El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reanudado este martes con la declaración del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, quien ha relatado ante el Tribunal Supremo los términos de la reunión que mantuvo en la sede de la Fiscalía tras la publicación, el día anterior, de la nota informativa con los detalles de los correos electrónicos del abogado del empresario Alberto González Amador. También ha asegurado que, para desmentir una información, no era necesario revelar las comunicaciones del letrado del novio de Ayuso.

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Ribón ha explicado que, tras la publicación de la nota informativa la mañana del 14 de marzo, contactó con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien le trasladó que se sentía presionada por arriba y por abajo —"como un sándwich"— y que, aunque la nota llevaba el sello de la Fiscalía Provincial, no había salido directamente de ese órgano. El decano trasladó que la difusión del documento había generado "alarma" y una "honda preocupación" en la abogacía.

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Al día siguiente, el 15 de marzo, Ribón fue convocado a la sede de la Fiscalía para reunirse con García Ortiz. A la cita asistieron también Rodríguez, el fiscal Diego Villafañe y otros miembros del Ministerio Público. Según su testimonio, la conversación "fue difícil de seguir" y el fiscal general le propuso emitir un comunicado conjunto para manifestar que existía "un clima de comunicación cordial" entre ambas instituciones, propuesta que el decano rechazó por considerar la nota como de "extrema gravedad" en una situación que nunca antes se había vivido.

El decano ha subrayado que uno de los puntos clave de la reunión fue la "transcripción literal" de los correos así como las horas y demás detalles recogidos en la nota sobre las conversaciones entre abogado y fiscal. "Si se quería desmentir información no era preciso revelar el contenido de los correos", ha señalado, insistiendo en que la actuación del Colegio buscaba que se abriera una investigación para depurar responsabilidades. Su declaración ha ido en el mismo sentido que la que prestó la semana pasada la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

Ribón ha detallado que la decisión de presentar querella y ejercer la acusación popular no respondía a la defensa de un abogado concreto, sino al principio universal de defensa. La "alarma y desconcierto" generados por la nota de la Fiscalía motivaron las acciones legales, ha explicado, destacando la importancia de la confidencialidad entre abogados y Fiscalía.

Durante su declaración, la defensa de García Ortiz ha preguntado si el ICAM había tenido en cuenta otras filtraciones mediáticas. Ribón ha insistido en que la institución se centró exclusivamente en la nota de prensa de la Fiscalía y no en la cobertura de los medios de comunicación. Asimismo, ha aclarado que no tenía constancia de que Neira hubiese autorizado la difusión de sus correos por terceros.

El decano ha recalcado que la Fiscalía no puede "exceder" sus facultades y debe respetar los protocolos establecidos en los acuerdos de conformidad, impidiendo la revelación de datos confidenciales. "Sin abogados libres no hay jueces independientes. Sin jueces independientes no hay justicia imparcial. Y sin justicia imparcial no hay Estado de Derecho", ha afirmado.

Por todo ello, ha defendido que el Colegio emprendiera acciones legales para garantizar la confidencialidad profesional y la independencia judicial. "Cuando juramos o prometemos y vestimos toga por primera vez, juramos el acatamiento a la Constitución, al ordenamiento jurídico y el ejercicio conforme a los principios de libertad, independencia y secreto profesional", ha concluido.