llevaban año y medio de negociaciones para proceder a la compra de la parcela y posteriormente comenzar los planes de expansión en los que se contemplaba el derribo de parte de las instalaciones ahora llamadas a proteger por la Justicia. Goia ha apuntado que incluso se habían reservado 15 millones de euros para completar la operación.

En su resolución el tribunal apela a informes elaborados por el Gobierno vasco y la Diputación de Gipuzkoa que incluían los cuarteles entre el patrimonio histórico arquitectónico a proteger y subrayaban su valor cultural. El fallo sostiene que se trata de dos administraciones ajenas al procedimiento y por tanto los informes estarían dotados de suficiente "objetividad”.

Goia ha asegurado hoy que el Ayuntamiento en ningún caso se plantea renunciar al proyecto. Ha defendido que el uso esencial de la parcela ya no puede ser albergar unos cuarteles: "Esa era la intencionalidad política de Vox", ha señalado. Ha reconocido que si existe un valor patrimonial a proteger se puede buscar "un equilibrio" entre la preservación y los nuevos usos que se desean implementar. Ha aclarado que durante las negociaciones llevadas a cabo la protección de parte de la fachada ya estaba contemplada: "No despreciamos el valor patrimonial pero hay que buscar equilibrios".