La amenaza viene de lejos. Pero ha estado congelada durante más de dos décadas. Durante 23 años los sucesivos Gobiernos estadounidenses han ido dejando en suspenso cada seis meses un instrumento legal que servía para apretar aún más al régimen de Cuba pero que también desataría una crisis diplomática y comercial con países de medio mundo. Hasta ahora. Hasta ahora que Donald Trump, tras tres meses amagando, ha cumplido y ha levantado la suspensión.
Desde el próximo 1 de mayo los ciudadanos estadounidenses y los cubanos nacionalizados podrán presentar demandas en los tribunales federales norteamericanos contra las compañías extranjeras que hacen negocio en Cuba con activos que fueron expropiados y nacionalizados con la Revolución hace justo 60 años. Por los procesos activos en el Registro de Reclamaciones Internacionales, la decisión de Trump puede dar paso a una avalancha de 6.000 demandas por más de 8.000 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros).
La Casa Blanca pone en marcha ahora la parte más sensible de la polémica Ley Helms-Burton, con la que desde 1996 Washington afianzó las medidas de presión económicas sobre la isla. Se trata de un nuevo paso en el giro emprendido por la Administración Trump en su relación con Cuba, dando por muerto el acercamiento emprendido por Barack Obama.
Un giro que puede tener un impacto directo en el negocio que los gigantes del turismo español tienen en la isla caribeña desde hace década y que desarrollan su actividad allí en colaboración directa con compañías estatales cubanas –algunas incluidas en la lista negra de empresas diseñada por Washington- o a través de sociedades mixtas en que comparten accionariado con las firmas públicas locales.
Empresas españolas comparten con Cuba un total de 45 sociedades mixtas, pero es el sector turístico el más expuesto. Y es que este endurecimiento del embargo podría acabar afectando a algunos de las empresas turísticas, singularmente hoteleras, que explotan establecimientos de grupos públicos señalados por EEUU.
Meliá e Iberdrola son las cadenas españolas con mayor presencia en la isla. El grupo de los Escarrer cuenta con 34 hoteles operativos en Cuba y es el mayor operador extranjero en la isla. E Iberostar gestiona otros 20 establecimientos en el mercado cubano. Ambas ya cuentan con asesoría jurídica especializada para hacer frente a una eventual batalla legal. Entre las otras hoteleras españolas en Cuba, con una presencia menor, figuran Barceló, Globalia, NH Hotel Group, Blau o Sercotel.
El Gobierno español maniobra para defender los intereses de los grupos españoles. El ministro de Exterior, Josep Borrell, ya trasladó hace unas semanas directamente a su homólogo estadounidense, Mick Pompeo, el rechazo de Madrid que se levantara la suspensión del freno a las demandas contempladas en la Helms-Burton. El Ejecutivo, por boca de su portavoz, Isabel Celaá, ha confirmado este mismo miércoles el “respaldo absoluto” a las empresas españolas en Cuba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En paralelo, la Unión Europea maniobra ya para proteger los intereses comunitarios en Cuba y han instalado abiertamente a las empresas europeas a "contraatacar" si son demandadas por compañías nortemericanas. "Tenemos una reglamentación que permite a las empresas europeas contraatacar a iniciativas eventuales de las empresas estadounidenses", ha declarado el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, informa Efe.
El embajador comunitario en La Habana, Alberto Navarro, confirma la estrategia: "Los ciudadanos europeos tienen la obligación de no colaborar y al mismo tiempo la posibilidad de solicitar reclamaciones contra empresas (estadounidenses) que hubieran pedido indemnizaciones por supuestas utilizaciones de propiedades confiscadas aquí en Cuba”.
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