El Ministerio de Política Territorial y Política Exterior y los sindicatos más representativos de la función pública han mantenido este miércoles una primera reunión para tratar la oferta de empleo público de 2019, que el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Aunque las partes esperan sobrepasar las 31.000 plazas, en lo que será una oferta histórica a las puertas de las elecciones del 28-A, una vez se sumen las correspondientes al proceso de estabilización y las de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil, lo cierto es que ha cundido la insatisfacción entre los sindicatos.
En esta primera reunión el departamento que dirige Meritxell Batet ha dado cuenta del número de efectivos de la Administración General del Estado (AGE) --descontados los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas-- que se jubilaron en 2018, algo más de 7.700 personas, que, sumando otro tipo de bajas, completan una reducción de efectivos de 9.652, a los que cabe contraponer 673 reincorporaciones.
Frente a estas cifras, el Gobierno ha ofrecido 8.495 plazas de nuevo ingreso (sujetas a esas tasas de reposición y que incluyen la oferta para hacer frente al Brexit), lo que supone unas 200 menos que en 2018. Una parte importante irán a atención al público (1.778), la Seguridad Social (1.692) y la Agencia Tributaria (1.000), después de que sean estos ámbitos los que mayor número de bajas hayan registrado el pasado año, con 1.913, 1.749 y 1.102, respectivamente, de acuerdo con los datos aportados por el Gobierno en la reunión a los que ha tenido acceso El Independiente.
De acuerdo con los criterios del Presupuesto de 2018, se prevé una tasa de reposición de efectivos del 115% para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, del 100% en servicios esenciales y un 75% para el resto, a sumar un 5% que se debe repartir a propuesta del Gobierno.
Esta reducción en los ingresos por tasa de reposición se compensa con un importante incremento de las plazas de promoción interna, que pasan de las casi 6.000 a las 6.613 y que se concentran sobre todo en los niveles C1 y C2 de la Administración. Finalmente, a esta oferta se suma la correspondiente al proceso de estabilización de plantillas, que solo queda por extender a los indefinidos no fijos. Se trata de 2.000 plazas más.
Lo que no ha concretado el Ejecutivo es cuántas plazas se aprobarán finalmente en el Consejo de Ministros del viernes para el Ejercito, Policía Nacional y Guardia Civil, que no se tienen por qué negociar.
Insatisfacción entre los sindicatos
De resultas, fuentes de CSI-F y de UGT han explicado que la reducción en la oferta de nuevas plazas implica que este año no habrá creación neta de empleo en la Administración General del Estado (AGE) para paliar la perdida de efectivos durante la crisis y el envejecimiento de las plantillas.
Con estas cifras en el aire, el Gobierno y los sindicatos volverán a reunirse mañana para tratar de fijar las cifras definitivas de la Oferta de Empleo Público para este año.
En la reunión, los sindicatos han aportado sus propuestas para tratar de influir en la decisión final del Gobierno. Así, UGT propone un plan plurianual de rejuvenecimiento de plantillas, dado que la edad media de los trabajadores públicos de la AGE supera actualmente los 50 años. Esta propuesta es del agrado del Gobierno, que sin embargo no ha tenido tiempo para desarrollarla en esta legislatura.
Por su parte, CSI-F ha centrado sus reivindicaciones en la necesidad de seguir ganando empleo neto en la AGE, dado que las plantillas actuales cuentan con 201.030 efectivos --datos de julio de 2018--, en mínimos desde 2002. Finalmente, CCOO demanda avanzar en la eliminación de las tasas de reposición para recuperar el empleo perdido durante la crisis y para poder rejuvenecer las plantillas, así como apostar por la promoción interna como parte del desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos.
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