Empleado de residencia detenido por abusar y grabar a ancianos residentes

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el 6 de junio de 2025 a un auxiliar de enfermería de 44 años en una residencia de ancianos de la comarca valenciana de l'Horta, acusado de agredir sexualmente a residentes y grabar los actos para distribuirlos en redes sociales.

Las investigaciones comenzaron tras detectarse la circulación de vídeos explícitos en plataformas digitales, donde el empleado aparecía cometiendo abusos contra personas mayores en situación de vulnerabilidad. Los registros policiales permitieron localizar material audiovisual adicional, incluyendo pornografía infantil, lo que amplió los cargos a tenencia de contenido ilegal, según informa Europa Press.

El caso evidencia patrones preocupantes en el sector geriátrico español. En febrero de 2024, un celador de la residencia Moscatelares de Madrid fue arrestado por violar a dos mujeres de 90 y 100 años, sumándose posteriormente una tercera denuncia de una residente de 78. Aunque inicialmente quedó en libertad con medidas cautelares, la Fiscalía evalúa solicitar su ingreso en prisión ante la gravedad de los hechos. Paralelamente, en Mallorca, la Guardia Civil investiga desde mayo de 2025 la denuncia de una nonagenaria que afirmó haber sido agredida durante una estancia temporal en un centro de Calvià, aunque sin identificar al presunto agresor.

Los métodos del detenido en Valencia revelan una premeditación alarmante: aprovechaba su posición como cuidador para acceder a las víctimas, grabando los abusos con dispositivos electrónicos que luego compartía en redes sociales. Esta práctica, según expertos legales, complica la situación jurídica al añadir delitos contra la intimidad y distribución de material sensible. La sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2024 estableció que la videovigilancia ad hoc sin previo aviso es válida como prueba en casos de sospechas fundadas, un precedente que podría aplicarse en futuras investigaciones de residencias.

Las instituciones enfrentan presiones para reforzar protocolos. La Comunidad de Madrid inició inspecciones en el centro Moscatelares tras las denuncias, mientras el Ayuntamiento de Calvià colabora con la Guardia Civil para esclarecer los hechos en Mallorca. No obstante, la falta de antecedentes penales en varios implicados –como el auxiliar valenciano– plantea interrogantes sobre los procesos de selección de personal. Organizaciones sociales exigen mayor transparencia y controles psicológicos periódicos para trabajadores en contacto con población vulnerable.

Este escándalo se suma a otros incidentes recientes en el sector, como el robo sistemático de joyas a ancianos con deterioro cognitivo en Cullera (2021), donde un empleado aprovechaba las restricciones COVID-19 para actuar impunemente. Los casos subrayan la urgencia de combinar vigilancia tecnológica con supervisiones humanas más rigurosas, garantizando entornos seguros para quienes delegaron su cuidado en instituciones especializadas.