La directora de la Agencia Tributaria "no quería pasar a la historia como la que aceptó ceder competencias a Cataluña"

Técnicos e inspectores de Hacienda muestran su sorpresa tras la salida anunciada de la directora general de la Agencia Tributaria Soledad Fernández, para la que el Gobierno aún no ha nombrado sucesor. "Creemos que no quiere pasar a la historia como la directora que aceptó ceder competencias a la Agencia Tributaria catalana, con todo lo que ello implica", dice José María Peláez, portavoz de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado en conversación con El Independiente.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) también se declaran sorprendidos por el cambio en la cúpula, que se acompaña de la petición de otros dos altos cargos de dejar sus puestos.

Ante el revuelo generado por la confirmación que hizo este miércoles Hacienda, los técnicos consideran que la Agencia Tributaria ha adelantado los resultados del control tributario para "tapar su crisis interna". Lo habitual en los últimos años es que esos resultados se trasladen a finales de agosto. Según los datos difundidos este jueves, la Agencia Tributaria ingresó 22.743 millones de euros derivados de las actuaciones de prevención y control del fraude tributario en 2025, un 20,2 % más que el año anterior.

Ahora mismo, la sensación que reina es de incertidumbre y sorpresa. La versión oficial es que es un relevo pactado entre el departamento que dirige desde hace unos meses Arcadi España y la directora de la AEAT, que llevaba cuatro años al frente del organismo. Pero a los inspectores no les convencen los argumentos dados por Hacienda. "No resultan creíbles las razones oficiales para el cambio en la Agencia", añade Peláez. En su opinión, podría estar detrás "la posible imposición de competencias a la Generalitat que supone una fraccionamiento de la Agencia Estatal".

En este sentido, fuentes internas consideran que "los relevos normales se producen con ceses y no con dimisiones adelantadas". A lo largo de su mandato, con María Jesús Montero aún como ministra, la directora general de la AEAT ha tenido que asistir a la planificación de la reforma del modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

De hecho, los acuerdos para investir como presidente del Govern al socialista Salvador Illa contemplan la cesión de la gestión tributaria, comenzando por el impuesto sobre la renta (IRPF). En la negociación de los Presupuestos catalanes, los socialistas pactaron con los republicanos inyectar 527 millones en la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Y, sin ir más lejos, el pasado miércoles se llevó a cabo una reunión bilateral entre la consejera de Economía de la Generalitat, Alicia Romero y el secretario de Estado del ramo, Jesús Gascón.

La asociación de Inspectores mostró este jueves su "preocupación" ante la "extraña situación" que se produce al no haber aún un sucesor designado. "La ausencia de información oficial contribuye a una incertidumbre institucional que no debería producirse en un organismo de esta naturaleza", reprocha la asociación.

Los técnicos creen que los cambios en la dirección de la AEAT "pueden provocar retrasos a la hora de abordar reformas pendientes" a nivel interno. Por ejemplo, a nivel de estructura y ordenación de los puestos de trabajo, la evaluación del desempeño. Y, precisamente, ese es uno de los quebraderos de cabeza que ha tenido Fernández durante su mandato.

Para muchos, esto supone un serio riesgo de fragmentación de la administración estatal que haría desparecer a la AEAT en la comunidad catalana. "Esto pudiera ser lo que está detrás", apostilla otra fuente sobre los motivos para la petición de salida de Fernández. Al borde de la jubilación, con casi 70 años, cree que si no hubiera renunciado a su puesto "se podría haber ido por todo lo alto". No en vano, había ocupado ya otros puestos como el de presidenta del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), el de directora del Departamento de Gestión Tributaria; directora de la Escuela de Hacienda Pública; y directora de la Delegación Especial de Madrid.

La sombra se cierne también sobre los otros altos cargos cuya salida está anunciada. Ambos habrían pedido el traslado a diferentes plazas en el extranjero que convoca la Administración y cuya resolución aún está pendiente. Son funcionarios con más de veinte años de trayectoria dentro del organismo, con amplio bagaje profesional y profundo conocimiento de las entrañas del sistema de recaudación tributaria.

Para Peláez "hay otro tipo de imposiciones no tan graves" como la cesión de competencias, pero que también han marcado el mandato de la todavía directora de la AEAT, un organismo creado en 1991 bajo el mandato de Josep Borrell con autonomía presupuestaria y de personal. Pero los cambios en el sistema de acceso de los funcionarios a los altos cuerpos de la Administración que impulsa el ministerio de Función Pública en manos de Óscar López tiene a los inspectores en alerta. Además, creen que sería bueno que sea el Parlamento quien nombre al director por un mandato de 5 años.

Todas las fuentes consultadas desvinculan el terremoto en la cúpula, eso sí, con el hecho de que la AEAT tenga que estar en el caso en el que se investiga al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Precisamente, la Abogacía del Estado se personó este jueves en representación de la AEAT en la pieza separada del caso Plus Ultra en la que se investigan las joyas encontradas por la Policía en una caja fuerte en la oficina del ex jefe del Ejecutivo y cuyo valor de tasación ronda los 1,3 millones de euros.

Lo ha hecho en respuesta al ofrecimiento que le hizo hace unos días el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El titular del juzgado el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando. La naturaleza de los hechos investigados, exponía el juez, "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT", lo que la legitima, a su juicio, para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".