Se trata de bajar del lema del No a la guerra al terreno. A la respuesta económica. Y sí, el Ejecutivo prepara un nuevo escudo social. Un nuevo paquete para ayudar a los colectivos más vulnerables, en este caso por la sobrevenida guerra de Irán. Pero ese nuevo listado de medidas no se aprobará, previsiblemente, este martes en Consejo de Ministros, pese a la presión que ya ejercen Sumar, socio de coalición, o Podemos, desde fuera, o hasta el propio PP. En la Moncloa y en Economía defienden que es prematuro, que la situación en Oriente Próximo es extremadamente "volátil", que hay que ver la afectación del ataque militar de EEUU e Israel y la respuesta de Teherán, qué prospectiva hay de evolución del conflicto, y también armar una respuesta "coordinada" con la Unión Europea. En el equipo de Pedro Sánchez insisten en que saben gestionar una crisis como esta, que ya han tenido que manejar emergencias similares, pero advierten de que no se trata de "improvisar" medidas, sino de pensarlas bien y "acertar" con ellas.

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En definitiva, el Gobierno receta calma. Esperar. Seguir monitorizando la situación para, a partir de ahí, tomar decisiones. El Ejecutivo, señalan en la Moncloa, "estudia de cerca" las consecuencias del conflicto y "desde el primer día" analiza la coyuntura, la deriva de la guerra y las medidas que cabe adoptar. "Como en otras crisis, los ciudadanos han de saber que como dijo el presidente el viernes [en Huelva] y el sábado [en Soria], este Gobierno responderá, pero hay que estudiarlo bien y analizarlo, y no es fácil", apostillan. Y añaden: "Esto no es un automatismo. Tenemos mucha experiencia en gestionar crisis, pero no hay un botón que aprietas y ya". Y ponían un ejemplo en el staff monclovita: el primer paquete de medidas por la guerra de Ucrania tardó un mes en salir del Consejo de Ministros. En efecto, la agresión rusa arrancó el 24 de febrero de 2022 y el primer plan de choque, aprobado vía real decreto ley, fue acordado el 29 de marzo.

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Un ministro del área económica del Gobierno también pide paciencia: "Veremos cuándo tomamos las medidas, vamos a ver cómo se desarrolla la situación y estamos preparados, en cualquier caso. Desafortunadamente, esto va a durar y ahora mismo la volatilidad es máxima. También es cierto que el punto en el que estamos no llega todavía al de la adopción de medidas, pero puede que evolucione rápido. Prudencia. Todo dependerá de cuánto pueda prolongarse esta guerra".

Y esa, la duración de las hostilidades, es una de las grandes dudas que persisten: Donald Trump advirtió este mismo lunes de que las fuerzas estadounidenses "no se detendrán" hasta que Irán esté "totalmente derrotado" tras la elección de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, hijo del jefe máximo de los ayatolás, Alí Jamenei, muerto en los bombardeos de Washington y Tel Aviv del 28 de febrero. Pero estas últimas palabras del presidente norteamericano llegaban apenas hora y media después de que él mismo asegurara en la cadena CBS News que la guerra contra Irán está "prácticamente terminada" y que estaba barajando "tomar el control" del estrecho de Ormuz, por el que hasta ahora pasaba el 20% del crudo mundial.

Esto va a durar y ahora mismo la volatilidad es máxima. También es cierto que el punto en el que estamos no llega al de la adopción de medidas, pero puede que evolucione rápido. Prudencia", apuntan en el área económica del Ejecutivo

En el Gobierno aseguran que el agotamiento de los fondos europeos —2026 es el año de finalización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia— no es un obstáculo que frene el lanzamiento de las medidas de choque para mitigar el impacto de la guerra de Irán. "Lo importante a nivel europeo es asegurar la coordinación", inciden. De hecho, los ministros de Economía de la eurozona (el Eurogrupo) acordaron este lunes en Bruselas prepararse para desplegar iniciativas inspiradas en aquellas que se adoptaron cuando estalló el conflicto en Ucrania. Pero, de nuevo, en la reunión sobrevoló la incertidumbre. "Tenemos una caja de herramientas que utilizamos [...] en 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania, pero no estamos ahí todavía. Estamos siguiendo la situación y somos conscientes también de que hay que ajustarlas y adaptarlas", según manifestó el presidente del Eurogrupo, el griego Kyriakos Pierrakakis, a su llegada al encuentro, informa EFE. El comisario europeo de Economía, el letón Valdis Dombrovskis, alertó de que si el conflicto se prolonga, la inflación escalará por el encarecimiento de la energía y bajará la actividad económica. "Por eso es importante desescalar el conflicto lo antes posible. Cuanto antes pase, más contenido será el impacto", señaló.

Análisis primero. Es lo que machacó también el Gobierno de Sánchez en sus declaraciones públicas de este lunes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostuvo que el Ejecutivo está listo para tomar medidas, pero irá "poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación". La guerra en Irán, que ya ha escalado en la región, ha generado una "elevada incertidumbre" y "está suponiendo ya efectos tangibles" sobre la economía española, admitió a su llegada la reunión del Eurogrupo.

¿En qué se nota especialmente? En el alza de los precios de la energía. Cuerpo apuntó que, desde el arranque del conflicto, hace 10 días, el precio del crudo se ha incrementado en un 40% y el del gas, alrededor de un 90% en los mercados globales, mientras que en España la gasolina se ha encarecido 15 céntimos por litro y el gasoil, 28 céntimos. "Es decir, ya estamos notando un inicio del efecto de esta guerra en nuestros bolsillos, en la economía española, más allá de los mercados de materias primas energéticas —precisó—. A partir de aquí, como ha señalado el presidente del Gobierno, lo que va a hacer el Gobierno español es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores, como ya hicimos en el caso de la guerra de Ucrania". El ministro asumió que la subida de los carburantes tiene efectos "especialmente importantes" para los sectores del transporte, de la agricultura y de la pesca —sectores potencialmente beneficiados de la acción del Ejecutivo—, pero también podría acabar repercutiendo en un alza de la cesta de la compra y, con ello, un traslado "significativo" a la tasa de inflación de marzo.

Cuerpo reconoce que en estos apenas 10 días de guerra ya hay impacto en los bolsillos de los ciudadanos, como en la subida de la gasolina y el gasoil. Pero el Gobierno "protegerá a los ciudadanos", como hizo en anteriores crisis

Fuentes de la Moncloa ratificaron que no está previsto que este martes se tomen las primeras medidas vía real decreto ley. "No se trata de resistir o no, se trata de gestionar. Las cosas no se improvisan", reiteran. Así, habrá que esperar algo más. En el Ejecutivo opera también su precariedad parlamentaria. Hace menos de dos semanas, Junts, PP y Vox tumbaron por segunda vez el escudo social, que incluía la prórroga de las medidas para los colectivos vulnerables y una moratoria antidesahucios, entre otras medidas.

Un escudo social pendiente que ya se ha quedado "pequeño"

Este lunes, la presión sobre el Gobierno aumentó desde Sumar y Podemos, pero también desde el PP. La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, apretó a los socialistas para que actúen ya, porque el escudo social que todavía no ha conseguido la convalidación del Congreso "se ha quedado pequeño". "El Ministerio de Trabajo [el que dirige Yolanda Díaz] lo hizo la semana pasada, ya hizo sus deberes, y ahora lo que necesitamos es que esa misma velocidad, ese mismo ritmo, sea asumido por el conjunto del Gobierno, especialmente en materias como energía y vivienda", señaló. La propuesta del socio minoritario es ampliar la batería de medidas pendiente o bien dar vida a un nuevo paquete. Lo importante, insistió Hernández, "no es tanto el cómo, sino el qué", que el nuevo decreto ley incluya iniciativas para "paliar los efectos de la guerra provocada por el señor Trump y por [Benjamin] Netanyahu".

Sumar pide que se lancen ya medidas, sobre todo en materia de energía y vivienda: vuelta a la 'excepción ibérica', impuesto a las energéticas, bonificaciones o refuerzo del transporte público

Entre las medidas planteadas por Sumar, figuran la vuelta de la excepción ibérica para topar el precio de la luz, la recuperación del impuesto a las energéticas —que no se llegó a retomar por la oposición de Junts y PNV—, la ampliación del bono social eléctrico (ahora decaído), la bonificación de los sectores profesionales del gasóleo (transportistas, taxistas, agricultores y pescadores), con la posibilidad de implantar fórmulas de compensación para los consumidores particulares si el precio del combustible toca los dos euros por litro. El socio minoritario de la coalición también pide bonificaciones a las industrias electrointensivas y gasintensivas o reforzar las medidas de transporte público y mantener la prórroga de los contratos de alquiler.

Podemos fue más allá: su secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, contó las medidas que plantea el partido. Además de la recuperación de la excepción ibérica, pide contener la subida del precio de la gasolina, un cheque energético de 300 euros para las familias con ingresos inferiores al SMI, congelar las tarifas de la luz y del gas con un incremento máximo permitido del 5%, la nacionalización de Repsol, crear un supermercado público o la reducción del 40% del precio del alquiler.

El PP, por su parte, plantea bajar al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores, duplicar la deducción por hijo a cargo o suprimir el impuesto de la generación eléctrica

El PP, por su parte, eligió también su propio pack de medidas: bajar al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores, duplicar la deducción por hijo a cargo en el IRPF o suprimir el impuesto de la generación eléctrica. "No es tiempo de eslóganes", sino de propuestas, repiten en la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Desde Córdoba, respondió la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. María Jesús Montero recordó que ya la semana pasada, desde su primera declaración institucional en respuesta a Trump, Sánchez advirtió de que se pondran en marcha todas las medidas necesarias, un mensaje que repitió dos días después en Huelva, en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada en Portugal. Pero la duración de la guerra es un elemento "fundamental" para evaluar cómo puede impactar el incremento de los precios de las materias primas energéticas en las economías domésticas y en las empresas, y también cómo puede afectar en la inflación. "El PP no nos va a sorprender: lo que plantea es la bajada fiscal —desechó—. No tiene ninguna idea innovadora, ninguna idea que nos permita ver que tienen imaginación más allá de lo que ya el Gobierno hizo en otras ocasiones [...]. Y luego plantean algo en relación con el IRPF, y yo me pregunto: ¿cómo un partido que hace una semana tumbó el escudo social [...] y votó en contra de que no se prohibieran los cortes de suministro de agua o de luz a la población vulnerable, ahora plantea algo en relación con el IRPF? Esto es mucho más serio".

Encajar a Junts

Montero incidió en que el Ejecutivo monitoriza la situación y los ciudadanos "saben cómo actua ya" el Gobierno, que "da garantía siempre" de que tomará medidas "si la situación se complica" y los precios suben. Medidas que tiene "estudiadas y bastante vistas".

Montero reprocha al PP que sugiera medidas que ya el Gobierno acometió y que vuelva a la bajada fiscal. Los ciudadanos saben que el Gobierno actúa, dice, y tiene medidas "estudiadas y bastante vistas"

Cuando la Moncloa apruebe, si llega el caso, un nuevo plan de choque, tendrá que atraerse a Junts, que de entrada acusó este lunes a Sánchez de usar la guerra en Oriente Medio con "fines electoralistas y partidistas", por lo que su postura refleja "una falta preocupante de responsabilidad institucional". "El presidente del Gobierno ha optado por envolverse en dos banderas, con una posición claramente electoralista: la del No a la guerra y la española", aseguró el vicepresidente de los posconvergentes, Josep Rius, en la sede del partido en Barcelona. Mientras, en Madrid presentó una proposición no de ley con un espíritu, en ciertos puntos, semejante al del PP, al plantear rebajas fiscales, reducción de los impuestos a la energía o la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, además de ajustar el SMI y la revalorización de los pensiones al coste de la vida real de cada comunidad autónoma o que el Estado asuma el pago del alquiler de las familias con menos recursos que resultan desahuciadas.

El Gobierno pide tiempo. Ver cómo evoluciona el contexto. Pero también sabe que tiene que mirar mucho al Congreso. Porque, al final, lo que salga desde el Consejo de Ministros debe recibir la convalidación de la Cámara baja. Y lo que tiene enfrente no es un hemiciclo de mayoría progresista como sucedía en 2022, cuando estalló la guerra de Ucrania y pudo, por ejemplo, impulsar un impuesto a las eléctricas. Con lo que tiene que bregar es con un pleno muy fragmentado y en el que tiene que hacer gestos a izquierda y derecha.