Economía

El valor de las licencias de taxi se desploma un 50% desde la llegada de Cabify a España

Un taxista del País Vasco durante la huelga.

Un taxista del País Vasco durante la huelga. EFE

La lucha del taxi tiene un importante componente de lucha de clase, de defensa de los derechos de los trabajadores frente a grandes empresas extranjeras que desembarcan en España tirando de músculo financiero. Pero también hay un decisivo factor económico que ha empujado a los taxistas a las calles y la huelga.

El gran activo de un taxista es su licencia. Un conductor que adquiriera la suya hace cinco años pagaría por ella más de 200.000 euros, con cantidades que estaban incluso más cerca de los 250.000 euros.

Para hacer frente a un gasto tan grande la mayoría de ellos solicitaba créditos que devolvían al banco poco a poco, poniendo en muchas ocasiones otras propiedades propias o de familiares como aval. Las redes sociales se han llenado estos días de taxistas explicando casos que concuerdan perfectamente con esta situación.

Actualmente, y tras apenas ese lustro, sería todo un éxito colocar una licencia de taxi por más de 130.000 euros. En apenas unos años este tipo de activos ha perdido la mitad de su valor, algo complicado de asimilar sobre todo si tenemos en cuenta que los taxistas suelen contar con que esa operación les ayude a mejorar sus cuentas una vez que llegue el momento de la jubilación.

Ese mercado secundario es, además, el único camino para hacerse con uno de estos permisos. La concesión de nuevas licencias de taxis lleva años prácticamente congelada y el número de estos vehículos en España ya está por debajo de las 65.000 unidades.

Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre 2010 y 2016 se crearon 1.671 licencias de taxi en España, unos números que el sector considera muy alejados de la realidad. De hecho, los propios taxistas están en contra de la concesión de más permisos, y han expresado en muchas ocasiones que incluso "sobran taxistas" en España.

Una vez más, prima la cuestión económica. Si no se crean más licencias los precios de las que todavía hay en el mercado se mantienen, por mucho que se hayan desplomado en algunos casos incluso un 50%, y no continúan con su descenso.

Las VTC, pura especulación

A la vez que lamentan la caída de sus principales activas, el sector del taxi denuncia la fuerte especulación que rodea a las licencias VTC con las que operan Uber y Cabify. La compañía norteamericana no tiene a su nombre ninguno de estos permisos, mientras que Cabify cuenta con un número prácticamente residual de los mismos.

Su papel consiste en hacer de intermediario entre los usuarios y los poseedores de esta licencia, que son los que operan realmente. Y también los que sacan unos enormes beneficios tanto de explotar como de comercializar estas autorizaciones de transporte.

En el año 2012, cuando comenzó a operar Cabify en España y Uber todavía no había desembarcado en Barcelona con UberPop, el precio de una VTC era irrisorio. No era un servicio tan masivo como ahora, ni acaparaba titulares, por lo que apenas había que abonar unas tasas administrativas. Hoy en día una licencia puede alcanzar un valor de hasta 125.000 euros en el mercado secundario.

Esa revalorización de los permisos ha estado impulsada por la eliminación de una condición que ha pasado desapercibida en medio del ruido de la guerra del taxi. El pasado mes de junio el Tribunal Supremo respaldo el límite de 30 licencias de taxi por cada VTC, pero también suprimió la necesidad de disponer de siete permisos de alquiler con conductor para operar.

Así se abría la puerta al pequeño emprendedor, esa persona que decidía invertir en la compra de una de estas licencias para operar con ella a través de Uber o Cabify. Eso ha ayudado a hacer crecer los precios al permitir a casi cualquiera invertir en algo así.

El mercado secundario de licencias VTC ha crecido tanto que incluso hay nuevas prácticas que consisten en el alquiler y posterior compra de permisos. Así, hay particulares y empresas que se ofrecen a pagar al dueño 650 euros al mes por su licencia, con el compromiso de que cuatro años después se la quedan en propiedad pagando 90.000 euros más.

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