Sánchez anuncia que el Gobierno inicia esta semana la tramitación de los Presupuestos de 2027

Oficialmente, y como estaba más que claro hace meses, los Presupuestos Generales del Estado para 2026 quedan ya aparcados. Ahora, el Gobierno se concentrará en intentar sacar adelante los de 2027, que serían los primeros de esta legislatura que todavía sobrevive con los aprobados en la pasada legislatura. Así lo anunció este miércoles el presidente, Pedro Sánchez, en la clausura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia, en Barcelona. Será esta semana, dijo, cuando se publicará en el Boletín Oficial del Estado la orden de Hacienda para poner en marcha la maquinaria de elaboración de las cuentas del próximo año, el primer e imprescindible paso. Al Congreso llegarían en el segundo semestre para que allí pudieran se tramitados.

Sánchez buscaba este miércoles, de algún modo, romper la agenda de este miércoles, tras dos semanas y media absolutamente negras por la debacle electoral en Andalucía, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada en Ferraz ordenada por el juez Santiago Pedraz por el caso Leire Díez. Justo cuando empezaban a sucederse los titulares en los medios con el sumario de esta última causa, al presidente le tocaba intervenir como último ponente de las 41ª jornadas del Cercle, en las que ayer intervino el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tras insistir de nuevo en que al Gobierno le queda "muchísimo por hacer" y tras reivindicar la "estabilidad y los acuerdos" alcanzados en estos ocho años de mandato, el presidente lanzó su anuncio: el Gobierno inicia ya los trámites para presentar los Presupuestos de 2027, toda una declaración de continuidad de la legislatura.

Esta semana, anticipó, el BOE publicará por tanto la orden del Ministerio de Hacienda que enciende ese despliegue. A lo largo del mes, dijo, se actualizará el cuadro macro, con el objetivo de aprobar unas nuevas cuentas con las fuerzas parlamentarias. No dio más fechas, pero lo previsible es que los objetivos de déficit y deuda lleguen al Congreso en julio —si son tumbados una primera vez, el Consejo de Ministros debe aprobarlos de nuevo y remitirlos a las Cámaras—. El proyecto de ley, según la Constitución, debería ingresar en el Parlamento antes del 30 de septiembre, pero en la pasada legislatura, cuando el Gobierno sí pudo sacar adelante tres PGE consecutivos (los de 2021, 2022 y 2023), llegaban al Congreso avanzado octubre.

En realidad, el Ejecutivo puede jugar con esa fecha, y es capital porque puede embocar, ahora sí, el final de legislatura. En este mandato, Sánchez no ha llevado al Congreso ni un solo proyecto de PGE. Canceló la tramitación de los de 2024 por la convocatoria de las elecciones catalanas de mayo; para los de 2025, dejó simplemente correr los meses. Y los de 2026 se comprometió firmemente a presentarlos, esta vez sí, pero fue demorando y demorando su propia promesa hasta que la aparcó una vez estalló la guerra de Irán, con la excusa de que la inestabilidad introducida por el conflicto aconsejaba primero centrarse en las medidas que mitigaran su impacto para luego ya ponerse con las cuentas. En realidad, lo que siempre ocurrió fue la falta de acuerdo con los grupos y, en especial, el altísimo precio impuesto por Junts y su dificultad de encaje con las demandas de Podemos. María Jesús Montero dejó su cargo a finales de marzo de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda sin haber presentado unas cuentas para partir hacia la carrera electoral andaluza.

Ahora, será su sucesor, Arcadi España, quien lo haga. En esta ocasión, el presidente sí tiene incentivos reales para llevar a la Cámara baja unos nuevos PGE, porque aunque no logren ser aprobados —la opción hoy por hoy más probable—, le pueden valer como carta de presentación de cara a las siguientes generales en las que competirá como candidato socialista. Elecciones que, según él mismo ha reiterado, no piensa adelantar.

De hecho, Sánchez, al enunciar las principales características del futuro proyecto de ley, incidió en que serán unos PGE "sociales", con el objetivo de "redistribuir la riqueza, reforzando el Estado del bienestar", para que los servicios públicos lleguen hasta donde no llegaban. Además, en esas nuevas cuentas, la vivienda —principal inquietud ciudadana, según los últimos barómetros del CIS, y más aún para el electorado progresista— tendrá "un peso prioritario", con "el mayor despliegue de recursos públicos" que "jamás" se haya conocido en la historia democrática de España.

Tercer elemento de esos Presupuestos de 2027: seguirán la línea de la "responsabilidad fiscal". Así, se continuará reduciendo el déficit público y se prevé acabar la legislatura con una deuda pública por debajo del 100% del PIB. Cuarto principio: búsqueda de una "integración y coordinación cada vez más estrecha con la UE y unos vínculos más fuertes y diversificados con el exterior". A juicio del presidente, Europa debe "refozar su soberanía en energía, en tecnología y en defensa".

El quinto pilar de los PGE de 2027 es que estarán destinados a "resolver también el problema de la financiación autonómica, culminando el camino" que el Gobierno viene "recorriendo desde hace ya unos años". En definitiva, unos Presupuestos "más ambiciosos, aún más sociales y aún más responsables desde el punto de vista fiscal", resumió.

No precisó Sánchez cómo logrará solucionar el último asunto, el del reparto de recursos a las CCAA. El Ejecutivo, eso sí, mantiene su idea de enviar en las próximas semanas al Congreso el nuevo modelo de financiación autonómica que Montero pactó con ERC y que cuenta con el rechazo, por el momento, de todas las CCAA salvo Cataluña, incluso aquellas gobernadas por el PSOE. El ministro España, igual que su antecesora, desea que el nuevo sistema entre en vigor en 2027, pero todo dependerá del apoyo de los socios. Especialmente de Junts, clave de bóveda de esta legislatura, y que hasta ahora ha manifestado su oposición por entender que la propuesta es insuficiente y no da paso al concierto catalán.

Por eso Sánchez invitó a los posconvergentes a negociar de forma "constructiva" ese nuevo modelo de financiación. El presidente dijo comprender que haya "partidos que digan que esto no es suficiente para su territorio", aunque él cree que el modelo pactado con ERC es "una propuesta buena para el conjunto del Estado, de los territorios y también para Cataluña". Como recordó, el nuevo sistema, de salir adelante, cedería 21.000 millones de euros del Estado a las CCAA, a lo que se suma la quita de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que haría que la Administración asumiera unos 83.000 millones de euros de su pasivo. Iniciativa esta última que Montero sí llegó a llevar al Congreso pero que continúa atascada por falta de apoyos parlamentarios.

El jefe del Ejecutivo lanzó varios guiños a sus socios durante su intervención. En particular, hacia ERC y, sobre todo, Junts, con quien la relación está rota desde el pasado octubre. Un gesto nada casual ahora mismo, dado que Feijóo querría que los independentistas catalanes y el PNV respaldaran una moción de censura liderada por él.

Así, Sánchez aseguró que espera la "aplicación total y efectiva" de la ley de amnistía en esta legislatura —es decir, que Carles Puigdemont vuelva a España antes de la convocatoria electoral—, y para ello será clave que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dé la razón al Legislativo español. Después de ello, quedará "abordar las raíces de este conflicto territorial", cumpliendo con lo pactado con los posconvergentes en Bruselas y también con ERC. Y para seguir ese camino cuenta con la "ayuda infatigable" y el "sabio consejo" del president catalán, Salvador Illa, presente este miércoles en la clausura de las jornadas del Cercle. El presidente reivindicaba así la "rotunda apuesta" del Gobierno "por la agenda del reencuentro", cuyo "hito más significativo" ha sido precisamente la amnistía y, antes, los indultos a los líderes del procés.

Si Cataluña y el conjunto de España viven "hoy uno de sus mejores momentos" es, a su juicio, porque se han abordado los "problemas enquistados" y los "retos" de la sociedad catalana y española. Y ese "entendimiento entre diferentes" cree que está "sentando bien al conjunto del Estado", y ahí "están las cifras, los logros alcanzados": España es "líder en crecimiento y creación de empleo", al tiempo que protege "derechos y libertades frente al avance de la ultraderecha" y que es una "referencia" mundial en legalidad internacional y defensa del europeísmo.

De este modo, para Sánchez, los acuerdos con las fuerzas "progresistas" y "nacionalistas y/o independentistas" han generado "estabilidad" en España. Su propósito es "continuar con esta tarea en los próximos años". Hasta 2027 y, como viene enfatizando, más allá de las siguientes elecciones.

El presidente mostró como prueba de la bondad de su apuesta de entente con los independentistas la oferta de Feijóo a Junts para una moción de censura: "Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía". Cree que esa es una muy buena noticia y la prueba de que la normalidad que pretendían la amnistía y los indultos puede facilitar el reencuentro de la derecha española y catalana. "No sé si lo ha hecho premeditada o equivocadamente el señor Feijóo, pero nos ha dado la razón, y eso es una cosa seria. Cuando se dice que hay que hablar de cosas serias, eso es serio porque es un cambio", subrayó, en referencia a la contestación que el jefe de los populares dio ayer a los periodistas cuando le preguntaron si estaba dispuesto a viajar hasta Waterloo para verse con Puigdemont, condición que los ponconvergentes le pusieron ayer para escuchar su posición sobre una moción de censura.

Sánchez no hizo referencia alguna a las causas judiciales que acechan a los socialistas. Quien sí lo hizo, justo antes que él, fue su introductora, la presidenta del Cercle, Teresa García-Milà. Ella misma arrancó su intervención subrayando la "preocupación" de su entidad por las "presuntas irregularidades conocidas en las últimas semanas". "España necesita seguir reforzando sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en lo que concierne a la actividad del sector público y su relación con los intereses privados", sostuvo.

Es más, añadió, "la confianza en las instituciones es uno de los activos más importantes de cualquier democracia. Cuesta años construirla y se deteriora rápidamente. Lo que esperamos del debate político no es solo la denuncia de los problemas, sino también la capacidad de construir consensos sobre las soluciones que mejor puedan fortalecer nuestras instituciones", defendió.

Ahí fue donde García-Milà defendió la cooperación, la construcción de grandes "consensos" de PP y PSOE. Las dos grandes formaciones son "europeístas", creen que el proyecto europeo es "central", apuestan por los valores de la democracia liberal. Ese debería ser "el punto de encuentro" para levantar una "barrera" contra las "opciones extremas o autoritarias". "Si el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo son capaces de pactar" en la Eurocámara, "¿por qué PP y PSOE no podrían ser capaces de pactar en los grandes temas estratégicos de España?", se preguntó la jefa del Cercle.