El Gobierno ultima el nombramiento de un nuevo presidente para Aena, tras la anunciada dimisión de José Manuel Vargas al frente del gestor de los aeropuertos. La designación es cuestión de días, apuntan fuentes cercanas a la compañía. El hasta ahora máximo ejecutivo del grupo se marcha cansado de los corsés que impone tener al Estado como principal accionista, con el 51% del capital. Corsés burocráticos, corsés para crecer con compras, corsés para la expansión internacional y corsés también salariales y operativos.

La elección del nuevo presidente amenaza con provocar un choque entre el Ejecutivo y los fondos de inversión presentes en el accionariado del grupo, con el británico TCI a la cabeza, el más activo de todos, el que cuenta con mayor participación (el 11,3%) y el que tiene representación directa en el consejo de administración de la compañía.

La dirección de Aena comandada hasta ahora por Vargas y los propios fondos de inversión han defendido de manera clara un paso más en la privatización del grupo aeroportuario. Un paso que hiciera que el Gobierno perdiera la mayoría accionarial. Una posibilidad que el Ejecutivo tanteó abiertamente en el comienzo de la nueva legislatura, pero que acabó descartando como adelantó El Independiente.

La sintonía entre Vargas y los accionistas privados ha sido evidente en los casi tres años transcurridos desde la privatización parcial de la compañía. Una sintonía que se acrecentaba precisamente por el rechazo compartido a algunas decisiones adoptadas por el Gobierno -singularmente la rebaja de tasas aéreas para los próximos cinco años- o a algunas iniciativas vetadas por él -como la contraopa que se preparaba para tomar el control de Abertis-.

Tanto el recorte de las tarifas aéreas como el veto a la compra de Abertis han supuesto choques directos de TCI con el Gobierno. Y ahora los fondos temen que el nombramiento de un nuevo presidente de Aena con un perfil abiertamente político sirva para agravar la situación de una compañía que ahora ya ven “paralizada” y “maniatada” por el Ejecutivo, según fuentes conocedoras de la situación.

Temor a un nuevo presidente ‘político’

Las gestoras de fondos veían a Vargas como un directivo profesional que dio la vuelta a una compañía en pérdidas y que la llevó a la rentabilidad, la encaminó su negocio hasta una velocidad de crucero (el año pasado ganó más de 1.000 millones de euros), y que la deja como uno de los grandes valores del Ibex 35.

Y los fondos rechazan de plano la posibilidad de que entre los ministerios de Fomento y Economía elijan un nuevo presidente plenamente integrado en el establishment gubernamental, que venga sin una hoja de ruta clara de crecimiento de la compañía, sin ánimo de potenciar la internacionalización, y con el halo de ser meramente una figura de transición a la espera de la próxima legislatura.

“Es un accionista muy activo y, en ocasiones, incluso agresivo en las formas”, dijo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre el fondo TCI en el encuentro con periodistas en que se desveló la dimisión del aún presidente de Aena (la salida de Vargas no se hará efectiva formalmente hasta el 15 de octubre).

Fuentes próximas al gestor aeroportuario dan por hecho que el fondo escenificará su malestar por la “parálisis” a la que condena el Gobierno a Aena una vez se anuncie el nombre del nuevo máximo ejecutivo. Un malestar que podría incluso materializarse en la amenaza de deshacer posiciones en el accionariado de la compañía y vender parte o toda su participación.

Entre los nombres que suenan como sustitutos de Vargas figuran el de algunos de los miembros del consejo de administración de Aena que representan al Enaire, la sociedad pública a través de la cual el Estado tiene un 51% de las acciones, y también el del propio secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, a la sazón presidente de Enaire y ex presidente de Renfe. Una elección que, según advierten las mismas fuentes, sería justo el mensaje contrario al que esperan los accionistas privados.