El juez Juan Carlos Peinado ha comunicado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que ha decidido transformar las diligencias de investigación para que, si finalmente se llega a juicio por un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con la contratación de su asesora en Moncloa, el caso se dirima ante un jurado popular.

PUBLICIDAD

En un auto al que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acuerda convertir la pieza separada en la que se investigaba este delito en un "procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Gómez, a su asesora, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El magistrado ha citado a los tres para comparecer en la sede judicial este sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas, en una diligencia previa prevista por la ley en este tipo de procedimientos, con el objetivo de concretar la imputación que se les atribuye.

Peinado fundamenta su decisión en que concurren "indicios racionales, fundados y sólidos" de la comisión de hechos delictivos, apoyados en correos electrónicos aportados por el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio y en el auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de junio, que avaló la mayor parte de las pesquisas de Peinado sobre la mujer de Pedro Sánchez.

El togado recuerda que, aunque en un principio se rechazó la admisión a trámite de la querella por malversación contra Gómez y Álvarez, la delimitación del proceso penal es "de cristalización progresiva" y puede variar conforme avanza la instrucción. Subraya también que durante la comparecencia del pasado 10 de septiembre, "ninguna de las dos investigadas contestó a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien este instructor, o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal, o cualquiera de los letrados de la defensa".

Añade que las respuestas ofrecidas por Gómez a su abogado — el exministro socialista Antonio Camacho— "no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio", reforzando así su decisión de elevar el caso a juicio con jurado popular.

Durante las pesquisas, Peinado interrogó al ministro Félix Bolaños, ya que cuando se produjo la contratación de Álvarez en Moncloa en junio de 2018, tras la llegada de Sánchez a la jefatura del Gobierno, él era secretario general de Presidencia — donde trabajaba junto a Francisco Martín, entre otros— . Posteriormente, el juez elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo su imputación, que el alto tribunal denegó.

Además del delito de malversación que ahora pasaría a juicio con jurado —el auto puede ser recurrido— Peinado atribuye a Gómez cuatro delitos más. Se trata de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Estos cargos están vinculados a sus actividades en la Complutense como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, al uso de un software desarrollado para esa cátedra y a presuntas adjudicaciones o patrocinios de entidades públicas que pudieron favorecer sus intereses profesionales.

PUBLICIDAD