Entre las agendas intervenidas por la Guardia Civil a Leire Díez aparece un organigrama manuscrito que retrata cómo la exmilitante socialista concebía en 2021 la estructura de influencia en torno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El esquema está encabezado por el director de Participadas III del holding público, Miguel Ángel Figueroa, los "ojos" de la presunta trama en el organismo. Debajo aparece Leire como "directora de Gabinete". Y, a sus lados, el entonces presidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y el abogado Juan Antonio Carrillo, que está vinculado a las causas judiciales que salpicaban a Vicente Fernández, socio de Díez y expresidente de la SEPI.
El organigrama ahora incorporado al sumario permite reconstruir cómo la autora de las notas distribuía los roles dentro de ese supuesto espacio de influencia. Por un lado, la figura de Figueroa —'MAF' en las libretas de la supuesta 'fontanera'— no aparece de forma aislada en los documentos incluidos en el sumario del caso, al que ha tenido acceso El Independiente. Como director de Participadas III, 'MAF' se encarga de supervisar la actividad de empresas participadas por el Estado y forma parte del núcleo directivo de la SEPI.

"Él va a ser nuestros ojos"
Así, su nombre se repite en varias anotaciones de las libretas analizadas por los investigadores. En una de ellas, fechada el 3 de abril de 2021, Díez dejó una frase que la Guardia Civil considera especialmente relevante: "Él va a ser nuestros ojos en la SEPI".
Debajo de Figueroa, en una posición directamente conectada con él, aparece la propia Leire, que se identifica a sí misma en el dibujo como "Directora General". En paralelo se sitúan las iniciales "B. L.", en referencia, presumiblemente, al entonces vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, uno de los principales responsables del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia. Cabe señalar que Lora se encuentra actualmente investigado por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por el rescate de la compañía Air Europa en 2020.
Isofotón y Aznalcollar
Junto a ellos se incluye al abogado Juan Antonio Carrillo. En las anotaciones se le atribuye un papel vinculado al acceso a información y documentación de procedimientos sensibles. En concreto, Díez escribió: "Juan Antonio Carrillo. Acceso expedientes caso Isofotón y Aznalcóllar". La referencia enlaza directamente con uno de los procedimientos judiciales más relevantes para Vicente Fernández. El caso Aznalcóllar fue el que precipitó su salida de la presidencia de la SEPI en octubre de 2019, después de que la jueza Mercedes Alaya lo imputara por presuntas irregularidades en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina sevillana cuando ocupaba responsabilidades en la Junta de Andalucía.
"La verdad no es la prueba que más pesa"
Precisamente, las agendas muestran que la salida de Fernández del holding público fue interpretada en ese entorno como un punto de inflexión. En una anotación de otra de las libretas personales de la supuesta 'fontanera' —fechada a finales de 2019—, Díez plantea cómo mantener su influencia en la SEPI pese a la situación judicial de su socio: "Si decidimos sacrificar a Vicente estamos abriendo la veda para que hagan lo propio con otros; ya estamos viendo que la verdad no es la prueba que más pesa".
En la misma línea, se pregunta de forma explícita por su encaje dentro del esquema de poder: "¿Dónde puede estar Vicente para que siga tutelando la acción de SEPI si tenemos claro que es la persona que reúne las mejores condiciones para ello?".
Según la documentación incorporada a la causa, Leire Díez llegó a realizar gestiones para tratar de sostener la posición de Fernández en el entorno político. Entre ellas, contactos con el entonces dirigente socialista Santos Cerdán en relación con la querella derivada del 'caso Aznalcóllar'.
Energía, militar y agroalimentación
Además de los integrantes de su 'nueva' SEPI, Díez recogió en su esquema las tres líneas de acción que tenía planeadas para el grupo: "Energía, militar y agroalim. [agroalimentación]". A pesar de que no se desprenden las actuaciones concretas a realizar sobre estos apartados, sí que se señala que había una "logística" pensada para cada uno de estos ámbitos.

"Estrategia mediática"
Las anotaciones reflejan además que el interés por el funcionamiento interno de la SEPI y por los expedientes del fondo de solvencia convivía con una preocupación constante por la comunicación pública y el impacto mediático de las decisiones del organismo. En el organigrama y en las páginas anexas aparecen referencias a "estrategia mediática", "comunicación" y "generación de estado de opinión", en paralelo al seguimiento de operaciones concretas.
La investigación judicial en curso, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sitúa estas anotaciones dentro de una causa más amplia en la que la UCO atribuye a Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso la existencia de una estructura denominada Hirurok, presuntamente implicada en operaciones vinculadas a la SEPI y a empresas participadas por el Estado. Es en esta misma causa en la que se investiga también una supuesta trama para "desestabilizar" las causas judiciales que afectasen al entorno del Gobierno y del PSOE, influyendo en jueces, fiscales y policías.
En el marco de la rama sobre la SEPI, los investigadores tratan de determinar cómo se obtenía información interna sobre expedientes en tramitación, quiénes podían acceder a documentación sensible y si existieron canales informales de comunicación dentro del organismo en paralelo a los cauces oficiales.
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