La regularización de inmigrantes pactada entre el Gobierno -el ala socialista- y Podemos, agrava la brecha ya profunda que existe entre los morados y Sumar por sus objetivos electorales. Si bien ambas formaciones vienen reclamando esa medida, que afectará a entre medio millón y 800.000 personas, una cifra a definir aún, la forma de abordar el asunto ha generado descontento en Sumar.

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Por un lado, genera ya de por sí descontento que el PSOE haya cedido esa medida a Podemos cuando su socio de coalición viene demandándolo meses atrás por vía de real decreto ante el bloqueo en el Congreso. Ahora bien, fuentes socialistas lo justifican por la necesidad de atraer a Podemos a negociaciones como la del traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña, a lo que los morados ahora se abren cuando se culmine esa regularización. Por otro lado, ya acordada esa decisión que compete a Migraciones, la forma en la que Podemos ha querido combatir el relato en contra de PP y Vox disgusta a los magentas porque creen que con intervenciones como la de Irene Montero este fin de semana durante la campaña de Aragón se abona el marco de la extrema derecha. "Dan combustible" a PP y Vox, aseguran fuentes de la confluencia.

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Fuentes de Sumar se refieren a la petición gradual que Podemos ha hecho desde el sábado para pedir abiertamente que los inmigrantes que estén regularizados puedan "ampliar derechos" como el de participar en las elecciones. Ahora, según la legislación española, solo los nacionalizados pueden ejercer el voto a excepción de las municipales. Todos los inmigrantes extracomunitarios o aquellos cuyos países tengan acuerdos de reciprocidad, podrán participar en las municipales exclusivamente si antes lo solicitan en el censo.

En una intervención desde Zaragoza, Montero aludió a la 'teoría del reemplazo' que estos días viene azuzando la ultraderecha en redes y partidos como Vox indirectamente cuando se hace mención a la alteración del censo electoral. Cuando se señala que Pedro Sánchez y el PSOE quieren conseguir 500.000 votantes a golpe de regularización. Montero entró en ese asunto. Pidió a los migrantes que "no nos dejen solos con tanto facha" y pidió "una 'teoría del reemplazo' con la que se pueda barrer de fachas y racistas este país con gente migrante y trabajadora (...) sea china, negra o marrona". Montero instó a agilizar la obtención de la nacionalidad "o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto".

Unas palabras que este lunes en rueda de prensa el 'número tres' de Podemos y secretario de Organización, Pablo Fernández, atribuyó a la ironía. "Creo que fue bastante clara en el mitin, ironizó sobre una teoría que no existe, que es un bulo que esparce Vox y compra el PP", matizó. Pero Fernández sí pidió explícitamente que los inmigrantes regularizados o aquellos regulares desde el principio tienen que tener "más derechos", entre ellos el del voto generalizado previa modificación legal. También la derogación de la actual Ley de Extranjería, el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) -condiciona esto a aceptar el pacto con Junts sobre competencias migratorias para la Generalitat y a suprimir parte del preámbulo "xenófobo" del acuerdo- y que se acorten los plazos para la obtención de la nacionalización en el Estado.

Esa demanda para que los regulares puedan votar sin tenerla, con todo, choca de bruces con la posición que el Gobierno a través de la titular de Seguridad y Migraciones, Elma Saiz, ha mantenido durante toda la semana sin que Sumar enmiende esa postura o haga matices. Los socialistas han recalcado que la regularización no es igual a nacionalidad, que es un bulo que se quiera alterar el censo a su favor 'comprando' con facilidades a esos inmigrantes y centran como objetivo de la medida la de "normalizar" la situación de residencia y laboral de personas que ya residen entre nosotros.

Tanto PSOE como Sumar, por ende, se mantienen en la legislación, que sí que abre un largo proceso burocrático para la obtención de la nacionalidad de 10 años de media -con excepciones de 2 para procedentes de países con vínculo especial con España y de 1 para nietos, hijos o parejas de españoles, entre otros- de así quererlo los implicados. Pero eso no repercutirá en los comicios de generales de 2027 a los que optará a la reelección el actual presidente del Gobierno. Sobre esa base, que Podemos pida ese cambio de reglas cuando la oposición lo usa para disparar contra el Gobierno es muy desacertado para Sumar.

Este lunes, en rueda de prensa, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, mostró satisfacción con la medida tal y como está, sin hacer nuevas reclamaciones. Reivindicó el modelo del Gobierno, de hecho, frente a lo que ocurre en Estados Unidos con el ICE. Y acusó a PP y Vox de actuar con "clasismo" al no querer esas regularizaciones con gente ya ubicada en España.

Hasta la fecha, Vox empezó posicionándose en contra a través de su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, anunciando que recurrirán en el Tribunal Supremo la regularización y que el PSOE se "desangra" y quiere "la sustitución del censo regularizando inmigrantes". Le siguió en esos términos Santiago Abascal en distintas intervenciones en Aragón. En un mitin en Cuarte de Huerva Abascal se comprometió a revisar más de un millón de concesiones de nacionalidad hechas por Sánchez: "Aunque les den la nacionalidad de manera fraudulenta no son españoles ni lo serán". En la línea argumentativa de Vox se ha situado de lleno el PP de Isabel Díaz Ayuso.

Su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache aludió a esa alteración del censo, y la propia presidenta de la Comunidad reiteró la cuestión aunque apelando al plano municipal: ahí, previo registro en el censo y compatibilidad con los requisitos de ser extracomunitario o proceder de países con acuerdo de reciprocidad, sí podrían ejercer el voto. Lo cierto es que actualmente, de los más de 6,2 millones de inmigrantes regulares en España, algo menos del 10%, unos 411.000 votan en municipales pese a poder hacerlo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y algunos espadas del partido, se movieron en esos términos, aunque posteriormente admitieron que solo lograrían a medio plazo ese voto también en autonómicas y generales.

Tensión electoral entre Sumar y Podemos

Para integrantes de Sumar, Podemos también hace juego a la derecha más allá del tema migratorio al evitar acuerdos mayoritarios en el plano autonómico. Se constata que incapacidad de llegar a cualquier consenso por intereses enfrentados, y menos para una confluencia amplia de generales. Este lunes, y tras fracasar el intento de papeleta conjunta en Castilla y León -como ocurrió en Aragón-, tanto IU -que irá con Movimiento Sumar y Equo- como Podemos, mencionaban el inmovilismo de la parte contraria. Desde IU, este lunes su secretaria de Organización, Eva García Sempere, resumía el intento de aglomerar las fuerzas para evitar que esa derecha se mantenga en los gobiernos, lanzando así un reproche velado a Podemos. "Hacemos alianzas con quien quiere acordar. Hemos tendido la mano hasta los límites", dijo.

Desde el espacio se reafirman en la percepción de nulo interés de Podemos en negociar con ellos si sigue dentro Movimiento Sumar, algo que será así incluso para generales. En la próxima quincena se presentará la refundación del espacio con IU, Movimiento Sumar, Comunes y Más Madrid dentro, con un nuevo nombre. Fernández, por su parte, justificó la no capacidad de acuerdo con IU por la incapacidad de "poner en pie" a una izquierda "valiente" que no esté "subordinada" al PSOE. Un atributo que desde el partido describen a Sumar.