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Funcas pone deberes al próximo Gobierno: trazar una senda fiscal creíble para convencer a los mercados

El think-tank de las cajas de ahorros dice que la credibilidad fiscal es ya un elemento que influye directamente en el coste de financiación

Fachada de la sede del Banco de España.
Fachada de la sede del Banco de España. | Jesús Hellín / Europa Press

El Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre tendrá que afrontar un desafío que va más allá de contener el déficit o reducir la deuda pública. El nuevo Ejecutivo deberá poder convencer a los mercados de que España tiene una estrategia fiscal creíble y sostenible a medio plazo.

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Una de las principales advertencias que se desprenden del último número de Cuadernos de Información Económica, editado por Funcas es que la hoja de ruta que dibuje el Gobierno será clave para evitar problemas como los que acucian a Francia por su nivel de deuda.

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"En un régimen de margen estrecho, la credibilidad de la senda a medio plazo deja de ser un asunto retórico y se convierte en un activo financiero con valor mensurable", destaca el análisis de Francisco Rodríguez Fernández. "El caso francés lo demuestra por la vía negativa: lo que el mercado penaliza no es el stock de deuda, sino la ausencia de un mecanismo creíble para corregir su trayectoria", añade.

Y España lleva desde 2023 prorrogando sus Presupuestos Generales del Estado, ante la falta de apoyos políticos del Ejecutivo de Pedro Sánchez para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas. "En España, la recomendación reiterada de la AIReF de presentar una estrategia fiscal a medio plazo y el proyecto de Presupuestos debe leerse en esa clave, y no como un formalismo procedimental", añade el análisis publicado este miércoles por el think-tank de las cajas de ahorros.

En efecto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no ha parado en los últimos años de pedir encarecidamente al Gobierno que España trazara una hoja de ruta clara en el ámbito fiscal para los próximos años. El organismo que ahora preside Inés Olóndriz viene advirtiendo desde tiempos de su predecesora Cristina Herrero de la necesidad de disponer de una planificación fiscal clara y de instrumentos que permitan evaluar y corregir las desviaciones.

Según Funcas, la normalización de los tipos de interés, la retirada de los bancos centrales como grandes compradores de deuda y el deterioro de las perspectivas fiscales han elevado la sensibilidad de los inversores ante el riesgo soberano. Las tensiones registradas durante el otoño de 2026 en los mercados internacionales de deuda reflejan ese cambio.

Los inversores exige cada vez más una mayor compensación por financiar a los Estados. Así lo reflejan los movimientos de los bonos a largo plazo de las principales economías desarrolladas. Ya no basta con que un país tenga capacidad de pagar, sino que tienen muy en cuenta que sus instituciones puedan tomar decisiones y sostener una trayectoria presupuestaria creíble.

El margen se estrecha

El nuevo Gobierno contará, eso sí, con la ventaja de que España parte de una situación más favorable que la de otras grandes economías de la eurozona. El diferencial medio frente al bono alemán se situó en 46 puntos básicos en 2026. Francia está en 76 e Italia, en 78. Además, la deuda de las administraciones públicas ha llegado a estar por debajo del 100% del PIB.

Sin embargo, los riesgos son latentes. El coste medio de la deuda viva aumentó durante los primeros meses de 2026, a medida que los vencimientos emitidos en años de tipos reducidos han ido siendo sustituidos por nuevas emisiones más caras. Y es algo gradual pero casi automático. De hecho, aunque los tipos oficiales no vuelven a subir, la refinanciación de la deuda seguirá elevando el coste medio de la cartera.

La vida media de la deuda española está próxima a los ocho años, lo que permite un cierto margen para absorber el encarecimiento. Pero el colchón solo aplaza sus efectos. "La carga de intereses crecerá alrededor de un 50% hasta 2030 sin que medie ninguna decisión política y sin que suba un solo punto básico el tipo de intervención", subraya el texto. La AIReF calcula que el gasto por este concepto pasaría de unos 43.300 millones de euros en 2026 a 60.600 millones en 2030.

Y eso es algo con lo que tendrá que lidiar sí o sí el próximo Ejecutivo que salga de las urnas. El efecto sobre las cuentas públicas está ahí, y una parte cada vez mayor de los recursos tendrá que dedicarse a pagar intereses. Esto hace necesariamente que el Estado pierda capacidad para atender otras necesidades. E, incluso -avisa Funcas- para responder a futuros shocks económicos como los que han acontecido en los últimos años.

Por eso, el análisis de la fundación de las cajas de ahorro avisa de que la evolución favorable que muestra la ratio de deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) no debe ocultar el aumento de la factura financiera. Esta misma semana, el Banco de España comunicó que la deuda total de las administraciones públicas ha alcanzado la nueva cifra récord de 1,77 billones en términos absolutos, aunque haya bajado en términos relativos al 100,3% del PIB debido al crecimiento de la economía.

Francia, una advertencia para Europa

El caso francés lanzó una señal relevante. La rentabilidad del bono francés a diez años alcanzó el 5,14% el 22 de octubre. Es su nivel más elevado desde julio de 2002. Por su parte, la prima de riesgo frente al bono alemán superó los 170 puntos básicos, máximos desde noviembre de 2011.

Detrás de la presión de los mercados estaban, entre otras cosas, las dudas sobre la capacidad del Parlamento francés para superar la fragmentación y sacar adelante un presupuesto que permita reducir el acuciante déficit. Por eso Funcas alerta de que los inversores están empezando a distinguir entre aquellos países que pueden aprobar cuentas y aquellos en los que la falta de acuerdos puede bloquear la política fiscal.

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