PP y Vox agudizan su 'guerra fría' en inmigración sin que trastoque su objetivo de llegar a La Moncloa

Los cuatro acuerdos de coalición autonómicos alcanzados por PP y Vox en la primera mitad de este año en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía consolidaron un proceso de normalización entre socios. Dejó claro que el poder dar una alternativa a Pedro Sánchez por la derecha dependerá del entendimiento de ambos socios regionales. Pero la etapa de no agresión directa entre partidos, más allá de declaraciones aisladas y puntuales, viene enfrentándose desde el mes de agosto y este arranque de septiembre a un escenario complicado: la crisis de Ceuta agudiza la competencia en inmigración entre PP y Vox.

Lo que era una bandera difícil de asumir en su integridad por el PP, que siempre ha optado por las distancias, los matices respecto al eje político clave de Vox, ha encontrado en el problema migratorio ceutí y en la desafección ciudadana con la gestión del Gobierno el respaldo perfecto para terminar de virar su discurso en la línea de otros socios europeos. Y después de allanar el terreno con múltiples visitas en agosto a Ceuta junto con Juan Jesús Vivas, y con otra programada para la semana que viene de Feijóo con una delegación del EPP. Todo en un periodo de ascenso de las fuerzas de ultraderecha continentales en la que la inmigración es el marco de debate más relevante y una de las preocupaciones prioritarias de la población. Muchos integrantes del EPP vinculan su sostenimiento a ese endurecimiento frente a las nuevas derechas populistas, y empieza a reflejarse en legislaciones como el nuevo Pacto de Migraciones o Asilo–también respaldado por el PSOE– o por propuestas más restrictivas en sucesivos países.

El reconocimiento de que tienen que ser compañeros de viaje ha conllevado que ambos partidos entren en una especie de 'guerra fría', de comentarios sueltos, recados, omisiones o consideraciones que, a diferencia de los meses atrás o estos años de legislatura, reducen con creces la tensión vivida entre Génova y Bambú. Entre este lunes y este martes se han dado los últimos episodios de ese conflicto enfriado. Ambos compiten por la bandera de oposición a Sánchez y cuestionamiento de sus políticas migratorias. Uno lo hace desde la posición de oposición legítima como representante público con mayor número de escaños. El otro, con la convicción de que el mantenimiento del discurso duro contra el PSOE y en materia migratoria le da galones frente a quien intenta asumir ahora ese rol.

El debate en las últimas horas pivota entre la 'ley de nietos', otras concesiones de nacionalidad como la que contempla la ley para los saharauis residentes en el Sáhara colonial español hasta 1975 y sus descendientes actuales, así como el compromiso de Feijóo de presentar una ley orgánica que endurezca y defina los criterios de concesión y retirada de la nacionalidad. Todo en un marco de compromiso ya adquirido con los votantes de dar mayor garantía en los procesos migratorios, ordenarlos, generar seguridad, entre otros. Y a la vez de que ambos partidos vienen defendiendo una receta similar a la crisis de Ceuta más allá de los cuatro gobiernos compartidos: resolución ágil de los expedientes y que se devuelvan a todos los migrantes mayores o menores, obviando en el debate la existencia de unos criterios reglados de Extranjería y considerando que la situación extraordinaria debe responderse con acciones extraordinarias.

En el caso de los menores, el PP, en todo caso, incluye más matices. Entiende que deben recibir un tratamiento individualizado y de análisis de su situación. Pero concluyen en que "la política social de Marruecos no debe hacerla España" y que si esos menores no tienen un entorno familiar seguro al que retornar, debe ser la propia administración marroquí la que asuma ese compromiso.

De la 'ley de nietos' a la ley orgánica del PP

Durante semanas Vox viene lanzando propuestas con las que obligar al PP a asumir su estrategia en inmigración mientras que Génova esquiva el asunto. Ocurrió a principios de septiembre, con la interpelación directa de Santiago Abascal para que Feijóo apoye a Vox y brinde la mayoría parlamentaria necesaria –un cuarto y 88 diputados– para recurrir al artículo 102 de la Constitución y buscar un procesamiento penal por "traición" en el Tribunal Supremo a Sánchez y a sus ministros por poner en vulnerabilidad la seguridad de la Nación. Frente a ello, el PP apuesta por dejar que la justicia haga su trabajo y confía en el cauce legal ya abierto en la Audiencia Nacional. Respecto a la deriva judicial de la crisis ceutí, fuentes de Génova son tajantes y rechazan guiarse por estímulos electorales. "Vamos a gestionar esto con inteligencia, con declaraciones medidas, sabiendo que esto no va a parar aquí". Proyectan un largo cauce de consecuencias para el Gobierno en todos los niveles, tanto en los tribunales como por las fisuras que han generado en los "mandos intermedios" el cruce de acusaciones, por ejemplo, entre el Gobierno y Defensa, o directamente entre Interior y la cartera de Margarita Robles.

"Hay que ser responsables. Esto va a tener consecuencias en el ámbito penal y tenemos que tener sentido de Estado", dicen, sin atender a esa propuesta de Vox. De la misma manera, este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, desatendió otra reclamación en paralelo que desde Bambú hacía su homólogo, José Antonio Fúster. En relación con la 'ley de nietos', Vox quiere que el PP despliegue en el Senado una comisión de investigación que ahonde en los objetivos de fraude electoral que Vox presupone del Gobierno. Sémper, en su defecto, instó a conocer la próxima sentencia definitiva del Supremo después de que este tribunal haya paralizado el derecho al voto de las personas que se han beneficiado –y de las que se pueden beneficiar– de la concesión de nacionalidad por esa vía.

Mientras que Vox aseguró que "sería un error asumir que el problema está resuelto", desde el PP Sémper recalcó que "políticamente, no necesitamos una comisión para entender que una instrucción no esté por encima de una ley". Se refirió a la instrucción de Justicia que extendía la aplicación de esas nacionalizaciones a descendientes de españoles emigrados desde antes de la Guerra Civil y por cuestiones de múltiple tipo más allá de la disposición vinculada a los exiliados por motivos políticos entre 1936 y hasta los primeros años de la dictadura que el Congreso aprobó en conjunto dentro de la Ley de Memoria Democrática en 2022.

A esas diferencias, y desentendimiento del PP de la estrategia que aspira a capitanear Vox, se añaden las últimas declaraciones de los ultraconservadores. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, reprochó la actitud de los populares en inmigración al conocerse que Feijóo y su gabinete trabajan en una nueva proposición de ley orgánica que defina los criterios de concesión y de retirada de la nacionalidad a aquellos inmigrantes que tras recibirla delincan. Una posición que ha ido definiéndose entre la campaña de las catalanas de 2024, ante la importancia de la inmigración y la inseguridad en esa campaña; el Congres del partido en junio de 2025 y la presentación del plan nacional sobre inmigración del PP en octubre de 2025, y esta crisis en Ceuta.

Millán cuestionó un doble juego, al rechazar el PP nacionalizaciones de unos migrantes con esa 'ley de nietos' por "modificar el censo", mientras que "se abstienen" con la aprobación de la ley para dar la nacionalidad española a los saharauis. "Feijóo está muy preocupado diciendo lo que va a hacer desde Moncloa, pero no se puede vender una victoria que no tiene lugar y cuando sabemos que Sánchez es capaz de cualquier cosa. Feijóo habla de lo que hará pero no dice nada de lo que puede hacer ahora, eso mientras se abstiene con la ley". Millán aseguró que mientras el PP se muestra en esos términos, ellos quieren "endurecer y ampliar los requisitos" para esa nacionalidad a la vez que "anular todos los efectos" de las legislaciones del Gobierno. Se pide a Génova oposición total a todo lo que traiga a pleno en el Congreso el Gobierno.

Ya el propio Abascal, en una entrevista reciente en Quarta Repubblica, de Mediaset Italia, afirmó que el PP viene manteniendo una posición "muy cambiante" pero que "por la fuerza de Vox está modificando las posiciones".

Dentro de ese enfrentamiento medio encapsulado, hay una competencia por atribuirse el mérito de la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos': Vox reivindica que fue su recurso judicial el que consiguió la suspensión directa frente a ese intento atribuido por los de Abascal al Gobierno de querer alterar el censo electoral. El PP, aunque no recurrió ante el Supremo, llevaba tiempo cuestionando el procedimiento y también celebra que se revise la inscripción de estos nuevos electores. Vox busca demostrar que es quien actúa directamente contra las políticas del Gobierno, mientras el PP intenta mantener una posición propia, defendiendo la nacionalización de los descendientes de españoles pero reclamando garantías y controles en el proceso electoral.

Sobre el debate de la 'ley de nietos' y la presunta ingeniería electoral atribuida al PSOE, se posicionó la Oficina de la Junta Electoral Central en un informe publicado por El País. En este se niega que el Gobierno pueda decidir dónde se inscriben los nuevos electores o que estos sean asignados automáticamente a determinadas provincias, acusaciones lanzadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, por otras voces del partido, o por el propio Abascal. Según este documento es el propio elector quien señala el municipio de inscripción, que debe justificar por residencia o arraigo propio o de sus ascendientes, y no existen inscripciones de oficio. El documento también cuestiona que la nacionalización de descendientes de exiliados beneficie electoralmente al PSOE y desmiente que, si el elector no elige provincia, sea inscrito automáticamente en Madrid, como había sostenido el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

En los primeros sondeos de mes con la crisis de Ceuta de fondo, apenas hay cambios muy reseñables pero sí una tendencia al alza de Vox. El debate migratorio, de momento, da más rédito a Bambú que a Génova, parecen deducir esos estudios. Aquí hay un asunto clave: Feijóo sigue apostando por el endurecimiento migratorio para desfondar a Abascal mientras él y los suyos se atribuyen un cambio de posición que aún no ven claro. Porque en ambas formaciones se tiene claro que no es lo mismo reclamar competencias de Gobierno con 30 que con 60-70 diputados y frente a un PP con 130 o 160 escaños.

Coinciden desde Bruselas contra Marruecos

PP y Vox apuntaron este martes desde Bruselas a que la UE suspenda las relaciones con Marruecos como respuesta a la crisis ceutí. En un encuentro con periodistas se miró al Acuerdo de Asociación que el bloque mantiene con Rabat. "Es difícil que se puede aspirar a una relación política y comercial con Marruecos normalizada, cuando ni los cadáveres de los ahogados han sido autorizados a ser retornados para ser enterrados en suelo marroquí", dijo el eurodiputado popular Javier Zarzalejos, antes del debate parlamentario de este jueves. La Eurocámara aprobará una resolución este jueves de los populares que no va de momento tan lejos pero sí señala que Marruecos debe asumir su responsabilidad y cumplir sus compromisos en materia de gestión de fronteras, aludiendo a que las reclamaciones de soberanía de Ceuta y Melilla son "incompatibles con un país socio".

Jorge Buxadé, de Vox, sí que insiste en esa suspensión a la vez que denuncia que no haya avances sobre retornos tras las entradas irregulares. "Llevamos 46 días y no tenemos el listado de cuantos se ha notificado el inicio del proceso para expulsarles. Si se quedan volverán más", determinó.