El expansionismo por mar de Marruecos que amenaza las aguas de Canarias

Es el nuevo campo de batalla de una disputa histórica no resuelta que el régimen de Mohamed VI, envalentonado por la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental, ha resucitado con fuerza. Las aguas que separan Canarias de la ex provincia española, ocupada militarmente por Marruecos y pendiente de descolonización, son el escenario de esta 'guerra'. En juego, hay recursos pesqueros, reservas minerales, corredores logísticos, capacidad energética e intereses estratégicos al alza. La legislación internacional y las resoluciones de la ONU siguen frenando las aspiraciones de Rabat pero su estrategia, divulgada por medios de comunicación afines y presentada como una oferta de “seguridad jurídica reforzada para Canarias”, apuesta, como hace ahora cincuenta años, por los hechos consumados.

Una actividad frenética marca la agresiva diplomacia marroquí. Marruecos legisla, proyecta mapas y reclama espacios como el del Sáhara Occidental, desafiando el derecho internacional. Entretanto, la frontera marítima sigue sin delimitarse de forma oficial y ese vacío se convierte en el escenario que Rabat aprovecha para extender su influencia hacia aguas próximas al archipiélago canario, rodeándolo de facto. “En realidad, es un conflicto en tres capas: legal, política y estratégica”, apunta a El Independiente Helenio Hoyos, investigador de la Universidad de La Laguna.

“La primera es legal: Marruecos delimitó unilateralmente su Zona Económica Exclusiva (ZEE) en 2020 y eso se solapa con las aguas canarias, algo que según la Convención del Mar debe resolverse mediante acuerdo, no por imposición. La segunda es política, porque Marruecos incluyó las aguas del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo según la ONU, y eso complica mucho cualquier negociación. Y la tercera es estratégica: ambos países saben que en el área del Monte Tropic hay recursos muy valiosos como el telurio, que es crucial para tecnologías de energía renovable”, desgrana.  “Todo esto convierte la delimitación en un tema sensible, no solo por la soberanía, sino también por el futuro económico y energético”.

Un conflicto que nace en el Sáhara y alcanza a las islas

El núcleo estructural del problema radica en el Sáhara Occidental, territorio no autónomo reconocido por Naciones Unidas y pendiente de descolonización. Marruecos lo ocupa desde 1975, pero no posee soberanía reconocida. Aun así, en 2020 aprobó dos leyes que ampliaron su Zona Económica Exclusiva hasta las 200 millas e integraron las aguas saharauis como propias. La reforma legal, presentada como una simple actualización técnica, fue en realidad un movimiento geopolítico de alcance profundo.

En la última semana la monarquía alauí ha hecho públicas sus exigencias a España, en la previa de la Reunión de Alto Nivel que ambos países celebran esta próxima semana en Madrid. Las peticiones han sido recopiladas en sendos artículos, publicados por Atalayar -un medio con sede en Madrid pero afín al régimen del país vecino- y Médias24 -una publicación próxima al ministro de Exteriores marroquí Naser Burita- en los que Marruecos construye un relato encaminado a tratar de consolidar legitimidad internacional.

Los textos afirman que la equidad debe prevalecer sobre la equidistancia y que Marruecos está legitimado para consolidar su ZEE en torno a las que denomina “sus provincias del Sur”, en realidad, el territorio ocupado del Sáhara Occidental. El artículo proyecta un escenario en el que “Marruecos consolida su soberanía y fortalece su papel como potencia atlántica africana mientras España obtiene seguridad jurídica reforzada para Canarias”. La propuesta implica reconocer una soberanía que ni la ONU ni la Unión Europea aceptan.

Se parte de la falsa premisa de que Marruecos es soberana sobre el Sahara Occidental y de que solo existe un problema de delimitación entre España y Marruecos

Los artículos sostienen que la frontera marítima de hecho con Canarias ya no resiste a la lectura del derecho internacional. “Parte de la falsa premisa de que Marruecos es soberana sobre el Sahara Occidental y de que solo existe un problema de delimitación entre España y Marruecos. Por ello su contenido no tiene ninguna base en el Derecho internacional”, replica en declaraciones a El Independiente Juan Soroeta, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco. “Tal y como se reconoce desde un principio, el supuesto estudio 'propone una arquitectura jurídica que refuerce los derechos de Marruecos'. Pero es que no se trata de que refuerce sus derechos, sino que los tenga. Si los tuviera no tendría sentido hablar de 'reforzarlos'”, agrega.

Soroeta desmonta el discurso marroquí desde su base jurídica. Recuerda además que cualquier acuerdo bilateral entre España y Marruecos que afecte al territorio saharaui sería jurídicamente nulo sin el consentimiento de su población, ya que violaría el derecho de autodeterminación. “España sí posee fronteras marítimas con el Sahara Occidental al sur de Lanzarote. Marruecos no. Llama la atención que Marruecos no proclamara su Zona Económica Exclusiva incluyendo el Sahara Occidental hasta 2020, cuando la República Árabe Saharaui Democrática ya lo había hecho en 2009”.

Para Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, las exigencias son "disparatadas jurídicamente". "Marruecos no puede pretender nada como país ocupante, porque ni siquiera han comunicado las aguas internacionalmente a la división de los océanos y de derechos del mar de la ONU. Existen muchas obligaciones jurídicas que impiden a España tomar cualquier decisión en línea con lo que reclama Marruecos", arguye. Y agrega: "Lo extraño es diseñar un plan tan completo y detallado. La explicación es la RAN en Madrid la próxima semana y Marruecos cree con toda certeza que nunca se va a dar una oportunidad como ésta con un presidente de Gobierno tan favorable a Marruecos".

Dos mares y un punto vulnerable: Canarias

El ex embajador de España en Misión Especial para el Derecho del Mar José Antonio de Yturriaga distingue tres escenarios marítimos que afectan a España y Marruecos. “En primer lugar, la frontera marítima entre España y Marruecos en el Mediterráneo, relativamente consolidada. En segundo lugar, la delimitación de la Zona Económica Exclusiva entre Canarias y la costa marroquí, que nunca se ha firmado. Y en tercero, la frontera que debe separar Canarias del Sáhara Occidental, lo que implicaría reconocer soberanía marroquí, algo incompatible con el derecho vigente”, desliza. “El Sáhara es un territorio que no es de Marruecos, pero que está militarmente ocupado por Rabat”, recalca.

Uno de los principales desafíos, como apunta Hoyos, es la extrema cercanía del archipiélago canario con la costa africana. “Las costas de Canarias y la costa africana están muy próximas, por lo que las Zonas Económicas Exclusivas se superponen inevitablemente. Según la Convención del Mar, eso exige acuerdos equitativos, pero no siempre es fácil trazar una línea que ambas partes consideren justa”, alega.  España defiende el principio de equidistancia para dividir las aguas. Marruecos reivindica la equidad.

“La aplicabilidad del principio de equidad a la hora de delimitar los espacios marítimos es perfectamente aplicable. Lo único que establece la Convención es que el criterio básico es el acuerdo entre los Estados, que pueden acordar aplicar el principio de equidistancia, como ocurre entre España e Italia entre las islas Baleares y Cerdeña, o negociar directamente el criterio que prefieran”, explica Soroeta. “Si no llegan a un acuerdo, como ha ocurrido en el caso de fronteras marítimas entre Estados africanos, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal internacional del Derecho del Mar o un Tribunal arbitral constituido al efecto puede dictar una sentencia obligatoria, siempre que los Estados acepten su jurisdicción. Pero la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) se refiere a la delimitación de la frontera marítima entre Estados soberanos sobre sus territorios. No sobre los de un Territorio No Autónomo, sobre cuyas fronteras marítimas, aéreas o terrestres no pueden negociar ni las potencias administradoras ni menos las potencias ocupantes”.

España tiene y tendrá este problema mientras no se establezca el estatus final del Sahara Occidental, lo que no ocurrirá mientras su pueblo no ejerza del derecho de autodeterminación

Yturriaga subraya que Marruecos ha respetado parcialmente la línea equidistante, pero recuerda que la ha incumplido en ocasiones al otorgar concesiones petrolíferas más allá de esa línea. España también autorizó prospecciones frente a Lanzarote y Fuerteventura. Se despacharon notas verbales y hubo tensión, pero no ruptura. A juicio de Soroeta, Marruecos “critica la decisión española de conceder la autorización a Repsol para realizar prospecciones en la costa de Lanzarote y Fuerteventura sin negociar previamente con Rabat”. “La legalidad de esta decisión es cuestionable en relación con la fachada de estas islas que se encuentra frente a la costa marroquí, pero también por lo que se refiere a la fachada de Fuerteventura situada frente al Sahara Occidental. España tiene y tendrá este problema mientras no se establezca el estatus final del Sahara Occidental, lo que no ocurrirá mientras su pueblo no ejerza del derecho de autodeterminación”, advierte.

Un tesoro bajo las aguas: pesca, energía y minerales

La disputa va más allá de la delimitación de las aguas. Hoyos, investigador de la Universidad de La Laguna, considera que el debate público -más allá del Monte Tropic, un volcán submarino rico en telurio y cobalto- tiene a la pesca como uno de los recursos más sensibles. “Las aguas entre Canarias y la costa africana son zonas tradicionales de pesca para la flota española, y cualquier cambio en la delimitación afecta directamente a la economía de las islas y a miles de puestos de trabajo”, precisa Hoyos. “Estas aguas tienen una biodiversidad marina muy rica: especies migratorias, bancos de pesca de alto valor y ecosistemas que, si se gestionan bien, pueden sostener actividades económicas durante décadas”.

El conflicto por las lindes dibuja, además, un Atlántico convertido en un espacio de poder económico y de influencia geográfica. “También hay que considerar el potencial energético. En esta franja atlántica existe capacidad para proyectos de energías marinas, como la eólica offshore o incluso futuras tecnologías. Incluso el control de rutas marítimas y el posible acceso a zonas futuras de exploración submarina entran en juego. Es decir, no es solo quién controla un punto concreto como el Tropic, sino quién gestiona el conjunto de recursos que sostienen la economía y la proyección estratégica del Atlántico oriental”, indica Hoyos.

Un pulso sin dirimir

Para Eduardo Jiménez Pineda, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Córdoba, “existe abundante jurisprudencia europea que confirma que las aguas saharauis no pueden considerarse marroquíes”. “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado varios acuerdos que incluían el territorio saharaui sin consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. El problema no es solo jurídico, sino también político y diplomático”, esboza.

Unas aguas turbulentas en las que el Gobierno español debe moverse con riesgos. “España está en una posición muy comprometida por su historia. Si hace presión a Marruecos para que se cumpla el derecho internacional se expone a consecuencias en migración o intercambio de información. Marruecos sabe muy bien jugar esa carta de presión política y España se mantiene en una posición de ambigüedad, que, por otro lado, es la más lógica desde la perspectiva de las relaciones internacionales porque tampoco puede enfrentarse radicalmente a un estado vecino como es Marruecos, que además es tan importante en tantos ámbitos para España”, alega.

A juicio de Yturriaga, “España, que sigue siendo la potencia de 'iure' del Sáhara, no tiene competencia para transferir la soberanía a terceros estados”. “Lo que debería hacer España es no tanto reasumir sus competencias sobre el territorio, porque es totalmente inviable e inconcebible, sino mantenerse en la neutralidad y apoyar que debe haber un ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, a realizar a través de un referendo. Y eso pasa por decir que Marruecos no tiene derecho alguno sobre el Sáhara Occidental ni sus aguas”, asevera el diplomático, que denuncia el giro copernicano en el conflicto del actual Ejecutivo. “Con el actual Gobierno, el derecho ha pasado a un segundo plano y el derecho internacional se está violando flagrantemente por parte de Marruecos con la connivencia del Gobierno de España”.

El conflicto marítimo entre España y Marruecos se libra en informes jurídicos y en maniobras diplomáticas silenciosas. Desde las altas esferas alauíes se ofrece “una solución 'ganar-ganar': Marruecos consolida su soberanía y fortalece su papel como potencia atlántica africana; España obtiene seguridad jurídica reforzada para Canarias y acceso regulado a oportunidades estratégicas; y la región atlántica se beneficia de un precedente de arreglo negociado en plena conformidad con el Derecho del Mar”. Yturriaga no oculta la indignación, expresada con sorna: “Al final vamos a tener que agradecerle a Mohamed VI la consolidación de la soberanía de España sobre Canarias”.

Al final vamos a tener que agradecerle a Mohamed VI la consolidación de la soberanía de España sobre Canarias

Una oferta que, desde el derecho internacional, Soroeta censura. “Supuestamente todos ganan: uno consigue que se reconozca su soberanía sobre un territorio que ocupa militarmente y el otro puede estar tranquilo, porque Marruecos no perturbará su seguridad jurídica. ¿O sí?”, se pregunta el jurista.

“En realidad, confirma de nuevo la premisa falsa de la que parte todo el estudio y que impide que se pongan en práctica sus propuestas: el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y no se puede negociar sobre su delimitación sin contar con su pueblo”, manifiesta a propósito de una frontera que parece tan líquida como maleable para los intereses dictados por el Gran Marruecos y su expansionismo insaciable. “Es todo un reto diplomático: mantener una relación estable entre España y Marruecos, que ya de por sí tiene muchos frentes sensibles como la migración, la seguridad o el comercio. Cualquier avance en la delimitación tiene que hacerse con mucho cuidado para evitar fricciones mayores”, concluye.