El juez Calama destapa la conexión china en la trama de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha situado por primera vez el foco de la investigación del caso Plus Ultra sobre una presunta estructura internacional de influencia y cobro de comisiones vinculada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En un auto de 85 páginas, el magistrado describe una organización “estable y jerarquizada” dedicada presuntamente al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales, en la que aparece una conexión societaria con Dubái y movimientos financieros internacionales destinados, según el instructor, a ocultar el destino real de los fondos. La resolución acuerda citar a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio y autoriza el registro de su oficina y de varias mercantiles relacionadas con la trama entre ellas la empresa de sus hijas, según ha podido saber El Independiente.

El elemento más relevante del auto es la dimensión internacional de la estructura investigada. Calama sostiene que, siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, se impulsó la creación de una sociedad en Dubái —Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco— participada íntegramente por Idella Consulenza Strategica. Según el magistrado, la constitución de esta mercantil coincide temporalmente con el contrato firmado para cobrar el 1% del rescate público concedido a Plus Ultra, unos 530.000 euros. El juez considera que esa operativa apunta a una estrategia diseñada para “canalizar fondos en el extranjero” y dificultar su trazabilidad en España mediante estructuras opacas y sociedades instrumentales.

Zapatero y China

La investigación también conecta esa red financiera con empresarios y sociedades de origen chino asentadas en España. El auto menciona transferencias y pagos procedentes de distintas firmas privadas que habrían terminado, presuntamente, en el entorno societario de Zapatero y de la empresa Whathefav SL, administrada por sus hijas. El instructor considera acreditado de forma indiciaria que la trama utilizó contratos de consultoría y asesoría “elaborados ad hoc” para justificar movimientos económicos y ocultar el origen de los fondos. En ese esquema, Julio Martínez Martínez actuaría como gestor del entramado empresarial y receptor de instrucciones directas del expresidente, mientras que la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, habría coordinado la operativa diaria.

El auto de Calama pone el foco sobre una de las piezas empresariales que orbitaban alrededor del entorno de Zapatero, la empresa Gate Center, el lobby prochino impulsado por el expresidente en Madrid y gestionado por la consultora Thinking Heads, vinculada al empresario Daniel Romero-Abreu. Según recoge la investigación, sociedades del grupo Thinking Heads habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y otros 12.297 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas. Gate Center se presenta oficialmente como un “centro de reflexión y análisis” dedicado a estrechar relaciones entre España y China.

"Miguelito Duch"

La conexión china de la trama aparece además ligada a empresarios como Fangyong Du, conocido en círculos socialistas como “Miguelito Duch”, señalado por distintas investigaciones como uno de los hombres clave en la red de contactos asiáticos del expresidente. Algunas de sus sociedades compartieron incluso sede con Gate Center en el edificio de la calle Velázquez de Madrid donde Zapatero instaló el lobby. Du liquidó varias de sus empresas apenas horas antes de la operación policial contra Plus Ultra, un movimiento que despertó el interés de los investigadores.

El juez no menciona directamente a Fangyong Du en el auto, pero sí describe una estructura internacional basada en sociedades instrumentales, triangulación de pagos y vehículos empresariales creados para desplazar fondos y dificultar su rastreo, un esquema en el que la red de contactos chinos del entorno de Zapatero vuelve a aparecer en el centro de las sospechas.

El rescate de la SEPI

Calama sostiene además que la red no solo trabajó para lograr el rescate público de Plus Ultra a través de la SEPI, sino que desplegó una segunda vía de influencia internacional relacionada con Venezuela. Según el auto, varios investigados realizaron gestiones ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano para garantizar autorizaciones de vuelo a la aerolínea. El magistrado entiende que ambas operaciones —la española y la venezolana— forman parte de un mismo plan coordinado para poner “la capacidad de influencia” de la organización al servicio de intereses empresariales concretos a cambio de contraprestaciones económicas.

El juez considera que todos estos elementos encajan, al menos en esta fase inicial de la investigación, en delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Aun así, rechazó el registro del domicilio particular de Zapatero al entender que no existían indicios suficientes para justificar una medida de tal intensidad. Sí autorizó, en cambio, el registro de la oficina desde la que el expresidente desarrolla su actividad profesional. En su resolución, Calama advierte de que la “amplia difusión mediática” del caso reduce la probabilidad de encontrar pruebas relevantes en el domicilio privado del exjefe del Ejecutivo y defiende que existen “vías menos intrusivas” para continuar la investigación sobre la presunta trama internacional que habría operado alrededor del rescate de Plus Ultra.