Nada más llegar al Gobierno, el ministro de Fomento José Luis Ábalos anunció la liberación de 1.000 kilómetros de autopistas de peaje: se trata de autopistas de pago que gestionan concesionarias (especialmente Abertis) cuya vigencia ha ido en ocasiones más allá de los 50 años, esto es, desde Franco. El 30 de noviembre de 2018 venció la primera concesión, entre Burgos y Armiñón (AP-1), y a continuación el tráfico se disparó un 60% en el mes siguiente, diciembre. El 31 de diciembre de este año se terminarán 500 kilómetros de peajes de la concesionaria Aumar (Abertis) entre Alicante y Tarragona y entre Sevilla y Cádiz. El 31 de agosto de 2021 ocurrirá lo mismo con otros 500 kilómetros de pago que discurren por Cataluña y Aragón y cuya concesionaria es Acesa.

Conductores, Fomento… todos parecen contentos excepto un sector, que estos días se confiesa bastante asustado: los 1.400 trabajadores de las concesionarias (983 de Acesa, 304 de Aumar y 111 de Europistas, que realizaba el tramo Burgos-Armiñón) desconocen cuál será su futuro, lamentan fuentes sindicales.

Los sindicatos están pidiendo estos días a los representantes de Fomento negociar un plan de empleo que permita mantener a esos trabajadores. «Al levantarse los peajes de mil kilómetros y vencer las concesiones, es lógico que estemos preocupados», resaltan las centrales. Hasta el momento, dicen, apenas ha habido reuniones con el ministerio porque sus dirigentes están más volcados en temas políticos. Y más ahora que vienen elecciones en un departamento que es el rey de la obra pública.

Primer susto: ERE en Europistas

«Estamos preocupados por los aproximadamente 1.400 empleos y por las actuales condiciones laborales que a corto plazo se pueden perder», indican en el sector de Autopistas de CCOO. «No hay un compromiso político para un acuerdo sobre infraestructuras con independencia de los cambios de Gobierno. Se debería de trazar un plan para reconvertir estos empleos a la actividad de conservación y mantenimiento, que necesariamente va a continuar haciéndose».

El primer susto llegó en Burgos: el Estado ha prescindido de medio centenar de trabajadores de Europistas tras la liberación del peaje, cuyos contratos se han extinguido vía Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Durante seis meses -hasta mayo- subrogará a 62 empleados de los 111 que tenía esta concesionaria, especialmente para labores de mantenimiento. En teoría Fomento quiere dar una solución para todos ellos. Pero la precipitación de las elecciones, la posibilidad de un cambio de planes de llegar un nuevo Ejecutivo y la sensación de ser «moneda de cambio» han devuelto el miedo entre las plantillas.

Concesiones de peaje estatales en España que finalizarán entre 2018 y 2021

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En el caso de los trabajadores de Abertis, aproximadamente un 60% realiza labores de mantenimiento frente a un 40% que se dedica al cobro de peajes. «Hay trabajadores en edad avanzada que han venido disfrutando de buenos convenios desde hace años que podrían aceptar irse en un ERE», razonan los delegados. «Pero hay otra buena parte de la plantilla que se vería afectada y que está en edad de trabajar. Si se van a levantar las barreras, eso quiere decir que van a circular más coches. Y si van a circular más vehículos, habrá que incrementar las labores de mantenimiento».

Peajes automatizados

Una buena parte de las labores de peaje ya están automatizadas: cuando el usuario se acerca a una barrera, siempre tiene la opción de realizar el pago por tarjeta de crédito. Es igualmente un trabajo no demasiado popular: en Cataluña, pero también en otras partes, han sido intensos los movimientos espontáneos de conductores para no seguir pagando a sociedades como Abertis, concesionarias desde hace más de medio siglo. Especialmente durante la crisis económica, ya que los usuarios de los coches consideraban que las autopistas estaban lo suficientemente amortizadas.

Los 1.400 trabajadores amenazados no tienen nada que ver con los empleados de las nueve autopistas de peaje que quebraron en 2012 y han sido posteriormente rescatadas: ésos (750) tienen en teoría garantizado su futuro hasta 2022 -hasta esa fecha las explotará la empresa pública Seittsa-. Se trata de las autopistas radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, además de Madrid-Toledo, el Eje Aeropuerto-Barajas, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.

Las rescatadas, gratuitas de noche

El predecesor de Ábalos en el ministerio, Íñigo de la Serna, quiso volver a sacar a concurso los nueve peajes en dos bloques con la esperanza de recaudar 1.000 millones de euros. Se licitaría en dos lotes: Levante y Centro, por la localización geográfica de estas vías. Pero al llegar el PSOE al Gobierno tras la moción, el nuevo equipo de Fomento comprobó que los lotes ni siquiera estaban preparados, que el tráfico no solo no mejoraba sino que empeoraba y que nada hacía presagiar que las concesionarias abonarían al Estado los 1.000 millones mencionados.

Así que desde el 15 de enero, las nueve rescatadas han pasado a ser gratuitas de noche y han reducido sus tarifas de media un 30%. También ahí existe incertidumbre: la semana pasada -el 28 de febrero- Fomento aprobó la licitación por 42 millones de euros de seis contratos de conservación y mantenimiento, todos ellos dirigidos a las carreteras que quebraron hace ya ocho años.

Los sindicatos CCOO y UGT quieren estos días reunirse con alguien del ministerio para que les explique si los antiguos trabajadores de las concesionarias que han dejado de operar se ven afectados por la reciente licitación. Desde 2012 -cuando la quiebra en cascada de Abertis, Globalvía, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr…- los convenios laborales de todos los trabajadores de las autopistas de peaje rescatadas están congelados.