Bloque de viviendas VPO de Blackstone en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Fidere, la socimi del gigante inmobiliario Blackstone que aterrizó en España en 2014 para comprar un polémico paquete de 2.000 viviendas de protección oficial al Ayuntamiento de Madrid, ha entrado en pérdidas al cierre del ejercicio 2018. En concreto, Fidere perdió 30,4 millones de euros el año pasado, los mayores números rojos de la socimi desde que ésta registra actividad en España. La caída se debe a un expediente impulsado por la Agencia Tributaria relativo a una deuda heredada, el cual ha obligado al grupo a provisionar algo más de 29 millones el último ejercicio.
Y es que según las cuentas anuales de Fidere Patrimonio Socimi y sociedades dependientes, las pérdidas de 30.529.406 euros "se originan principalmente por la provisión registrada durante el ejercicio 2018 de 29.485.432 euros, la cual proviene de un registro" en una de las sociedades (Fidere IP 4) "de una provisión por el requerimiento de pago de la AEAT (Agencia Tributaria) a dicha sociedad". Hasta la fecha, las únicas pérdidas se registraron en 2015 y apenas ascendieron a 1,5 millones de euros. Desde entonces, Blackstone en España ha estado en beneficios: en 2017 ganó 6,5 millones.
Hacienda considera que Fidere es corresponsable de parte de la deuda de la extinta Isolux Corsán, que quebró en 2017 dejando un pasivo de más de 4.000 millones. Así, la Agencia Tributaria considera que la filial de Blackstone debe dinero correspondiente al pago del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2009 y 2010. Los activos de Isolux aludidos por el Fisco fueron absorbidos por Fidere IP 4.
La Agencia Tributaria hace corresponsable a una filial de la deuda de la extinta Isolux
La notificación del expediente se produjo el 5 de junio de 2018. La cantidad a pagar, el 21 de ese mes. Entre medias, Fidere anunció que interpondría "una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central", según un hecho relevante de la compañía. La reclamación argumenta que "no se puede exigir el pago a los responsables solidarios en tanto en cuanto no se haya resuelto la solicitud de suspensión planteada por el obligado principal". Simultáneamente, Blackstone planteó una "solicitud de suspensión ofreciendo diversas garantías parciales" hasta cubrir el valor de los activos de la filial.
En 2013, Blackstone acordó con el ayuntamiento madrileño, entonces gobernado por Ana Botella (PP), la compra de 1.860 pisos de VPO por 200 millones de euros. Después el fondo y sus socimis siguieron comprando vivienda -fundamentalmente con algún tipo de protección social- hasta´tener en cartera más de 7.000 pisos según fuentes de la compañía: así, el valor contable de sus viviendas ha ido creciendo hasta valer más de 1.000 millones de euros. Concretamente, 1.090 millones de euros según las últimas cuentas anuales publicadas. En 2017, el valor en libros de sus posesiones inmobiliarias ascendió a 1.011 millones de euros.
Blackstone se hizo con 2.000 viviendas del Ayuntamiento de Madrid en 2013
Blackstone es el mayor fondo inmobiliario del mundo. Y también de España, donde los activos adquiridos durante los últimos años lo convierten en el principal casero del país. Gestiona aproximadamente 350.000 metros cuadrados, el 87% de los cuales están destinados al arrendamiento. El 95% de sus viviendas se localiza en la Comunidad de Madrid, especialmente en barrios de la capital periféricos y populares (Carabanchel, Vallecas, San Cristóbal de los Ángeles) y en municipios del extrarradio no precisamente elitista (Tres Cantos, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Valdemoro), lo que viene a dar cuenta de dónde está hoy la rentabilidad del negocio inmobiliario: en el alquiler a las clases medias y bajas, que carecen de acceso a la financiación bancaria para asumir la compra de una vivienda.
Sin embargo, hay signos de ralentización en el sector, tal y como recogen las cuentas publicadas. "Los cambios en la situación económica nacional e internacional, las tasas de crecimiento de los índices de ocupación y empleo, de los tipos de interés, la legislación fiscal y la confianza del consumidor tienen un impacto significativo en los mercados inmobiliarios", reconoce la firma en uno de los apartados. "Cualquier cambio desfavorable (...) podría traducirse en una disminución de la actividad inmobiliaria".
El grupo ha adoptado "medidas concretas" ante posibles "cambios desfavorables" en el sector
"Atendiendo a esta situación", prosigue el epígrafe, "y con el fin de minimizar el impacto que esto pueda provocar en el grupo, se han establecido una serie de medidas concretas para minimizar dicho impacto". A todo esto hay que añadir el acuerdo de finales de febrero y principios de marzo entre PSOE y Podemos para contener los precios del alquiler, muy duramente criticado por Blackstone, si bien es verdad que éste no incluyó límites a los precios del arrendamiento. Es lo que exigía la formación liderada por Pablo Iglesias. Entre otras fórmulas, el Real Decreto Ley contempla que los propietarios no podrán subir el precio de los alquileres por encima del IPC.
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