Las ayudas fiscales a la energía del Gobierno benefician a los ricos: ahorran 160 euros más que los hogares pobres

Mismas políticas, mismos resultados. El Banco de España ha publicado este viernes un informe en el que actualiza sus Proyecciones macroeconómicas para España. En el documento, el supervisor analiza el impacto económico que han tenido sobre las familias las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el shock energético derivado de la guerra en Irán y concluye que, al igual que sucedió en la crisis de precios de 2022, las rebajas fiscales adoptadas por el Ejecutivo han beneficiado más a los hogares con mayor renta respecto a los de menor renta.

Concretamente, el ahorro medio por hogar derivado de las rebajas fiscales sobre la electricidad, el gas y los carburantes oscila entre los 105 euros en el 10% de los hogares que menos gastan y los 264 euros del 10% de los que más gastn. Una diferencia que se explica, principalmente, por el consumo de los carburantes: los hogares con mayor gasto destinan más dinero a llenar el depósito y, por tanto, obtienen un mayor ahorro con estas medidas.

Según el análisis del organismo, el ahorro medio aumentaría desde unos 105 euros en el 10% de hogares con menor gasto hasta 264 euros en el 10% con mayor gasto. Sin embargo, las medidas presentarían en conjunto un perfil progresivo al medir su impacto en proporción al gasto, ya que el ahorro representaría el 0,61% para el primer grupo y el 0,37% para el segundo.

El 40% del coste de las medidas anticrisis corresponde al ahorro fiscal de los hogares

En total, el Banco de España estima que las rebajas fiscales supondrán un ahorro directo de casi 3.700 millones de euros para los hogares, alrededor del 40% del coste total de las medidas anticrisis. Sin embargo, el Estado dejará de recaudar una cantidad aún mayor, ya que estas reducciones de impuestos también benefician a las empresas y a las administraciones públicas. Al incluir este efecto, el coste total de las rebajas fiscales sobre la energía asciende a cerca de 6.000 millones de euros, alrededor del 65% del coste del conjunto de las medidas.

No obstante, las rebajas fiscales no son las únicas iniciativas adoptadas por el Gobierno. También se suman las ayudas y subvenciones directas para los sectores más afectados por el encarecimiento de la energía. Así, en conjunto, los tres paquetes de medidas desplegados desde marzo tendrán un coste total del 0,52% del PIB (unos 9.300 millones). Además, el Banco de España calcula que este importe "equivaldría a alrededor de una quinta parte del déficit de las Administraciones Públicas en 2026, que alcanzaría el 2,6% del PIB".

Las medidas equivalen al 20% del déficit de 2026 con el mismo error que en 2022

Que las medidas anticrisis equivalgan al 20% del déficit previsto para 2026 vuelve a poner sobre la mesa la importancia de cómo se emplean los recursos públicos. Como ya se ha explicado, una parte considerable (el 40%) del coste total de las medidas se corresponde con el ahorro fiscal de las familias. Sin embargo, el Gobierno ha vuelto a optar por rebajas generalizadas en lugar de concentrar las ayudas en quienes más las necesitan.

Todo ello pese a contar con los aprendizajes de la experiencia previa. Apenas cuatro años después de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo repite una fórmula cuyos efectos distributivos ya fueron cuestionados entonces. De hecho, el Banco de España cuestiona al Gobierno por esto mismo.

Señala que el diseño de los paquetes actuales "presenta importantes similitudes con el de las medidas adoptadas en la crisis inflacionista de 2022-2023". Y que, por tanto, "al mantenerse la naturaleza generalizada de las medidas tributarias sobre la energía, cabría esperar unos efectos distributivos sobre los hogares cualitativamente comparables a los observados en el episodio anterior".

Y es que; el propio organismo ya realizó un análisis en 2023 donde concluía que las rebajas fiscales adoptadas por el Gobierno habían beneficiado con mayor intensidad a los que mayores ingresos tenían. Concretamente, las rebajas del IVA y las bonificaciones a los carburantes, habían supuesto un coste de unos 2.100 millones de euros para el 30% de los hogares con menores ingresos, frente a los 3.700 millones para el 30% con mayores ingresos.

De hecho, el Banco de España ya planteó entonces una alternativa: "sustituir estas medidas por una transferencia puntual de renta de 860 euros focalizada en el 30% de los hogares con menor renta". Además, defendía que con este pago único se hubiera mantenido el mismo "nivel de protección a estos hogares" y se hubiera reducido "el coste presupuestario de la intervención pública a la mitad".

Y es que la necesidad de concentrar las ayudas en los colectivos más afectados también ha sido defendida y reclamada por organismos como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI o la OCDE, que abogan por medidas "focalizadas, temporales y calibradas" en un entorno marcado por el elevado endeudamiento público y la incertidumbre geopolítica, que obliga a preservar margen fiscal para hacer frente a posibles nuevos shocks.