La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata y explotación sexual usando pisos prostíbulo en seis comunidades autónomas con la detención de cinco personas, tres de ellas en Bilbao y otras dos en Gijón, y que se ha saldado con la puesta en libertad de 18 mujeres.

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Según ha informado la Policía en un comunicado, se han realizado también siete registros domiciliarios donde se han incautado 12.245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y documentación incriminatoria de los delitos, además de haber sido bloqueadas diez cuentas bancarias.

Según Europa Press, los detenidos gestionaban pisos prostíbulo de forma temporal o estable en las comunidades de Galicia (A Coruña), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo y Gijón), País Vasco (Bilbao, San Sebastián, y Vitoria), Navarra (Pamplona) y Castilla y León (Burgos, León y Ponferrada), donde llevaban una actividad "itinerante", según describen los agentes.

Las mujeres, de origen colombiano, eran captadas mediante falsas ofertas de trabajo en España y después se les facilitaba el traslado a la península, donde se les imponía una deuda de entre 4500 y 5000 euros --aunque a una se le llegó a exigir hasta 8.000 euros--, que debían saldar ejerciendo la prostitución mientras eran obligadas a tomar estupefacientes para aumentar el tiempo de prestación de servicios sexuales.

La Policía Nacional comenzó la investigación en 2024 a raíz del testimonio de una víctima que había sido engañada para ejercer la prostitución en Santander. Tras esta declaración se descubrió una red criminal dividida en tres ramas delictivas que mantenían colaboración entre ellas.

En la declaración se describe cómo las mujeres estaban obligadas a estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, sin posibilidad de negarse a atender a los clientes. Además, eran sometidas a una rotación quincenal entre los pisos que controlaba el entramado, dificultando su asentamiento y aumentando su vulnerabilidad.

La investigación también desveló que las víctimas sufrían agresiones físicas cuando se negaban a trabajar y eran obligadas a abrir cuentas bancarias en su nombre que eran utilizadas por los criminales para mover dinero de forma encubierta.

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