Imagen de archivo de camiones en carretera.
En 2011, la Comisión Europea inició una investigación sobre los poderosos fabricantes de camiones MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Scania, Volvo-Renault y DAF por un fraude conjunto consistente en inflar los precios de los vehículos de seis o más toneladas que vendían, una estafa que se mantuvo nada menos que 14 años (desde el 17 de enero de 1997 al 18 de enero de 2011). Además de esta práctica anticompetitiva, las compañías consiguieron eludir los costes correspondientes a adaptar los vehículos exportados a la normativa medioambiental.
En 2017 Bruselas confirmó una multimillonaria multa contra las citadas marcas de 2.930 millones de euros, la mayor sanción impuesta por Bruselas hasta la fecha. Pero el complicado conflicto jurídico está lejos de terminar.
Hay interpuestas unas 25.000 demandas que afectan a 100.000 vehículos
En España, de los cerca de 200.000 transportistas que se vieron afectados por el engaño, según estimaciones de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores (APDEF), la mitad estarían dispuestos a dar un paso adelante y presentar demandas contra el cártel. Y los datos obtenidos por El Independiente de los despachos confirman el dato: hay unas 25.000 demandas interpuestas o en vías de hacerlo que afectan al sobrecoste de 100.000 camiones. Los afectados están asimismo pleiteando en dos países: en España (juzgados de lo Mercantil) y en Alemania, donde ya existe jurisprudencia.
Lo confirman, por ejemplo, desde CCS Abogados, el despacho de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM: una patronal que estos días anda muy pendiente de la crisis de los chalecos amarillos en Francia) y uno de los bufetes más especializados en la materia. Según las estimaciones del despacho -aunque todos los números son aproximados ya que las denuncias son susceptibles de seguir aumentando a medida que más camioneros decidan adherirse a la vía judicial- a grandes rasgos existen unas 25.000 demandas que afectan a 100.000 camiones para "recuperar una media del 16,35% del coste de cada camión", explica Miguel Caamaño, catedrático de Derecho Financiero y socio director de CCS abogados.
El precio medio de un camión es 70.000 euros; los litigios suman en total 1.200 millones
Según los cálculos del bufete -basados en dos modelos "diacrónico y econométrico"- las defensas de los transportistas esperan recuperar una media de 12.000 euros por camión respecto a los 70.000 euros unitarios que se cobraba durante el periodo en que estuvo vigente el cártel, lo que eleva las cuantías totales reclamadas por los camioneros españoles a 1.200 millones de euros.
Para hacer efectivas las demandas, ante los afectados se presentan dos vías: reclamar por la vía alemana a través de, por citar un caso, fondos de inversión como TransAtlantis -TransAtlantis está representado en España por la firma Outliers-; o bien tomar el sendero nacional y presentar demandas individuales en nuestro país en el Juzgado de lo Mercantil.
Esta última ha sido la opción elegida por el bufete de CETM, que aglutina a más de 31.000 empresas del sector del transporte y la logística en España. Así, defenderán en España los derechos de sus clientes "donde están las sedes sociales de sus empresas", ultimando los detalles de las denuncias "con arreglo a la Ley española independientemente de que los fabricantes sean todos extranjeros", defiende Caamaño. España no tiene ningún fabricante de camiones de relevancia: son italianos, alemanes y franceses.
Un tribunal en Hannover falló que lo que tienen que devolver las marcas es asumible para ellas
La alternativa española, pese a ser más lenta que la jurisprudencia de otros países como Alemania, podría constituir un aliciente, ya que según varias fuentes habría ya dos sentencias inéditas en nuestro país dando la razón a los denunciantes, que podrían sentar un precedente histórico. Este medio no ha podido obtener sendos fallos.
La vía extranjera: Alemania y TransAtlantis
Los letrados consultados hablan de una sentencia pionera emitida el pasado 15 de octubre en un tribunal de la ciudad alemana de Hannover. El juez ponente de dicho fallo habría considerado como "proporcionado" reclamar un sobrecoste del 15% por camión afectado, una jurisprudencia que se erige como principal motivo que ha llevado a miles de conductores a reclamar en Alemania por la vía de la macrodemanda colectiva. Los números de los tribunales alemanes están muy próximos a los que lleva meses calculando el despacho CCS.
Además, según publica Diario del Puerto, cerca de 40.000 camioneros españoles habrían optado por la opción de vender sus derechos de reclamación al fondo de inversión TransAtlantis. De hecho, de acuerdo con estas fuentes, ya se habrían firmado los primeros contratos que han dado lugar a que los afectados en España ya estén recibiendo los primeros pagos.
La oferta del fondo de inversión contemplaba dos alternativas para los demandantes: recibir una compensación fija de hasta 1.00o euros por unidad y, posteriormente, tener derecho a un 50% del éxito de la demanda en caso de proliferar; o cobrar 2.000 euros por camión y desentenderse completamente de los resultados de la sentencia. Cabe recordar que el pago emitido a cada caso particular por TransAtlantis variará en función del valor de compra de cada camión y se emite a fondo perdido, por lo que no afecta al resultado de las futuras sentencias.
CCS abogados, el mayor bufete especializado, quiere pleitear con arreglo a la ley española
La opción del fondo con sede en Luxemburgo ha cobrado fuerzas entre los demandantes españoles al constituir una vía segura para recibir, al menos, una indemnización por el fraude, sin depender por tanto del éxito o fracaso del proceso judicial y sin esperar los años que podrían alargarse las demandas en los Juzgados de lo Mercantil españoles. El escenario de TransAtlantis permite, además, pleitear en Alemania, lo que otorga una mayor confianza, seguridad y rapidez a los clientes.
La vía española concibe un proceso muy diferente: los bufetes de abogados cobrarán por sus honorarios, como sucede con la gestión de cualquier pleito. Sea como fuere, el sector transportista en España está acudiendo masivamente a los tribunales contra los grandes fabricantes.
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