Economía Frenazo a los paquetes de Movistar, Vodafone y Orange

LaLiga golpea a las 'telecos': obliga a emitir los partidos por internet y que no se vendan junto a otros servicios

La CNMC reclama cambios en las condiciones impuestas por los equipos en el borrador de condiciones para la subasta de los derechos de TV porque incluye excesos no se ajustan a la normativa.

Partido de Liga disputado entre el Atlético de Madrid y el Betis.

Partido de Liga disputado entre el Atlético de Madrid y el Betis. Efe

La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), la asociación que agrupa a los equipos de fútbol de primera y segunda división, ultima la subasta para adjudicar los derechos de emisión por televisión de los partidos de las próximas tres temporadas –entre 2019 y 2022- tanto de Liga como de Copa del Rey.

El proceso ya venía provocando un choque entre LaLiga y las grandes operadoras de telecomunicaciones, que son las principales comercializadoras de este producto, a cuenta de las pretensiones económicas de los organizadores. Y es que LaLiga aspira a alcanzar con la subasta unos ingresos de 1.300 millones de euros por temporada, un importe que Movistar, Orange y Vodafone consideran «disparatado» e «irracional». “Si les parece caro, que no lo compren”, ha llegado a retar el presidente de la LNFP, Javier Tebas.

Se avecina otro choque. Y es que el borrador de las bases para el proceso de subasta de los derechos de televisión –presentado por LaLiga a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)- incluye condiciones que suponen un varapalo al negocio de las grandes telecos en este campo.

LaLiga pretende obligar a los compradores de los derechos, en caso de que sea difusión de pago, a emitir los partidos por internet, a que haya una distribución o explotación vía OTT al estilo Netflix. Es la forma de LaLiga de exigir a las operadores que den la posibilidad a los clientes de contratar el fútbol de forma separada, “sin vinculación a otros contenidos (paquetes de canales) o servicios tecnológicos (ofertas de servicios convergentes)”.

Zarpazo a los paquetes de Movistar, Orange y Vodafone

Esto es, LaLiga trata de revolucionar la negociación de los derechos del fútbol en televisión, que en los últimos años han sido un atractivo crucial en las ofertas de Movistar, Orange y Vodafone para colocar sus servicios con tarifas convergentes (que incluyen teléfono móvil y fijo, datos móviles, fibra, televisión…) y con paquetes de TV (mediante lotes de canales).

La CNMC en su informe sobre el borrador de las bases de la subasta (que no es vinculante, son sólo recomendaciones) reclama cambios en las condiciones porque no todas cumplen la normativa vigente y critica abiertamente la pretensión de la Liga de imponer a los adjudicatarios, sean las telecos u otro, la obligación de emitir los partidos vía OTT y a comercializarlo de manera independiente a otros contenidos u otros servicios. “A juicio de la CNMC, las fórmulas para la explotación comercial del contenido deben quedar en manos de los operadores adjudicatarios”, sentencia.

“No se considera proporcionado que LNFP imponga a los operadores adjudicatarios cómo deben realizar la comercialización de los contenidos, especialmente si éstos deben comercializarse de manera empaquetada o independiente”, critica la CNMC en su informe. “No es aceptable y resulta desproporcionado que la entidad licitante decida también cómo debe comercializarse el contenido ya que no están en la misma situación competitiva aquellos operadores que, al poder prestar servicios convergentes de comunicaciones electrónicas y televisión de pago, han optado por comercializar distintos productos de manera convergente que aquellos que, al no disponer de este tipo de productos, optan por otras formas de comercialización”.

LaLiga ha venido amenazando a lanzar su propia plataforma de televisión para explotar directamente los derechos, ante las reticencias de las telecos a seguir elevando lo que pagan por los derechos. “Una vez que LNFP renuncia voluntariamente a esa posibilidad”, dice la CNMC, “resulta desproporcionado que exija a los adjudicatarios de televisión de pago hacer una comercialización OTT no vinculada con el resto de su oferta, en la medida que eso distorsiona excesivamente su capacidad para comercializar y rentabilizar de forma autónoma los contenidos adquiridos”.

Todo el fútbol de pago para un solo operador

LaLiga pretende articular la subasta mediante la adjudicación de los derechos de televisión repartidos en diez lotes diferentes. Dentro de la emisión de pago, el lote 4 incluye lo que hoy se conoce como el Partidazo (un partido de Liga que puede elegir la operadora, y que es uno de los que disputan Real Madrid o Barça) y el lote 5 contempla ocho partidos de Liga de cada jornada.

En esta ocasión, LaLiga ha diseñado también un lote (el 7) que da la posibilidad de agrupar los contenidos de los lotes 4 y 5. Esto es, da la posibilidad de que un solo operador se quede con toda la fútbol de pago de un plumazo. Actualmente, Movistar es el adjudicatario del Partidazo y el paquete de los ocho partidos está en manos de Mediapro (BeIN Sports), aunque pactó con Movistar, Orange y Vodafone para emitirlos en todas sus plataformas de TV de pago.

La CNMC reclama la eliminación del lote 7 porque “distorsiona injustificadamente” la adjudicación de los lotes 4 y 5, y “permite que un solo operador pueda acaparar el núcleo principal de los derechos licitados por la LNFP”, lo que es contrario a la legislación vigente sobre emisión de fútbol y puede incumplir también la normativa de competencia.

En paralelo, Competencia pide a LaLiga que introduzca otros cambios en la licitación para que se ajuste a la ley. Cambios como revisar la redacción criterio para seleccionar el único partido en televisión en abierto porque está abierto a distintas interpretaciones; revisar la regulación de derecho de acceso a los estadios y de elaboración de resúmenes informativos porque “limita injustificadamente” los derechos de los medios de comunicación; precisar más las condiciones para deterinar los horarios de los partidos de Liga y de Copa del Rey; evitar incluir obligaciones de publicidad y patrocinio a los adjudicatarios; o también aclarar qué peso tendrá la oferta económica que hagan los candidatos a la hora de decidir la adjudicación de un lote.

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