El Gobierno renuncia a la reforma de la ley del suelo para acercar a Podemos al decreto de vivienda

La reforma de la ley del suelo, diseñada para desatascar la actualización de planes urbanísticos, vuelve a estrellarse. El Gobierno la había incorporado ya desde el verano al borrador de real decreto ley de vivienda y desde el minuto uno Podemos advirtió de que "ni por asomo" aceptaría ese añadido. Ahora, a las puertas de que ese texto sea aprobado por el Consejo de Ministros, el ala socialista renuncia a ella para que los morados entren en el acuerdo.

Lo confirmaban a este diario fuentes del Ministerio de Vivienda, que dirige Isabel Rodríguez, en una jornada de intensas negociaciones para sacar el decreto ley adelante en un momento capital, otro más, de la legislatura, con la presión social en máximos después del desahucio de Maricarmen, el pasado miércoles. La acampada en la Puerta del Sol de Madrid continúa precisamente para empujar a favor de un texto ambicioso. Y las formaciones a la izquierda del PSOE, singularmente Sumar y Podemos, se sienten reforzadas y no piensan apearse de sus peticiones. Aunque Vivienda tiene que cuadrar a su vez con sus socios de derechas, PNV y sobre todo Junts, si quiere que la norma sea convalidada en el Congreso. Y para eso son precisos todos los votos del bloque de investidura. Desde los posconvergentes hasta los morados.

El Gobierno ya intentó que saliera la modificación legislativa en dos momentos de la legislatura: en mayo de 2024 y, con el PNV, en febrero de 2025. El PP, Sumar y los socios se opusieron

Cuando el Gobierno se dispuso, en verano, a negociar el decreto ley de vivienda, Podemos advirtió de que tenía una línea roja clarísima: la reforma de la ley del suelo que se había incluido en el borrador. Algo que también denunciaron otras organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En realidad, esta no era una cuestión nueva: venía arrastrándose toda esta legislatura. Ya Vivienda tuvo que retirar el proyecto de ley en mayo de 2024 por falta de apoyos, porque PP y Sumar iban a tumbarlo. Hubo un segundo intento, en febrero de 2025, y la proposición de ley de PSOE y PNV no fue admitida a trámite por el no del PP, Sumar y los socios de investidura.

Vivienda lo incorporó al borrador de un decreto ley que siempre definió como "ambicioso" y "transversal" y que pretendía introducir elementos demandados por todos los grupos socios, para que todos se sintieran representados. La reforma de la ley del suelo era una demanda de los ayuntamientos y también de grupos como el PNV. Y nacía de la necesidad de agilizar la renovación de planes urbanísticos. Lo que buscaba era permitir la subsanación de planes anulados en los últimos años, al limitarse las causas de nulidad por errores formales o de procedimiento. Es decir, que se evitaba que un plan fuese tumbado por un error o un vicio de procedimiento que podía ser subsanado con facilidad. Para Podemos, se fomentaba la "especulación". Los morados denunciaron que se modificaban dos elementos "relevantes" de la ley del suelo: el "sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados". 

Podemos consideraba que era una reforma "hecha a la medida" de los grandes tenedores del suelo y que fomentaba la "especulación". Advierte de que no aceptará un "trágala"

La formación de Ione Belarra defendía que el primer cambio legislativo suponía "legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros". "También limitaría la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas". La segunda modificación relevante, argüía, significaba la supresión del "derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin". Para Podemos, se trataba "una reforma hecha a la medida" para los grandes tenedores de suelo que bajo ningún concepto iba a aceptar. Por eso el Gobierno, para intentar atraerse a los morados, cambia el paso y saca del borrador de decreto ley una medida que suscitaba su completo rechazo, tal y como admitían desde el ministerio de Rodríguez. Pero está por ver que lo consiga: los morados creen que el decreto es un "parche" y su secretaria política y candidata a las generales, Irene Montero, ya ha advertido de que su formación no aceptará un "trágala" pactado con Junts y PNV. Su voto estará ligado, dijo este lunes, a lo que dicte el Sindicato de Inquilinas.

Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ya advertía esta mañana en una entrevista en ETB1 que había que dar "seguridad jurídica" a la planificación urbanística, por lo que entiende necesario "abordar también la ley del suelo". La diputada pidió a los grupos "un buen acuerdo de mínimos" y alejarse de "posturas maximalistas": "No se trata de que cada uno difunda su propio relato, sino de que tenemos que adaptarnos a las necesidades de la gente", señaló en ETB1. Los nacionalistas vascos sí apoyan "poner límites a los fondos buitre" y ofrecer así "seguridad jurídica" a los inquilinos, pero también cree que hay que dar garantías a los pequeños propietarios. Y respaldan igualmente regular el alquiler de temporada, uno de los puntos que sí contendrá el texto. Vaquero también alertó contra la inclusión de medidas que no conciten un apoyo global: "Aprobar cualquier cosa [en Consejo de Ministros] sabiendo que no va a ser aprobada dentro de un mes es un fracaso".

El PNV reclama la reforma para dar "seguridad jurídica" a la planificación urbanística. Cree mejor un "buen acuerdo de mínimos" y no "posturas maximalistas" que no pasen el filtro del Congreso

El Ejecutivo sigue negociando con los grupos y probablemente apurará hasta el Consejo de Ministros de mañana martes. "No hay derecho a que el acceso a la vivienda condicione la decisión de emanciparse, de formar una pareja, de tener hijos o de envejecer con arraigo, como hemos visto con el caso de Maricarmen. Tenemos que actuar con determinación. Por las vidas futuras y por las del presente", aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación del informe Vidas Futuras, en el Disseny Hub Barcelona. El líder socialista abogó por aumentar la "oferta asequible", y por poner el foco en la "accesibilidad" a la vivienda y en "privilegiar" su uso residencial frente al turístico.