El Consejo de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha consensuado este martes las recomendaciones que el Ministerio de Hacienda le encomendó para buscar soluciones a la anulación parcial al impuesto conocido como plusvalía municipal, después de la última sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en la que se prohibía cobrar el tributo en el caso de compraventas de inmuebles con pérdidas.

La organización que representa a los municipios españoles las remitirá mañana mismo al Gobierno, pero incluirá entre la documentación una exigencia: la compensación a los ayuntamientos por el 100% de las devoluciones que tengan que realizar por decisión judicial a lo largo de los próximos meses, cuando es de esperar una oleada de reclamaciones de propietarios a los que se le cobró el impuesto de forma indebida.

Esta llamada implica, de entrada, que los ayuntamientos dan por hecho que tendrán que devolver una buena parte de la recaudación por la plusvalía municipal a lo largo de los últimos años, que solo en 2016 ascendió a casi 2.000 millones de euros. Además, puede suponer en nuevo campo de batalla entre los municipios y el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como lo está siendo la regla de gasto.

En rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos en el seno de la FEMP, su presidente, Abel Caballero, ha explicado que, puesto que es el Estado, como legislador, es el responsable de un impuesto que se ha demostrado «mal diseñado», una vez superados los litigios que procedan «no se puede cargar la responsabilidad ni el coste financiero» de este proceso a los ayuntamientos. «Los interventores solo han aplicado un criterio», ha remachado.

Caballero no ha concretado cuánto dinero podrían tener que devolver los ayuntamientos a aquellos que reclamen, pero ha insistido en la necesidad de crear un grupo de trabajo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP para acordar los cauces de esta compensación. Por su parte, los bufetes de abogados hablan de una tarta de 2.500 millones de euros.

En este sentido, Caballero se ha anticipado para rechazar la posibilidad de diluir toda compensación en la nueva reforma de la financiación local, en la que se están dando lo primeros pasos, porque, según ha dicho Caballero, «va a llevar tiempo y las soluciones a la plusvalía municipal tienen que estar para esta tarde».

Dos propuestas para una nueva legislación

Con la misma urgencia, los ayuntamientos han pedido al Gobierno que presente un proyecto de Ley para solventar el «vacío legal» y la «inseguridad jurídica» que, en opinión de Caballero, ha generado la sentencia del TC. «Tiene que estar par las próximas semanas, para junio», ha urgido el presidente de la FEMP.

En opinión de los ayuntamientos, que ya en 2015 avisaron al Gobierno de la necesidad de dar una vuelta al impuesto ante las primeras sentencias judiciales que ponían en evidencia lo que finalmente ha fallado el TC, podrían plantearse dos nuevos sistemas para calculas la plusvalía municipal y, en ese caso, el impuesto a cobrar, o la minusvalía y, por tanto, la exención del tributo. La Ayuntamiento de Madrid ya se pronunciado en este sentido.

Con un primer criterio objetivo, la FEMP sugiere encargar al Catastro la elaboración de un índice anual de evolución del valor del suelo urbano, del que resultaría un incremento o un descenso del valor del suelo y de este modo la base liquidable del impuesto. De este modo, en los años más duros de la crisis, por ejemplo, el indicador instaría a no cobrar la plusvalía, según ha explicado Caballero.

El otro criterio, de carácter subjetivo, definiría el incremento o no del valor en las compraventas, es decir, la plusvalía o minusvalía, comparando el precio de compra inicial con el posterior de venta.  Sea una fórmula o la otra, lo cierto es que los ayuntamientos temen que una reforma del impuesto les lleve a ingresar menos en sus arcas. Sobre esta cuestión, el presidente de la FEMP ha confiado en que, en el medio plazo la recaudación «será la misma que hasta ahora».