El Gobierno celebra el espaldarazo del TJUE a la ley de amnistía y urge a aplicarla "lo antes posible" a los líderes del 'procés'

"Se ha puesto fin al debate", "éxito rotundo en términos de convivencia", ya "no hay duda", ahora solo queda que se aplique a los líderes independentistas, entre ellos el expresident Carles Puigdemont, "lo antes posible". El Gobierno celebra, y no podía ser de otra manera, el visto bueno final de la Justicia europea a la ley de amnistía, porque avala lo que "siempre" defendió, que era conforme a la Constitución y al derecho comunitario y porque abría la puerta de la "normalización" política en Cataluña después de años de confrontación máxima con el procés.

El Ejecutivo esperaba una doble sentencia positiva por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y lo vio confirmado este jueves, cuando los magistrados de Luxemburgo resolvieron que la ley de amnistía de 2024 ni "menoscaba" la directiva europea sobre terrorismo ni daña los intereses financieros de la Unión. Fue el camino marcado el pasado otoño por el informe del abogado general de la UE que, habitualmente, y así ha sucedido también esta vez, orienta las decisiones de la Sala.

Fue el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que puso voz. en una comparecencia institucional y sin preguntas desde la Moncloa, a la satisfacción del Gobierno con las dos sentencias hechas públicas, en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El tribunal, dijo, ha sido "muy claro, la ley es plenamente compatible con el derecho europeo y con los valores de la Unión". Recordó que este es el tercer gran espaldarazo a la norma, después del "informe favorable" de la Comisión de Venecia sobre el respeto a los derechos humanos, de la sentencia del Constitucional que la declaró ajustada a la Carta Magna.

"Queda acreditado que lo que el Gobierno dijo durante el debate de esta ley era así: entró impecable al Congreso y salió impecable de él. Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo, y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda". Pero lo más significativo para el Ejecutivo es que el TJUE reconoce que la amnistía es un "instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social", ya que "pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso independentista de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación".

Al Gobierno le interesaba hoy sobre todo remarcar esta vertiente política de la sentencia, y también en respuesta al PP, que decía esta misma mañana que este no era "el final del debate", sino "un paso más de un largo proceso judicial". Bolaños subrayó que este doble fallo "ha puesto fin a un debate, que en España muchas veces no fue jurídico, sino visceral", "alejado de la normalidad" que se vive en otros países que han aprobado sus respectivas leyes de amnistía para "cerrar conflictos políticos".

El Ejecutivo defiende que ya no hay más debate porque la normalización es un hecho, por el "éxito rotundo" que la ley, como antes los indultos, ha supuesto "en términos de convivencia" dentro de Cataluña y en el conjunto de España. Pedro Sánchez, incidió el ministro, "heredó una de las peores crisis que ha vivido la democracia española", porque "no solo se quebró la ley y la Constitución, sino acuerdos esenciales sobre las instituciones catalanas y su relación con las estatales. Igual que se rompió la "confianza" de empresas e inversores. Hoy, menos de 10 años después, reivindicó, la situación es radicalmente distinta: hay "acuerdos entre diferentes", una "normalidad institucional plena entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat", este presidido por el socialista Salvador Illa y apoyado por "partidos que piensan distinto sobre el futuro de Cataluña", pero que son capaces de "alcanzar acuerdos", y las empresas ahora "están regresando".

"Hoy Cataluña es sinónimo de estabilidad, de prosperidad, de acuerdos, como lo es España, y lo es, entre otras cosas, gracias a la ley de amnistía que hoy ha validado el tribunal europeo. Una ley que este Gobierno siempre defendió, un Gobierno que arriesgó para traer de vuelta la normalidad y la convivencia, y lo logró", remarcó. Pero Sánchez rechazaba la amnistía antes de las elecciones generales de julio de 2023 tal y como planteaban los independentistas, pero la aceptó porque era la llave que le permitía acceder a su investidura con los votos de Junts. "Hemos logrado un país más unido e instituciones y leyes más sólidas. Ha merecido la pena".

El titular de la Presidencia y Justicia reconoció que la ley no contó con el "apoyo unánime" de los grupos parlamentarios, que incluso parte de la sociedad la vio "con cierta suspicacia" e incluso que "la rechazó frontalmente". "Pero tengo la convicción de que, una vez vistos sus efectos, hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos. Por eso me atrevo humildemente a calificarla de logro colectivo. Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía y de la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado".

Ahora, el horizonte queda "ya despejado para la plena aplicación de la ley", apremió el ministro. La norma ya se ha desplegado "sobre casi 400 personas", desde "activistas y manifestantes" hasta agentes policiales. Pero el Gobierno considera que "solo se habrá cumplido plenamente" la ley, tal y como la aprobaron las Cortes, cuando "se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista". "Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible". Bolaños estaba apuntando, por tanto, a los siguientes pasos: el Constitucional resolverá sobre los recursos de amparo de Puigdemont y de Oriol Junqueras, jefes de Junts y ERC, en el otoño, y luego ya el Supremo tendrá que levantar las órdenes de detención que aún pesan sobre el primero. Ese mensaje de apremio de Bolaños también coincidió con el pronunciado apenas unos minutos antes por Illa en el Palau de la Generalitat: el president, como en ocasiones anteriores, reclamó la aplicación "diligente e integral" de la ley.

En definitiva, la amnistía es, para el Ejecutivo central, "la apuesta de un país para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella, de resolver sus diferencias, reconociendo la legitimidad de todas las posiciones y la necesidad de convivir y acordar las soluciones dentro de la ley y dentro de la Constitución". La política, reivindicó el ministro, está para "resolver los problemas políticos", y hoy "la Justicia europea avala ese capítulo y manda un mensaje de gran importancia en tiempos de polarización": "Ningún país está destinado a perpetuar sus conflictos hasta que una parte acaba con la contraria, sino que la democracia tiene herramientas necesarias para hacer posible la convivencia y la reconciliación". El Gobierno estará "siempre dispuesto" a buscar y recorrer "ese camino de acuerdos entre diferentes", y es la "política con mayúsculas" en la que cree y que despliega.

El Ejecutivo, casi tres años después de la investidura de Sánchez y dos después de la entrada en vigor de la amnistía, está convencido de que el esfuerzo, "pese a las muchas dificultades" y pese a "muchas cosas que en aquel momento" se escucharon y que "helaron la sangre" —lo decía por lo que afirmó la oposición—, "ha merecido la pena, merece la pena". "Hoy Cataluña y toda España son lugares mejores, más habitables, con un futuro de prosperidad y convivencia abierto de par en par. Hoy es un gran día", remató.