El juez Moreno cita como investigada a Jessica Rodríguez en el 'caso Koldo' por su 'enchufe' en dos empresas públicas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigada en el 'caso Koldo' a Jessica Rodríguez —expareja del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos—, por su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. El magistrado atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia indicios de que Rodríguez pudo participar en la contratación "ilícita" por la que, según la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Ábalos el pasado 22 de junio, llegó a percibir un salario público sin desempeñar trabajo alguno.

En una providencia a la que ha tenido acceso este viernes El Independiente, el juez Moreno también ha acordado investigar al entonces director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar, y al hermano del exasesor de Ábalos, Joseba García Izaguirre. Los tres están citados a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 20 de julio a partir de las 10.00 horas.

La decisión llega apenas dos días después de que Anticorrupción remitiera un escrito al juzgado en el que sostiene que la sentencia del Supremo incorpora hechos y pruebas que apuntarían a la posible responsabilidad penal de de los tres nuevos investigados. A juicio del fiscal, existen "indicios de participación en la ilícita contratación" tanto de Jessica Rodríguez como de Ignacio Zaldívar y Joseba, por lo que considera necesario recibirles declaración como investigados para garantizar plenamente su derecho de defensa.

Respecto a Jessica Rodríguez, el Ministerio Público recuerda que el Supremo dio por acreditado en su sentencia del 'caso mascarillas' que fue la principal beneficiaria de ese sistema de contratación. En su escrito destaca que "no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron", sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas". Por ello, sostiene que sin su forma de actuar "no habría sido posible" la ejecución del plan investigado.

En cuanto a Ignacio Zaldívar, entonces director de Gestión Administrativa de ADIF, la Fiscalía sostiene que existen indicios de que intervino en la contratación de Rodríguez en Ineco. El escrito recoge que fue él quien dio las instrucciones para que la expareja de Ábalos se incorporara a la empresa pública. De hecho, declaró como testigo ante el Supremo durante el juicio del 'caso mascarillas', y aseguró que recibió llamadas de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, alertando de que estaban "molestando" a Jessica.

"Me llamó para decirme que el ministro la había llamado porque en Ineco la estaban molestando", afirmó a los magistrados de la Sala de lo Penal, tal y como informó entonces este periódico. Además, él mismo Zaldívar reconoció ante el Supremo que el "caso" de Jessica Rodríguez dentro de la compañía era "especial". 

En cuanto al hermano de Koldo García, Joseba, el Ministerio Público apunta que figuraba como responsable o supervisor de Jessica durante su etapa en INECO. La Fiscalía considera que su actuación debe ser investigada para determinar el grado de participación que pudo tener en un 'enchufe' que el Supremo ya calificó como parte del "plan criminal" diseñado por la trama.

La Fiscalía parte de la sentencia del Supremo

La petición de Anticorrupción parte directamente de los hechos declarados probados por el Alto Tribunal. En su sentencia, los magistrados concluyeron que Jessica Rodríguez fue contratada en Ineco y posteriormente en Tragsatec "con la finalidad de que percibiera un sueldo" y que no llegó a desempeñar "ninguna actividad laboral" efectiva. Durante su paso por Ineco, la expareja de Ábalos percibió 34.450 euros netos en concepto de salario.

"Jessica Rodríguez no llegó, con conocimiento y plena aceptación del acusado José Luis Ábalos, a desempeñar trabajo o función alguna durante el tiempo que permaneció empleada en Ineco (...) Recibió la cantidad neta de 34.450 euros de la empresa en concepto de salario", apunta el tribunal.

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo, después una veintena de sesiones en las que se reconstruyó la hoja de ruta del "concierto de voluntades" acordado entre Ábalos, Koldo y el comisionista Aldama para obtener beneficios económicos a cambio de favorecer a las empresas vinculadas al comisionista. En su alegato final, Ábalos se proclamó víctima de un "juicio paralelo" y negó todos los cargos.