Un grupo de personas trabajan en la vendimia. efe

Economía

Los otros problemas del campo que el Gobierno no señala

No sólo los súper. Detrás de los males de los agricultores están el exceso de pequeñas explotaciones, la falta de coordinación empresarial o los aranceles de Trump y el 'veto ruso'

Del campo al súper y del súper a la mesa, servido y en plato. El proceso parece sencillo, pero no lo es. La crisis del campo, con agricultores y ganaderos en pie de guerra por la caída de precios en origen, ha reabierto el debate. ¿Por qué un kilo de ajos cuesta más de 5 euros en el carrito de la compra y los agricultores sólo reciben poco más de 80 céntimos por el? El Gobierno de Sánchez, en una primera reacción para calmar los ánimos, puso a las grandes distribuidoras en el punto de mira. Pero detrás de los males del sector agrícola y ganadero están las «deficiencias» de cada eslabón de la cadena de producción, la «competencia desleal», los aranceles de Trump o el cambio climático.

Antes de que un alimento acabe en las estanterías del súper hay un proceso que empieza con la cosecha en el campo y continúa con el empaque, transporte, almacenamiento y transformación del producto. Esta cadena de producción, además, varía según el tipo de producto. No sigue el mismo camino el aceite que la leche o las frutas. “Culpar al empresario que intenta comprar barato es bastante curioso. En la gran distribución hay una gran competencia, no es verdad que haya márgenes abusivos, pero sí que esa competencia presiona sobre el eslabón más débil, que es el productor”, explica Tomás García Azcarate, investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC.

El peso de las exportaciones

Y es que en no todo en España es Mercadona, Carrefour, Lidl o Al Campo. El 52% de la producción agraria se destina directamente a la exportación, según los datos del Ministerio de Agricultura recogidos por Anged, la asociación de grandes empresas distribución. El resto de lo que producen los agricultores se reparte casi a partes iguales a la industria transformadora y al comercio interior. También a los restaurantes y a los bares. A través del comercio tradicional y los mercas —Mercamadrid, Mercasa, Mercalicante, etc— se vende un 9% de la producción de frutas, verduras y hortalizas, mientras que el 11% se comercializa en los supermercados e hipermercados.

Los agricultores insisten en la «competencia desleal» de algunos países no comunitarios. No cumplen, según denuncian, las mismas exigencias que los productos españoles

Según el investigador del CSIC, España es uno de los países de la Unión Europea (UE) que más ha aprovechado la apertura de los mercados: vendemos “mucho más” de lo que consumimos. Sin las exportaciones, detalla, no sobrevivirían el porcino y sus productos elaborados, los aceites y vinos o las frutas y hortalizas. He aquí el otro gran problema que denuncian los agricultores y ganaderos: la “competencia desleal” por parte de las importaciones que llegan desde fuera de la UE. Países como Marruecos, Sudáfrica o China que, supuestamente, venden sus productos en España sin pasar por los mismos controles laborales y medioambientales.

Esto ocurre, por ejemplo, con los pesticidas. El sector agrícola español critica que los productos importados desde terceros países pueden utilizar sustancias prohibidas en Europa. Un control que en España depende de las comunidades autónomas y cuya solución pasa por multiplicar los análisis a alimentos extranjeros, según García Azcarate. Esas exigencias higienico-santarias que impone Europa a sus miembros son, a su vez, una baza comercial: “Si Europa y España están exportando tanto es porque el resto del mundo está absolutamente convencido de que nuestros productos son los que más garantías y mejor calidad y seguridad ofrecen. Lo que es un inconveniente y coste comercial, también es una ventaja”.

El campo español también se queja de otros costes como la subida del carburante, del salario mínimo (aunque a esto último le restan importancia) o del precio de la maquinaria. “Todo ha incrementado frente a los ingresos”, aseguraba la semana pasada Miguel Blanco, secretario general del COAG.

Los males de la cadena de producción

Todo en el sector agrícola y ganadero empieza en el campo. Y aquí España tiene un problema: el 51% de las explotaciones son relativamente pequeñas, de menos de 5 hectáreas de extensión, según un estudio publicado por la consultora PwC a principios del año pasado. La superficie media se sitúa en 25 hectáreas por explotación, muy por debajo de las 62 de Francia o las 90 de Reino Unido. “En países del centro de Europa, en Holanda y Bélgica, predominan las explotaciones medianas. En España el problema es que hay un gran peso de las pequeñas explotaciones (…) Un agricultor con 5 hectáreas no puede vivir”, sostiene José María Sumpsi, catedrático emérito de Política Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

A todo esto hay que sumarle, según este experto, que una gran parte de los agricultores españoles no puede vivir sólo de la agricultura. Hablamos de terrenos unipersonales y de propietarios de edad avanzada. Estas circunstancias, según PwC, ponen en riesgo el futuro de muchas explotaciones españolas. Tampoco es un sector atractivo para los trabajadores jóvenes y formados.

España tiene una «excesiva» dependencia de las ayudas de la PAC, un predominio de pequeñas explotaciones y una estructura empresarial poco coordinada

Sí el campo ha subsistido en los últimos años ha sido, en parte, gracias a las ayudas de la PAC (Política Agraria Común de la UE). De hecho, España fue en 2017 el segundo país que más se benefició de estas subvenciones al recibir una suma de casi 6.680 millones. Una «excesiva dependencia», según la consultora. Ahora, con la reforma de la política comunitaria, España se juega 44.000 millones en ayudas para el periodo 2021-2027. En esta reestructuración de la PAC, añade Sumpsi, también se plantea que sólo puedan recibir las cuantías los agricultores ‘genuinos’, es decir, aquellos que viven de la agricultura como actividad principal.

¿Y qué ocurre con el resto de eslabones de la cadena? Cuando el producto sale del campo comienza un proceso de transformación (lavado, cortado, refrigeración, envasado…) y de transporte y almacenaje. Para PwC, una de las debilidades de España es su estructura empresarial dividida y descoordinada. Esto se traduce en poca capacidad de cada sector para defender sus intereses. Hay empresas alimentarias, por ejemplo, que tienen su propia flota de camiones, otras que contratan a compañías de transporte externas o a transportistas que trabajan por su cuenta para estos sectores. «En la transformación tenemos una estructura dual, es decir, unas pocas empresas alimentarias muy grandes y muchas miles de pymes (…) Si consiguieramos una industria más concentrada y menos dispersa tendríamos más eficiencia en este punto».

Los súper, ¿un problema?

Pero sí de algo se está hablando estos días es de los supermercados. El Gobierno encendió la mecha al proponer una batería de medidas para reformar la Ley de la cadena alimentaria, debatir la venta a pérdidas (por debajo de los costes de producción) y evitar prácticas como la publicidad con productos como reclamo. Pedro Sánchez pidió «autocrítica» a la gran distribución, aunque el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha insistido en que la solución no pasa por un aumento generalizado de los precios, sino por un «reequilibrio» entre agricultores, fabricantes, supermercados y consumidores, según informa Efe.

Los últimos datos del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que publica la COAG hablan de una patata que cuesta en las tiendas 7,35 veces más que el precio que se les paga a los agricultores por kilo. El de la patata, el ajo, la cebolla y el repollo son los casos más llamativos, pero esta dinámica de precios se da en muchos productos. Tal y como argumenta José María Sumpsi en El País, «no se puede analizar la agricultura como un todo». Las frutas y hortalizas ahora atraviesan problemas de precios por un exceso de producción; el porcino, en cambio, vive un momento más dulce por el aumento de las exportaciones a China. «El problema es sumamente complejo como para culpar a la gran distribución», dice. Tampoco niega las «prácticas desleales» que se han visto en los súper.

De una forma u otra, el Gobierno quiere revisar la Ley de la cadena alimentaria de 2013 para incluir las prácticas de competencia desleal y evitar la venta a pérdidas. Aún así, la normativa actual fue alabada en su momento por las organizaciones agrarias y aceptada por los grandes supermercados. ¿Cuál es el problema? Que se «aplica poco y de forma no muy eficiente», dice Sumpsi.

Trump, el ‘veto ruso’ y el cambio climático

Los agricultores y ganaderos lidian también con factores geopolíticos que se les escapa de las manos. Los aranceles impuestos por Donald Trump en octubre al aceite, el vino o los quesos ya pasan factura. Según El País, las exportaciones de la industria olivarera se desplomaron en diciembre a 70.000 toneladas frente a las 85.000 de noviembre y las 106.000 de octubre.

Más antiguo es el ‘veto ruso’. En 2014, Rusia prohibió la entrada en su país de frutas, verduras, hortalizas o carne como represalia a las sanciones que se les impuso por el conflicto con Ucrania. España, según los datos recogidos por Efe, exportaba a los rusos en 2012 más de 132.000 toneladas de carnes y despojos. En 2014, esa cifra cayó drásticamente a las 2.000 toneladas y en 2015 quedó reducida a la nada. La fruta pasó de 162.000 toneladas anuales en 2012 a cerca de 100 por culpa de las restricciones.

El impacto del cambio climático en los sectores primarios inquieta a Europa y a los agricultores españoles. La ubicación de la península ibérica nos convierte en un país especialmente vulnerable a los cambios de temperatura. Menos lluvias, más sequías, inundaciones… Los vaivenes climáticos afectan a los cultivos, degradan el suelo y fomentan las plagas y las malas hierbas invasoras.

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