Baleares quiere evitar la saturación de las islas por una llegada excesiva de turistas. Y lo hace de la manera más lógica: estableciendo un número máximo de plazas de alojamiento de todo tipo. Hasta ahora era el número de plazas de plazas de hotel las que estaban estrictamente tasadas, pero con la nueva ley regional que entró en vigor este martes se incluyen también las viviendas de alquiler en el techo máximo de plazas en el archipiélago.

El Gobierno de Baleares ha fijado en 623.624 plazas de alojamiento turístico ese máximo. Así que queda prohibido que haya más de 623.624 turistas a la vez en el archipiélago. En sentido estricto, no caben más turistas de manera simultánea en las islas porque no tendrían donde dormir.De ese volumen total, 435.707 plazas corresponden a Mallorca, 109.800 a Ibiza, 60.177 a Menorca y 18.000 a Ibiza. Y se trata de plazas de todo tipo. Por ejemplo, en Mallorca el número máximo de camas se reparte con 294.163 para hoteles y similares, 92.931 para casas y chalés vacacionales y otras 5.964 que están en tramitación.

Los planes del Govern pasan por recortar el techo no renovando en el futuro 120.000 plazas ya autorizadas

De momento, quedaría margen de crecimiento. En Mallorca existen 42.649 plazas dentro de ese techo máximo que aún están por adjudicar. Con la nueva ley ha entrado en vigor una moratoria de un año en que no se pueden conceder autorización a nuevas plazas de alojamiento, pero posteriormente se podría ir adjudicando ese excendente a nuevas plazas hoteleras o de alquiler turístico.

En cualquier caso, el objetivo del Gobierno balear pasa en cambio por reducir progresivamente el número de plazas turísticas autorizadas en las islas. Según explicó ayer el vicepresidente balear y conseller de Turismo, Biel Barceló, unas 120.000 plazas ya concedidas actualmente han sido autorizadas en los últimos años por excepciones o por lagunas en la normativa vigente. Los planes del Govern pasan por ir eliminando esas plazas cuando los titulares vayan renunciando a ellas y así reducir la planta alojativa permitida en las islas.

Amenaza de duras multas

Baleares empezó a aplicar ayer mismo la nueva ley con la que trata de poner coto al boom del alquiler turístico en las islas. La nueva normativa regional prohíbe el alquiler de los pisos que estén en bloques plurifamiliares y sólo habilita la comercialización de casas individuales que cuenten con licencia de autorización para ello.

El Gobierno balear, formado por la coalición progresista de PSOE y MÉS, se ha dotado de instrumentos sancionadores para hacer cumplir las nuevas exigencias y que pasan por cuantiosas multas tanto para los dueños de los pisos ilegales como para las plataformas online e intermediarios que los comercializan.

Baleares amenaza con multas de 400.000 euros a Airbnb y sus rivales si no dejan de anunciar pisos ilegales en dos semanas

El Govern ha remitido avisos a 30 plataformas online e inmobiliarias avisándoles de la entrada en vigor de la nueva norma y advirtiéndoles de que disponen de un plazo de dos semanas para retirar todos los anuncios de pisos y de casas que no están registradas. Si no cumplen y no dejan de publicitarlos, los portales como Airbnb, HomeAway o Niumba se exponen a multas que van desde los 40.000 hasta los 400.000 euros.

Los dueños de los pisos ilegales pueden ser sancionados con multas de entre 20.000 y 40.000 euros. Los inspectores podrán imponer las sanciones si los propietarios de los apartamentos no demuestran que el inquilino no es turista y que el alquiler puede estar sujeto a la ley estatal de arrendamientos urbanos (esto es, que el inquilino sea cual sea el tiempo que pase en el piso ha pagado un mes de fianza y cuenta con un contrato legal de alquiler). Si el dueño anuncia el piso ilegal en cualquier plataforma online puede ser multado directamente.

Un año sin más licencias

Airbnb y sus rivales sólo pueden comercializar desde este martes casas vacacionales completas y que cuenten con la autorización oficial para ello. La oferta de cualquier inmueble que no cumpla con estos requisitos será motivo de sanción para la empresa y para el propietario. Aunque en los próximos meses se puede acabar abriendo un poco la mano.

Y es que los Consells insulares y los ayuntamientos, según la normativa regional, disponen de un plazo de un año para definir los tipos de alojamiento y las zonas de ubicación en que podrá haber alquiler. Las administraciones podrán permitir en el futuro el alquiler de pisos también en edificios plurifamiliares, pero sólo si se trata de la vivienda habitual del propietario y por un máximo de 60 días al año. Pero actualmente ningún piso ubicado en una comunidad de vecinos cuenta con licencia turística y no la podrá obtener durante el próximo año.

En paralelo, el Gobierno autonómico también se dispone a activar próximamente una plataforma que permita a los ciudadanos denunciar a los dueños de pisos ilegales que se estén publicitando para su alquiler. Actualmente los vecinos ya disponen de un correo electrónico para realizar sus denuncias, que en ningún caso podrán ser anónimas y que sólo servirán para que los inspectores oficiales inicien sus investigaciones