Seguridad Social fomenta retrasar la jubilación pero se niega a eliminar los recortes a quienes cotizaron más de 40 años

El Ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma de la jubilación flexible, que entrará en vigor este 28 de agosto. De esta forma, los jubilados que quieran volver a trabajar podrán compatibilizar salario y pensión y, además, obtendrán una bonificación económica adicional en el importe de su pensión, de entre un 15% y 25%.

Según recoge el BOE, esta reforma pretende "fomentar la permanencia de las personas trabajadoras en activo a través de la adaptación y mejora de los incentivos sociales, fiscales y laborales existentes, profundizando en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, siempre que dicha prolongación no esté motivada por una pensión insuficiente". Así, la reforma refuerza la estrategia del Gobierno de premiar económicamente a quienes prolongan su vida laboral. No obstante, esta apuesta convive con otra cara menos favorable: la negativa de la Seguridad Social de eliminar las penalizaciones económicas de los trabajadores que deciden adelantar su jubilación, incluso aunque tengan cotizados más de 40 años.

Penalizaciones de hasta el 30% en la cuantía final de la pensión

La reforma de las pensiones de 2023, implementada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo en el sistema los coeficientes reductores a fin de desincentivar las jubilaciones anticipadas. Estos coeficientes son penalizaciones económicas en la cuantía de la pensión final de hasta un 30%, cuyo objetivo es evitar la salida del mercado laboral antes de la edad legal ordinaria y así reducir el coste al que tendría que hacer frente la Seguridad Social con el pago de las pensiones de la jubilación masiva de la generación de baby boom.

Una generación que ya ha empezado a jubilarse. De hecho, en 2025 se alcanzó un nuevo récord de personas que habían salido del mercado laboral, con 375.324 nuevos jubilados y, de ellos, el 19% lo hizo de forma anticipada. En concreto, 104.655 personas; un volumen todavía elevado que explica por qué el Gobierno rechaza eliminar las penalizaciones económicas aplicadas, incluso a quienes acumulan largas carreras laborales.

Según una respuesta parlamentaria remitida por el Ejecutivo al BNG (Bloque Nacionalista Galego) y recogida por Europa Press, el Gobierno detalla que poner fin a los coeficientes reductores supondría un coste adicional de 3.358 millones de euros anuales para la Seguridad Social: 1.345 millones corresponderían a las jubilaciones anticipadas voluntarias y otros 2.013 millones a las involuntarias, es decir, aquellas derivadas de despidos colectivos, cierres empresariales, causas de fuerza mayor o situaciones de violencia de género, entre otros supuestos contemplados por la ley.

Es decir, el problema de fondo es que la Seguridad Social atraviesa una situación financiera cada vez más complicada y el Gobierno no quiere asumir un incremento permanente del gasto de más de 3.300 millones de euros eliminando estas penalizaciones, incluso pese a la presión política de partidos como Podemos o el BNG, que han reclamado en varias ocasiones reformar los coeficientes reductores, al menos para los trabajadores que hayan cotizado durante más de 40 años.

Déficit de más de 6.000 millones

Sin embargo, las cuentas son las que son. Pese al récord de ingresos por cotizaciones sociales, la Seguridad Social sigue siendo incapaz de financiar por sí sola el creciente gasto en pensiones. El sistema cerró 2025 con un déficit de 6.381 millones de euros pese a haber recibido transferencias récord del Estado por valor de 47.815 millones, casi 5.000 millones más que el año anterior. Pese a ello, la Seguridad Social registró unos gastos de 234.995 millones frente a unos ingresos de 228.614 millones, una diferencia que continúa financiándose mediante el incremento de la deuda pública.

Además, el Gobierno también defiende que quienes se jubilan anticipadamente con más de 42 años cotizados perciben pensiones relativamente elevadas. Según los datos remitidos por el Ejecutivo, los jubilados que anticiparon voluntariamente soportan un coeficiente reductor medio del 11,36% y cobran una pensión media de 2.002,58 euros mensuales, tras haberse retirado con una edad media de 63 años y dos meses. Por su parte, quienes accedieron a una jubilación anticipada involuntaria afrontan una reducción media del 18,9%, perciben de media 2.100,42 euros mensuales y se jubilaron con 61 años y diez meses.

No obstante, estas cifras corresponden a medias estadísticas y no a medianas, una diferencia relevante desde el punto de vista económico. La media puede verse elevada por las pensiones más altas y no refleja necesariamente cuál es la prestación más habitual entre los trabajadores afectados por estos coeficientes reductores, como sí sucede con la mediana, un dato que el Ministerio que dirige Elma Saiz no ha remitido en su respuesta.