Ángel Ron ha recurrido en la Audiencia Nacional el auto que bloquea el pago de 2,9 millones de euros que la aseguradora Allianz debía abonarle, como parte del importe correspondiente a su pensión. El embargo preventivo dictado por el juez Fernando Andreu se produce después de que la aseguradora informase motu proprio de que el directivo había reclamado dicha cantidad.

Además del recurso presentado, la defensa del expresidente de Popular, liderada por José Antonio Choclán, ha asegurado que iniciará acciones legales contra Allianz y reclamaciones ante la Dirección General de Seguros.

El recurso del auto, al que ha tenido acceso El Independiente, señala que la compañía aseguradora se «extralimita y de modo calumnioso […] aventura o especula acerca de que la retribución del cargo pudiera considerarse ilícita». En su opinión, «induce al Juzgado a adoptar la medida cautelar, que acaba aceptando de forma acrítica, aunque por otros motivos distintos de los solicitados».

Una póliza de responsabilidad civil suscrita entre Popular y Chubb protege a Ron y a otros directivos

Choclán manifiesta que el auto no ha fundamentado la razón por la que el pago al expresidente de Popular puede considerarse ilícito. Sin embargo, tal como consta en el recurso, «el juzgado utiliza otro argumento distinto, y alega que la medida cautelar se adopta para cubrir eventuales responsabilidades civiles […] que puedan derivarse de la ampliación de capital de 2016, con responsabilidades pecuniarias superiores a los 2.500 millones de euros”.

En este sentido, el documento indica que Popular -y no Ángel Ron- estaría obligado a satisfacer íntegramente dicha responsabilidad, tal como consta en una póliza de responsabilidad civil suscrita entre la entidad y Chubb European Group, con la mediación de Willis Iberia.

Por ello, subraya el escrito, si el juzgado consideraba necesario asegurar 2.500 millones, en lugar de adoptar tan «agresiva medida contra mi representado, debía haber requerido de la compañía aseguradora con la que el banco concertó la póliza u obtener del propio Popular la garantía suficiente».

Allianz se extralimita y de modo calumnioso especula que la retribución a Ron pueda considerarse ilícita», dice el recurso

Con este argumento, la defensa de Ron considera que «debe exigirse a Popular el afianzamiento de estos 2.500 millones de euros, antes de exigirlo aleatoriamente a uno de los investigados por la sola razón de que una compañía de seguros le adeuda determinadas cantidades y se lo pide al juzgado».

Y es que -añade- «la obligación contractual del banco determina que el periculum in mora no se encuentra fundamentado en la resolución recurrida, pues el argumento ofrecido de que “las dificultades que sin duda habrá para cubrir y garantizar en su caso el monto o importe total de responsabilidades pecuniarias que pueda derivarse en la causa” no se ha constatado».

Por otro lado, la defensa señala que cualquier medida cautelar ha de respaldarse en un presupuesto de buen derecho (fumus boni iuris), algo que no concurre en este caso, «tanto porque no se ha practicado siquiera una mínima actividad instructora que permita hablar de los aludidos indicios racionales de criminalidad, como porque mi mandante no ha cometido los hechos que se le imputan en las querellas que motivan el procedimiento».

El juzgado debería ser cauteloso antes de adoptar medidas cautelares cuando no ha practicado una sola diligencia»

Además, apostilla que «las noticias que progresivamente se van publicando acerca de las razones que pudieron llevar a la intervención de la entidad, y la posible contrariedad a Derecho de la medida adoptada por la Junta Única de Resolución, acreditan que no son razones vinculadas a la ampliación de capital de 2016 ni a la veracidad o complitud de la información económico-financiera que resulta de las cuentas del ejercicio publicadas».

En este sentido, considera que el juzgado «debería ser cauteloso antes de adoptar medidas cautelares cuando no ha practicado una sola diligencia y no ha oído a ninguno de los investigados a los efectos de dar explicación sobre los hechos que se contienen en las querellas».