Los pequeños propietarios que tengan una sola vivienda en alquiler podrán desalojar a los inquilinos que no les puedan abonar la renta. Se les exonera de la aplicación de la moratoria antidesahucios, vigente desde la pandemia. Era una exigencia del PNV (y de Junts y Coalición Canaria) y el Gobierno de Pedro Sánchez ha accedido a ella. Fueron los nacionalistas vascos los que anunciaron en la mañana de este martes, a través de un comunicado a los medios, el pacto con el Ejecutivo. Con este acuerdo, ya se desbloqueaba la aprobación este martes de dos reales decretos leyes: uno, solo con la actualización de las pensiones y otro con el conjunto del escudo social y, en él, las específicas sobre vivienda, con esta modificación pactada con la formación de Aitor Esteban, que saldría adelante con el sostén del bloque de investidura. Una reorganización de las materias, no obstante, que no es con la que se contaba anoche en la Moncloa, donde se decía que las pensiones irían junto a la gran parte del escudo social y, segregadas, en otro decreto ley, las medidas de vivienda. Ambos deberán ser convalidados por el Congreso en el plazo de un mes. Lo que se garantiza Sánchez es, por descontado, la aprobación definitiva de la subida de la paga a los jubilados, un colectivo de 10 millones de personas.

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Según informa el PNV, el Gobierno exonera de la obligación de asumir la carga del impago a aquellos propietarios que "solo tienen una o dos propiedades, siendo una de ellas la vivienda habitual y la otra la que tienen en alquiler". De esta forma, "se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos".

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Al final, el Consejo de Ministros de este martes aprueba dos decretos leyes: uno solo con las pensiones y otro con el conjunto del escudo social, tal y como quería Sumar

La formación jeltzale recuerda que ha peleado para que no se equipare a los pequeños propietarios con los grandes tenedores de vivienda o los fondos buitre "hasta lograr que el Gobierno los diferencie y evite con esta nueva redacción que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado". El PNV aplaude que el Gobierno "haya aceptado este acuerdo de mínimos", con la "confianza" de que esto permita a los grupos "seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social".

La negociación del Ejecutivo, por tanto, acaba en un acuerdo que, previsiblemente, también debería apoyar Junts, por lo que se reagruparía el bloque de investidura en una votación de nuevo clave. La semana pasada los posconvergentes se unieron a PP y Vox para tumbar el decreto ómnibus que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. El texto incluía la subida de las pensiones —con una subida general del 2,7%—, ayudas para los afectados por la dana o los incendios, la extensión de las cotizaciones de los autónomos y, por descontado, la prórroga del escudo social, con medidas como la prohibición de la interrupción de los suministros básicos a las familias con menos recursos, el bono social eléctrico o la moratoria antidesahucios. Era esta la medida que resultaba más contestada para los socios de derechas del Gobierno. Junts no pasó por ahí. Es más, empleando el lenguaje del PP, aseguró que apoyaría las pensiones, "no las ocupaciones" de vivienda.

Los posconvergentes ya habían pactado hace un año una línea de avales para ayudar a los pequeños propietarios, un mecanismo teóricamente más ágil que el sistema de compensación a los caseros que se había puesto en pie en 2021 y del que muy pocos arrendadores, como reconocía el Ministerio de Vivienda, se habían beneficiado. Pero esa línea de avales solo se desarrolló por reglamento el pasado diciembre y se dotó con 300 millones de euros hace justo una semana, en el anterior Consejo de Ministros. Pedía ayudas más contundentes para los pequeños propietarios, una exigencia que también tenían PNV y CC. El Gobierno se dispuso a negociar, intentando guardar el equilibrio con las formaciones a su izquierda que también le prestan respaldo.

Para el socio minoritario de coalición, el PP "ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables"

El pacto se consumó este martes, antes del arranque de la reunión semanal del Gabinete, que presidió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dado que Sánchez se encuentra de viaje oficial desde ayer en Dubái. Ella ha negociado con los grupos junto al titular de la Presidencia, Félix Bolaños. El resultado es que el decreto ómnibus derogado la semana pasada se trocea en dos textos, una solución que no compartía inicialmente el Gobierno pero a la que ha tenido que acceder para garantizar la subida de las pensiones y el salvamento de la moratoria antidesahucios, aunque ahora bastante más rebajada.

La novedad de la mañana es la distribución de materias de esos dos decretos leyes, que avanzó vía comunicado Sumar y confirmó después la Moncloa. El Consejo aprobó un primer decreto solo con la revalorización de las pensiones, única y exclusivamente. Y otro, con el conjunto del escudo social en vigor desde la pandemia, "en el que van ayudas por la dana y los incendios, mejoras en la jubilación para los bomberos y la imposibilidad de desahuciar hasta a 60.000 familias vulnerables y cortarles los suministros básicos, tal y como pedía Sumar".

De esta manera, aduce el socio minoritario de coalición, el PP "ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables". Sumar subraya que los derechos "no compiten entre sí", que "no hay derechos de primera o de segunda". "Queremos sacarlo todo y demostrar que no hay que elegir entre vivienda o pensiones, que todo es necesario para mejorar la vida de la gente trabajadora de este país. Nuestra posición es firme: no queríamos que el Gobierno separara la moratoria de los desahucios del resto del escudo social, para permitirle a la derecha votar en contra. El escudo social se someterá a votación de nuevo en su integridad y la derecha ya no tiene ahora excusas".

La Moncloa confirmó esa nueva reorganización de los contenidos (pensiones y otras medidas de Seguridad Social, por un lado, y escudo social al completo, por otro) y se lanzó también a la pregunta al PP: "Ahora que expliquen por qué votan contra el escudo social. ¿Qué les parece mal?".