España

Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. | Nacho Frade/EFE

El magistrado José Luis Calama llevaba años especializado en cibercrimen, fraudes tecnológicos y grandes investigaciones económicas antes de convertirse en el juez que ha dado un paso inédito en la historia democrática de España: citar como investigado a un expresidente del Gobierno. La decisión de imputar a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del 'caso Plus Ultra' ha colocado definitivamente a este togado de la Audiencia Nacional en el centro del foco mediático.

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Calama asumió la investigación el pasado febrero, después de que la causa abierta inicialmente en un juzgado de Madrid fuese remitida a la Audiencia Nacional por la posible trascendencia económica e internacional de los hechos. Desde entonces, el procedimiento ha permanecido bajo secreto de sumario, prorrogado en dos ocasiones, hasta que este lunes el magistrado ordenó levantar las actuaciones y autorizó una batería de diligencias que incluyó el registro de la oficina de Zapatero y de otras tres mercantiles vinculadas a la investigación.

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Las pesquisas se centran en los vínculos económicos entre el entorno del expresidente socialista y varias sociedades relacionadas con el rescate de Plus Ultra por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). En concreto, los investigadores sospechan que parte de los fondos movilizados tras la ayuda pública concedida a la aerolínea pudieron terminar canalizados a través de empresas próximas a Zapatero mediante contratos de consultoría y operaciones mercantiles bajo sospecha.

Antes de asumir este procedimiento, Calama ya había adquirido notoriedad dentro de la Audiencia Nacional por dirigir algunas de las investigaciones más delicadas de los últimos años. Entre ellas destaca la causa sobre el espionaje con el software Pegasus a miembros del Gobierno, incluido el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y varios ministros. También pilotó la instrucción del 'caso Alcasec', relacionado con el ciberataque al Punto Neutro Judicial que comprometió datos reservados de cientos de miles de contribuyentes.

Otro de los procedimientos relevantes que han pasado por su juzgado fue el fraude masivo atribuido a Arbistar, una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas que dejó miles de afectados y pérdidas millonarias. Más recientemente, impulsó las diligencias sobre la financiación de Se Acabó La Fiesta y el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez Fernández por la presunta entrega de dinero en efectivo procedente del empresario Álvaro Romillo.

Con más de tres décadas de trayectoria judicial, José Luis Calama se había labrado hasta ahora un perfil discreto y eminentemente técnico. Sin embargo, la imputación de Zapatero —la primera de un expresidente del Gobierno en democracia por una causa de corrupción— lo sitúa desde este lunes al frente de una de las investigaciones judiciales más sensibles y explosivas de los últimos años en España.

En el núcleo de la causa aparece el empresario Julio Martínez Martínez, administrador único de la sociedad Análisis Relevante y persona de máxima confianza del exdirigente socialista. Los informes policiales incorporados al sumario apuntan a que esta compañía transfirió entre 2020 y 2025 alrededor de 661.000 euros a Zapatero y a sociedades vinculadas a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Durante ese mismo periodo, según las pesquisas, Análisis Relevante habría recibido importantes ingresos procedentes de Plus Ultra y de la constructora Aldesa.

El expresidente reconoció públicamente esos pagos durante su comparecencia el pasado marzo en la comisión de investigación del Senado sobre el denominado 'caso Koldo', aunque defendió la legalidad de todas las operaciones. Según explicó entonces, prestó servicios de consultoría externa como trabajador autónomo y siempre mediante facturación regular, negando haber utilizado sociedades instrumentales o participar en actuaciones irregulares.

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