Sánchez apura la negociación de un decreto ley de vivienda "atrevido" que pueda atar a Junts y contentar a su izquierda

Advertía el ministro de Hacienda, Arcadi España, que el real decreto ley de vivienda se negociará "hasta el último minuto". No es ni una conjetura ni una vistosa excepción. Es lo que ha ocurrido en muchas más ocasiones en estas dos legislaturas de Gobierno de coalición. Y ahora con más razón porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez alcanza un verdadero punto de inflexión, dobla una curva que puede definir, para bien o para mal, la suerte de este tramo final del mandato. Con una presión social mayúscula, y también de sus socios de izquierdas, se celebra este martes el Consejo de Ministros, con la misión de alumbrar un texto que, sobre todo, proteja a los más vulnerables frente a desahucios como el de Maricarmen, prohíba a los fondos buitre la compra especulativa de vivienda y prorrogue dos años los alquileres. El reto es conciliar las demandas de la izquierda y de la derecha, con un Junts que aunque más favorable al acuerdo en las últimas horas se descolgaba y veía el pacto "lejos" y con un Podemos, en el otro extremo, que echa en falta "medidas estructurales".

Hace menos de una semana, el Gobierno no tenía fecha para aprobar un texto que había prometido para el verano pero que se había ido aplazando por los vetos cruzados, porque resultaba imposible casar las exigencias de Podemos con las de la formación de Carles Puigdemont. Pero el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas en su piso de Retiro, en Madrid, víctima de una victoria del fondo de inversión que compró su casa, cambió todo. La angustia por la vivienda, que señalaban mes tras mes los barómetros del CIS, elevándola a primera inquietud ciudadana, estalló. El abrumador apoyo a la anciana, que tuvo que dejar su vivienda en camilla directa al hospital, donde continúa ingresada, cristalizó en una protesta multitudinaria y transversal. Grupos como Junts, reacios hasta ahora a la adopción de medidas tajantes, se ofrecía a negociar de verdad. El Gobierno se vio obligado a apretar el acelerador para tener listo para este martes un texto "ambicioso" que empiece a embridar un problema que se ha desbocado en los últimos años. Y el clamor social se tradujo en una acampada en la Puerta del Sol de la capital que comenzó el sábado por la noche, que no se ha desmantelado desde entonces y que seguirá muy de cerca lo que ocurra este martes.

Sánchez y Vivienda, el ministerio que dirige Isabel Rodríguez y que ha estado pilotando las conversaciones, se enfrentan por tanto a un doble escrutinio. Por un lado, los grupos. Por otro, la calle, que presiona sobre todo a sus aliados de izquierda y que advierte de que no aceptará cualquier cosa. Bajados de la ecuación, porque nunca estuvieron en ella, PP y Vox, el Gobierno necesita compacto a todo el bloque de investidura. Porque el Consejo de Ministros aprueba este 29 de septiembre un paquete de medidas que entrará automáticamente en vigor, pero el Congreso deberá convalidarlo en el plazo de un mes. Y si los socios, desde Junts hasta Podemos, no lo apoyan, la norma naufragará y decaerá. Todos los votos son necesarios, y como mucho solo cabría la abstención de los posconvergentes o de los morados.

Este contexto tan extraordinario rodea uno de los Consejos de Ministros más trascendentales de una legislatura que el propio presidente rotuló como "de la vivienda", un apellido que ahora le reprochan en la calle porque no ha habido avances notables en estos ocho años en la Moncloa y el acceso a una casa, de alquiler o de compra, es hoy mucho más complicado. Los socialistas aducen que solo han encontrado palos en las ruedas, que no ha habido forma de armar una mayoría en la Cámara baja por el obstinado rechazo de la derecha —Junts, PP y Vox—, pero insiste en que sí lo ha intentado.

De hecho, medidas como la moratoria antidesahucios o la prórroga de los alquileres ya fueron llevadas al Congreso, y fueron tumbadas. Ahora, se vuelven a recuperar. Y ahora sí puede haber números para que prosperen. Por el escándalo del desahucio a Maricarmen, que según lee el Ejecutivo ha sido determinante para el giro de Junts, y por la olla a presión en que se han convertido Madrid y otros puntos del país donde el problema es más acuciante. En la Moncloa dan por hecho que, pese a las dificultades, se logrará componer una mayoría suficiente para aprobar un decreto ley que rechazan definir como "de mínimos": es, replican, un texto "atrevido", y que irá más allá de lo que nunca se ha ido hasta ahora.

Y es que una de las medidas estrella que se incluirán en la norma es la prohibición a los fondos buitre de la compra especulativa de vivienda, un paso que ahora será posible gracias, subrayan en el equipo de Sánchez, a que Junts ha girado. Los posconvergentes, a cambio, han exigido bonificaciones fiscales, tanto a los inquilinos —para "rebajar el esfuerzo económico de manera inmediata"— como a los propietarios que bajen los precios de los alquileres. También se incorporan ayudas para la compra de primera vivienda, para los que no tengan ahorros, y la subida del IVA de los pisos turísticos. Otro de los ejes de actuación será el blindaje del parque estatal de vivienda y la bajada del IVA para la construcción de la vivienda protegida.

Pero hay otros puntos que generan mucha mayor fricción, así que el acuerdo no estaba despejado a última hora del lunes. Es más, Junts, cerca de las 21 horas, lanzó un comunicado en el que advertía de que la posibilidad de pacto "se aleja" porque el Gobierno, que había lanzado por la mañana una lista de diez ejes de actuación con la que estaban "mayoritariamente de acuerdo", cambió por la tarde la redacción de la norma, y "sustancialmente", debido a "la presión de sus socios", convirtiéndose en "un real decreto ley ómnibus en el que se han incorporado múltiples medidas que no formaban parte de lo que se había trabajado y que ya habían impedido la convalidación de los anteriores decretos leyes".

"El texto recupera dar por buenas las ocupaciones —una fijación de Junts que comparte con PP y Vox—, dejando sin protección a los pequeños propietarios y dejándolos al mismo nivel que los fondos buitre". Los posconvergentes denunciaron la inclusión de una "modificación integral de la ley de arrendamientos urbanos, de hasta 34 artículo", pese a que esta reforma estaba siendo discutida en el Congreso. "Queremos que haya acuerdo, por nosotros no quedará", remachó Junts, proclamando su disposición a continuar hablando hasta el final.

El borrador pasado a los grupos contempla una moratoria de los desahucios hasta 2028 y una prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan hasta el 31 de diciembre de 2028. El Sindicato de Inquilinas sumaba una exigencia más que también defiende Sumar: que los contratos de arrendamiento sean indefinidos, de tal manera que los propietarios solo puedan desalojar a sus inquilinos por causas muy tasadas y limitadas. Una medida esta última que está implantada en países como el Reino Unido y que no está claro si entrará finalmente en el decreto ley. Lo que sí entrará es la regulación del alquiler de temporada, bloqueado en varias ocasiones en el Congreso, aunque los socios de coalición insisten en que también se ha de poner coto al alquiler de habitaciones, el "gran coladero" de fraude que los socialistas, apuntan desde Sumar, no querían incorporar.

Pero no solo importan las medidas —cuáles se incluyen y cuáles no—, sino también la letra pequeña de las mismas. Por ejemplo, en el caso de la moratoria, se incorporaría una "solución estructural", informa EFE, para evitar los desahucios a personas vulnerables en casos de impagos a pequeños propietarios, ya que en estos supuestos sería la Administración la que soportaría esos costes, una demanda clásica de Junts.

A lo que Vivienda renunció definitivamente fue a una reforma de la ley del suelo. Ya tuvo que retirarla cuando la presentó por separado con forma de proyecto de ley en mayo de 2024, y después cayó en el Congreso cuando pactó una proposición con el PNV. Para Podemos, era una "línea roja" total y exigía la salida del borrador de esa modificación, que perseguía que defectos formales o de procedimiento que son subsanables fácilmente provoquen anulación de todo un plan de ordenamiento urbanístico y que también cambiaba las reglas de los derechos de reversión de terrenos expropiados.

Pero los morados se mostraron insatisfechos. En una entrevista en Hora 25, en la Cadena SER, la eurodiputada Irene Montero, candidata de las generales, aseguraba que no hay "por dónde coger" el decreto. A su juicio, la redacción es peor que la planteada por el Ejecutivo en julio. Es, decho, "una falta de respeto a toda la gente que se está dejando la piel estos días en las calles", porque en lugar de ampliar la protección se reducen los beneficios sociales contenidos en la primera redacción. Montero puso un ejemplo: la prórroga de los contratos de alquiler seguirá siendo anual, "pero ahora además tienes que estar al corriente de pago".

Para la dirigente de Podemos, la prioridad para los socialistas es "frenar la movilización social", cuando debiera ser atajar el problema de raíz. "Incluso con gente en las plazas, con Sol desbordado de gente y miles de personas cortando la Diagonal en Barcelona, negocian primero con Junts y con el PNV para decir 'esto son lentejas'", denunció. Pero esta vez, aseveró, los morados no aceptarán un "trágala". "Esta vez el trágala se lo tienen que hacer a Junts, al PNV, a los rentistas y a los especuladores", concluyó.

En el frente de la izquierda, los socialistas tienen que lidiar no solo con la formación de Ione Belarra, sino también con sus propios socios de coalición, Sumar. Y no solo. El desahucio de Maricarmen provocó ayer una foto muy excepcional en esta legislatura: todos los grupos de izquierda —Movimiento Sumar, IU, Más Madrid, Comuns, Compromís, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG— posaron juntos a las puertas del hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada Maricarmen, para presionar al PSOE y evitar que se escore hacia Junts. Quieren el decreto Maricarmen, el que piden los acampados de Sol, en su integridad. Y eso incluye los contratos indefinidos y la renovación automática de los alquileres mientras los inquilinos cumplan con sus obligaciones.

"No vamos a renunciar a ninguna de las medidas, vamos a ser muy exigentes", advertía la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, quien no descartaba un nuevo plante en el Consejo de Ministros —el primero lo hizo Sumar en marzo para empujar a favor del decreto de prórroga de alquileres, que el Congreso no convalidó— si el PSOE no asumía medidas "irrenunciables" como la moratoria antidesahucios, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, la congelación de precios o la renovación automática de los contratos.