Al Gobierno no le acaban de salir algunas cuentas…y a los funcionarios tampoco. El pasado mes de junio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprovechaba un acto público para hacer repaso de la mejora económica experimentada por España desde 2014 y se lanzaba al ruedo para adelantar que el IPC se situaría este año por debajo del 1% de media.

Contaba con que la inflación registraría tasas de alrededor del 0,5% en los últimos meses del año. Sin embargo, llegados a septiembre, la tasa anual del IPC se sitúa en el 1,8% y, aunque los servicios de estudios (y también Hacienda) prevén una desaceleración hasta el final del año, es difícil que se produzcan caídas de más de un punto porcentual en el último trimestre.

Esta ralentización prevista se explica por las altas tasas de inflación registradas en los últimos meses del pasado año, que difícilmente se repetirán. Sin embargo, fuentes de Hacienda ya no concretan cifras, se limitan a señalar que “se trabaja con un escenario de IPC que evoluciona a la baja de aquí a final de año”.

Los expertos dudan del pronóstico de Montoro

Hasta el mes de septiembre, los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la inflación media es del 2,1%. ¿Podría caer más de un punto por un desplome del índice de precios en los tres meses que restan de año?

Según explicaban en junio desde Hacienda, tomando los diferentes hitos del IPC durante el año –desde la tasa del 3% en enero, pasando por la moderación hasta el 1,9% en el mes de mayo tras un descenso ya entonces de siete décimas–, resulta que, con un frenazo de alrededor de un punto y medio hasta diciembre, la tasa de inflación media del año sería del 1% o inferior.

Sin embargo, los expertos coinciden en que esto no ocurrirá. Las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) apuntan, por ejemplo, que con el punto de partida de septiembre y la evolución reciente del precio del petróleo, la tasa media anual de 2017 será del 1,9%, con tasas de entre el 0,8% y el 0,9% en diciembre. Para 2018, se espera una tasa media anual del 1,2%. Similares pronósticos maneja la CEOE, que prevé un IPC ligeramente por debajo del 1% a finales de este año.

El consenso de los analistas espera una tasa de PIB del 1,9% en 2017

Mirando por el retrovisor, en el primer mes de 2017 la luz se disparó un 30%, lo que elevó el IPC anual hasta el 3%. Desde entonces, la situación se encuentra controlada, pero incluso en el mes de mayo, cuando se produjo una gran caída del IPC hasta el 1,9%, el indicador escondía una subida anual de la electricidad del 16%.

El Gobierno reaccionó rápido en enero para atajar la situación y evitar que, en un efecto de segunda ronda, esta subida puntual de los precios energéticos se trasladase a los salarios y estos elevaran a su vez los precios finales. Para ello, el Ejecutivo aprobó el desarrollo del reglamento de la Ley de Desindexación para aislar las subidas de los precios energéticos de los precios públicos.

Sin embargo, el precio de la luz alcanzó ayer su nivel más alto en lo que va de año. El anterior récord horario durante este año (con 182,05 euros MWh, según los cálculos de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España) se había registrado el pasado 25 de enero, con lo que cabe pensar que el IPC de este mes se verá afectado por este repunte.

El efecto de la sequía

Por otro lado, las previsiones que el Gobierno incluye en el Plan Presupuestario de 2018 remitido este lunes a Bruselas, incluyen como supuesto con que el precio del barril de Brent se sitúe en 52,8 dólares en 2017 y en los 54,8 euros en 2018, en niveles moderados. No obstante, en ausencia de los precios energéticos, uno de los elementos más volátiles del IPC, junto a los precios de los alimentos frescos, que se refleja en lo que se denomina la inflación subyacente –el IPC eliminados estos efectos–.

Ese indicador se situó en mayo en el 1% y en septiembre fue del 1,2%. La razón es que, en el noveno mes del año, se produjo una leve desaceleración de los precios energéticos debido a que la subida fue inferior a la del mismo mes del año pasado, pero se produjo un repunte de los precios de la fruta en plena sequía.

¿Y qué opina el resto de los expertos? El consenso de los principales servicios de estudios de España (con datos de septiembre) prevé que la inflación media del año se sitúe en el 1,9% y que la inflación no caiga más allá del 1,2%. La OCDE incluso anticipa una inflación del 2,3% de media en el conjunto del año.

Las repercusiones de esta desviación

La desviación en las previsiones no tiene en sí misma ninguna repercusión. Sin embargo, dibuja un escenario muy distinto en algunos aspectos. Por ejemplo, en el de las pensiones, que este año se revalorizarán otro 0,25%, con lo que la pérdida de poder adquisitivo a lo largo del año habrá sido de alrededor de un 1,75 puntos porcentuales.

Para los funcionarios la repercusión será también clara. Los Presupuestos de 2017 incluían una subida salarial para los empleados públicos del 1%, ligeramente por encima de la inflación media prevista por el Gobierno. En cambio, una inflación media del 1,9% supondría una clara pérdida de poder adquisitivo.

El Gobierno anticipa que congelará los sueldos públicos mientras no haya Presupuestos

Además, el desafío catalán mantiene paralizados los Presupuestos para el próximo año y el Gobierno ya maneja la posibilidad de que, una vez acabe el año, haya que prorrogar las cuentas de 2017. Las cuentas del próximo año, según asegura el Ejecutivo a Bruselas, estaban bastante avanzadas. Las últimas propuestas a los funcionarios incluían una subida de hasta el 2% en 2018.

Sin embargo, en el mismo documento, se da por hecho que, de momento, los salarios públicos permanecerán congelados una vez se inicie el año. Por eso, el sindicato CSI-F manifiesta su “más absoluto” rechazo al plan presupuestario y pide proseguir con las reuniones.

Ganan el PIB y la deuda pública

Sin embargo, la desviación al alza del IPC es beneficiosa de alguna manera para el conjunto del país. En primer lugar porque el PIB, lo que valen la producción de bienes y servicios del país, se eleva en términos nominales si los precios suben. Y, por ello, la ratio de déficit y de deuda pública sobre el PIB también se diluye.

Un IPC del 1,9% también podría beneficiar a la reducción del déficit público por otra vía, la de los ingresos, puesto que a mismo nivel de consumo, una subida de precios implicaría, en principio, una mayor recaudación por IVA. En cualquier caso, se trata de lecturas económicas impredecibles, puesto que la inflación afecta también al precio que paga el Estado por los consumos públicos, que aumentan el gasto en la ecuación del déficit.