Montero se garantiza el aforamiento por el Supremo ante el 'caso Sepi', pero el antecedente de Ábalos no le ayuda

La decisión de Ferraz de hacer de María Jesús Montero senadora andaluza por designación autonómica, tal y como adelantó El Independiente, le otorga el aforamiento del Tribunal Supremo en calidad de parlamentaria nacional. Un aforamiento que como diputada autonómica no llegaría más allá del TSJ de la Comunidad andaluza. De hecho, tras la decisión de Pedro Sánchez de enviarla a Andalucía para medirse contra el popular Juanma Moreno y cosechar el peor resultado electoral de la historia del PSOE-A, existía el compromiso de nombrarla senadora por designación autonómica para rescatarla posteriormente en las listas al Congreso de las próximas elecciones generales.

Pero además de permitirle tener un pie en Madrid que sumar a su condición de vicesecretaria general socialista, mantiene el aforamiento del Tribunal Supremo. Tema no menor, habida cuenta de que entre las muchas piezas abiertas por casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno y líder del PSOE, una de ellas investiga los criterios que manejó la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) -organismo bajo su competencia cuando estaba en el Ejecutivo- para rescatar empresas durante la pandemia.

'Caso SEPI' y 'caso Leire': dos tramas que se entrecruzan

Pero no solo. Personas de su estrechísina confianza como el expresidente del organismo estatal Vicente Fernández, a quien ella se trajo de Sevilla, está implicado también en la trama que afecta a la fontanera socialista, Leire Díez. Dos casos que se entrelazan en los tribunales y donde también surje el nombre del empresario Antxon Alonso, en su caso, vinculado con Santos Cerdán.

De momento los tribunales no han apuntado a Montero, pero ello no le ha eximido de comparecer, en el pleno del Senado y en la comisión de investigación de la SEPI, también en la Cámara Alta, para explicar las sospechas de corrupción en torno a la actuación de este holding empresarial público. Tanto en un caso como en otro negó cualquier tipo de conocimiento y responsabilidad política respecto a la actuación de un órgano de su competencia siendo ministra de Hacienda.

El PP no descarta en volver a llamarla a la comisión de investigación de la Sepi

“No hay ninguna investigación que ponga de manifiesto, al menos por ahora, que haya habido algún expediente tramitado fuera de la legalidad”, defendió el pasado 15 de enero en la Cámara Alta. Ya más tarde, en abril, llamada a comparecer por el PP en plena precampaña de las andaluzas del 17-M, defendió la legalidad del controvertido rescate de la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra así como de Air Europa. Todo ello sin descartar que vuelva a ser llamada a la comisión de investigación del Senado donde el PP hace y deshace gracias a su mayoría absoluta.

En el PP no albergan ninguna duda respecto a que el desembarco de Montero en el Senado, aún pendiente de que la Cámara andaluza proceda a la elección, responde "a su deseo de estar aforada por el Supremo. Quiere blindarse de alguna manera", aducen fuentes parlamentarias populares.

La dura condena a Ábalos hace dudar de depender sólo del Supremo

Sin embargo, ha aparecido un nubarrón en el horizonte. La durísima condena a 24 años de prisión para José Luis Ábalos y de 19 para Koldo García por la primera pieza del caso de las mascarillas ha caído como un jarro de agua fría en el PSOE y en el Gobierno. Es cierto que han puesto el acento en el hecho de que el "nexo corruptor", Víctor de Aldama, aunque condenado a cuatro años y medio de cárcel, no tiene que entrar en prisión, pero no esperaban un castigo tan duro para quien lo fue todo en Ferraz y en el Ejecutivo.

El Parlamento andaluz todavía no ha elegido a sus nueve senadores por designación autonómica. Cinco corresponden al PP, tres al PSOE-A y uno a Vox. Montero compartirá escaño con dos de sus antecesores en el partido andaluz, esto es, con Susana Díaz y con Juan Espadas, actual portavoz del grupo socialista en la Cámara Alta.