Siete meses después de que el presidente, Pedro Sánchez, lo anunciara en el pleno del Congreso, con la conmoción aún pegada al cuerpo por el caso Cerdán, el Consejo de Ministros aprobó este martes su anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, la norma que incluye un total de 84 medidas anticorrupción y que modifica 18 normas, incluyendo seis leyes orgánicas. Entre los cambios, la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción, de los cinco años actuales hasta los siete, y el refuerzo de las condenas a las empresas que incurran en prácticas corruptas.

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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha coordinado los trabajos de puesta en pie de un texto legislativo en estos meses y este martes lo presentó en rueda de prensa tras el visto bueno, en primera vuelta, del Gabinete. Se trata de una ley "muy ambiciosa", dijo, que contiene esas 84 medidas que "dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción".

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El registro de las empresas con prohibiciones de contratar con la Administración pasará a ser público y accesible. Las compañías condenadas tendrán inhabilitación más alta: de 15 a 20 años

Así, en materia de prevención, el anteproyecto recoge que el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración pública pasará a ser "público" y "accesible". Además, las empresas condenadas por prácticas corruptas verán incrementada, de 15 a 20 años, las penas máximas de inhabilitación para contratar o recibir subvenciones.

Otra novedad que contiene la norma, siguió Montero, es que se endurece el control y la transparencia de las donaciones de los partidos políticos y sus fundaciones. Así, se reduce el umbral de publicación de las donaciones individualizadas, desde los 25.000 euros actuales, a solo 2.500 y también se reduce el plazo para informar en el transcurso de un mes. El texto obliga asimismo a los partidos políticos a realizar auditorías externas e independientes de sus cuentas, y "no realizarlas implica infracción grave o muy grave, endureciéndose el régimen sancionador para los partidos que no publiquen estas donaciones, con una sanción equivalente al doble del importe de la donación no publicada", detalló la vicepresidenta.

En materia de detección, el Gobierno subraya que se mejorará la interoperabilidad y el uso compartido de la información, mediante la conexión entre bases de datos. Se llevará a cabo una normalización de los expedientes de gasto, liderada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), avanzando hacia la "digitalización del proceso de gasto". También se extenderá el uso de la herramienta Minerva, de la Agencia Tributaria, para la "detección automática del conflicto de intereses". Y se emplearán herramientas de análisis avanzado y de inteligencia artificial para modernizar la Plataforma de Contratación y la Base Nacional de Datos de Subvenciones.

La nueva Agencia Independiente de Integridad Pública asumirá las funciones de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

El anteproyecto también prevé la puesta en marcha de medidas para el fortalecimiento institucional, para que la llamada integridad pública deje de depender de "órganos aislados" y tenga una arquitectura "permanente y estable". Entonces, ¿qué se hará? Pues se crea un órgano muy demandado por Sumar, la Agencia Independiente de Integridad Pública, que asumirá el papel de la vigente Oficina de Conflictos de Intereses, de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Será la autoridad responsable de coordinar en España la protección de los intereses financieros de la UE frente al fraude. También se introducen cambios en el ámbito penal muy relevantes, recalcó Montero. El principal, ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción, que pasará de los cinco años actuales a los siete. El objetivo que persigue el Ejecutivo es evitar que la prescripción genere "impunidad para los corruptos" y por tanto, en palabras de la titular de Hacienda, "se podrá dedicar más tiempo a investigar delitos complejos".

El cuarto y último objetivo del Gobierno es apuntalar la capacidad del Estado para "localizar bienes desde el inicio de la investigación, embargarlos a tiempo y recuperaros antes de que sean ocultados". Se refuerza por tanto el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para recuperar el dinero público robado. Se incorporan igualmente figuras como el decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada, "con plenas garantías judiciales". El Ejecutivo se basa en la transposición de la normativa europea sobre recuperación y decomiso de activos.

Las medidas presentadas por la vicepresidenta María Jesús Montero, entre ellas el paquete anticorrupción | MONCLOADescarga

El Ejecutivo de Sánchez confía en poder reunir los apoyos para que este texto vea finalmente la luz y quede aprobado. Montero recordó que ya el año pasado, tras la caída de Santos Cerdán, el presidente hizo una ronda con todos los grupos y es "unánime" la convicción de que tiene que existir una Agencia Independiente de Integridad Pública, con "funciones como las que le da este anteproyecto", que opere de manera independiente y autónoma, "con el anonimato correspondiente de personas que denuncian y practicando las pruebas que puede practicar una Administración pública hasta que los temas llegan a los juzgados".

El Gobierno espera, tras el paso por los órganos consultivos, poder remitir al Congreso la norma antes de las vacaciones para su tramitación parlamentaria y que quede aprobada antes de la disolución de las Cámaras en 2027

La previsión del Gobierno es que el texto, que ahora pasa a los órganos consultivos, pueda regresar al Consejo de Ministros, para su envío al Congreso, antes de las vacaciones de verano, de tal manera que la tramitación parlamentaria se extendería en el último periodo de sesiones de 2026, de septiembre a diciembre. Es decir, que da tiempo a que la norma quede aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado dado que la previsión de Sánchez es agotar la legislatura, apurar el mandato, que se extenderá hasta, por tanto, julio de 2027.