Las solicitudes para la regularización extraordinaria de migrantes superan en más del doble las estimaciones del Gobierno

Un total de 1.174.000 personas han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria en España, una afluencia masiva que supera en más del doble las estimaciones del Gobierno, que inicialmente había proyectado el proceso para unas 500.000 solicitudes. Ante esta histórica demanda, más del 50 % de las peticiones —alrededor de medio millón de expedientes— ya han sido admitidas a trámite o procesadas, lo que otorga de inmediato a los solicitantes su primera autorización temporal para residir y trabajar legalmente en el país.

Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fueron adelantados por la Cadena SER y confirmados a agencias de noticias como EFE y Europa Press por fuentes cercanas al proceso. Para detallar y dar cuenta del desarrollo de esta medida extraordinaria, el Ministerio ha programado una comparecencia este jueves de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez.

Este proceso extraordinario, que finalmente aprobó el Gobierno en forma de real decreto, tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Dicha iniciativa ciudadana llegó al Congreso de los Diputados respaldada por más de 600.000 firmas. Sin embargo, la propuesta legislativa quedó encallada y bloqueada en la Cámara Baja ante la manifiesta falta de un acuerdo parlamentario entre las diferentes fuerzas políticas, lo que forzó la posterior intervención del Ejecutivo.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzó el pasado 16 de abril y concluyó definitivamente el pasado martes, 30 de junio, abarcando un periodo de algo más de dos meses. Durante este tiempo, los impulsores de la iniciativa, diversas entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos presionaron activamente para conseguir una ampliación del plazo. Estas organizaciones argumentaban que el tiempo concedido era insuficiente debido a las numerosas trabas burocráticas con las que se topaban los solicitantes en el día a día.

Para poder acogerse a esta regularización, las personas extranjeras debían cumplir estrictos requisitos temporales y legales. En concreto, la medida estaba dirigida a todos aquellos migrantes que se encontrasen viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y que acumulasen al menos cinco meses de residencia en el país. Asimismo, se contemplaba la inclusión de quienes hubiesen solicitado asilo antes de esa misma fecha límite, con la condición indispensable de no tener antecedentes penales.

La gran afluencia de peticiones demuestra el alcance de una medida que ahora entra en su fase definitiva de resolución. Con el plazo formalmente cerrado y la mitad de los expedientes ya encauzados, las oficinas de extranjería afrontan la gestión de un volumen de solicitantes que duplica lo esperado, marcando un hito en la gestión migratoria reciente y abriendo una nueva etapa de integración laboral y residencial para cientos de miles de personas en España.