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Los grandes del turismo, contra Hacienda por impulsar una tasa aérea en plena crisis del coronavirus

Un avión despegando.

Un avión despegando. ep

El Gobierno da los primeros pasos para impulsar una nueva fiscalidad verde con impuestos ambientales de nueva creación. El Ministerio de Hacienda prepara nuevos impuestos para los plásticos de un solo uso y también pretende seguir a otros países europeos y lanzar un impuesto específico para el transporte aéreo para penalizar sus emisiones de CO2 y promover otros transportes menos contaminantes.

El Ejecutivo de momento sólo ha dado para abrir la consulta pública para que las partes afectadas por el nuevo impuesto especial a la aviación comercial se pronuncien. Pero la medida ya ha empezado a levantar ampollas. Y es que el sector turístico critica con dureza que Hacienda haya decidido plantear el nuevo tributo en mitad de la epidemia del coronavirus que ya está golpeando a las aerolíneas y a las empresas turísticas en general.

«El elegido es el peor. Sólo demuestra tener afán recaudatorio y se encubre con trasfondo ambiental», critica Exceltur

“El Gobierno ha demostrado una total falta de sensibilidad con el turismo en un momento en que atraviesa una situación difícil, por el golpe de la desaparición de Thomas Cook y en plena emergencia por la epidemia de coronavirus. Sólo demuestra tener afán recaudatorio y lo encubre con un trasfondo medioambiental”, critica José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, en declaraciones a El Independiente.

“El momento elegido es el peor. Así no parece que para el Gobierno el turismo sea una prioridad estratégica”, sentencian desde Exceltur, un lobby que agrupa a una treintena de las mayores empresas turísticas que operan en España. “Lo que debe hacer el Gobierno es tomar medidas de dinamización de un sector en problemas, y este tipo de medidas fiscales van en sentido contrario”.

Hacienda reconoce que la creación de este impuesto servirá para incrementar la contribución de los tributos medioambientales a la recaudación fiscal, en línea con las reiteradas recomendaciones de Bruselas y otros organismos internacionales. Pero el Gobierno subraya que el objetivo fundamental de gravar el transporte aéreo con un tributo verde específico es “fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente” y también ser un “incentivo para explorar nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes”.

Los hoteleros: «Es una temeridad»

La patronal hotelera española también critica los tiempos elegidos y considera “irresponsable” por parte del Gobierno plantear en “estos momentos de incertidumbre un impuesto al transporte aéreo, que sin duda tiene consecuencias directas en el sector turístico”.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) cuestiona que el debate sobre esta medida se abra en un momento de “gran inquietud para el futuro del sector turístico español y, especialmente para el hotelero, por la situación de conectividad en los archipiélagos  y la reciente crisis generada por los episodios de coronavirus detectados en varias provincias españolas y que tanta preocupación entre operadores y clientes ha generado”.

«Más que una medida de protección del medioambiente se busca una gran recaudación», dice Cehat

El presidente de los hoteleros españoles, Jorge Marichal, considera “una temeridad” proponer una nueva figura fiscal para gravar al  transporte aéreo, que es responsable del 2% de la emisión de CO2 a la atmósfera a nivel mundial y está concentrando grandes inversiones en mejoras tecnológicas (diseño de aviones y eficiencia de los motores empleados) para contener esa contribución. “Parece que más que una medida de protección al medioambiente se busca una gran y rápida recaudación, habida cuenta del volumen de pasajeros que mueve el sector aéreo en España y especialmente el vinculado al sector turístico”, explica Marichal.

Desde el Gobierno se contrapone la necesidad de tomar medidas dado que la aviación comercial ha duplicado sus emisiones de efecto invernadero desde 1990 en la Unión Europa, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, y se incrementarán hasta un 185% hasta 2040, según estimaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Las aerolíneas lo ven ineficaz

La patronal de las grandes aerolíneas que operan en España prefiere no valorar el momento elegido para lanzar la consulta pública, pero sí carga contra los planes del Gobierno por ineficaces y por sus consecuencias para el conjunto del sector tur´sitico.

“La experiencia demuestra que aplicar un impuesto en el uso del transporte aéreo no es la solución, no sólo porque no resulta eficaz para el objetivo que persigue de reducir emisiones, pues un impuesto no descarboniza, sino también por  el negativo impacto que tendrá en el turismo, principal motor de crecimiento de nuestra economía, y por tanto en la riqueza y el empleo de nuestro país», señalan fuentes de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Frente al movimiento “vergüenza de volar” –personas que renuncian a coger un avión por su impacto ambiental y optan por el tren o directamente descargan hacer grandes trayectos-, la industria aérea se contrapone que los esfuerzos del sector para ser más sostenible vienen de largo, que las mejoras en su eficiencia van a más y que toda la aviación mundial es responsable de sólo el 2,4% del total de emisiones globales.

Francia, Países Bajos y Bélgica, además de España, tienen planes para aplicar una tasa a las aerolíneas por sus emisiones. Y estos países han venido liderando una campaña para conseguir que la Unión Europea establezca tasas especiales a la aviación para gravar sus emisiones de CO2. Sea un impuesto específico a los billetes de avión, tasas en cada vuelo o impuesto especial sobre el queroseno, el debate utilizar la vía fiscal para frenar las emisiones aéreas está abierto.

Pero desde las patronales del sector se rechaza esta opción y se apuesta por otras medidas para reducir las emisiones vinculadas a la crisis climática sin penalizar el crecimiento y algunas que podrían tener efectos de manera acelerada. Y es que las compañías reclaman una reorganización del control aéreo y del diseño de las rutas para conseguir hacer vuelos más directos entre destinos, casi en línea recta frente a los rodeos que se dan actualmente, como una fórmula para recortar rápidamente el tiempo de vuelo, las distancias recorridas, el combustible consumido y, con ello, de las emisiones del sector.

Las compañías aéreas exigen poner fin al enorme retraso –de unos 15 años- que acumula la puesta en marcha del Cielo Único Europeo y se agarran a las propias estimaciones de la Comisión Europea sobre los beneficios ambientales de racionalizar el control aéreo continental y romper la fragmentación por países: su aplicación ahorraría más de 8 millones de toneladas de CO2 al año y permitiría un recorte del 10% de las emisiones.

Las patronales aéreas se quejan de que la fragmentación en organismos de control aéreo estatales, con diferentes organizaciones y con diferentes criterios, prácticamente les hace “volar en zig-zag” en lugar de establecer conexiones más directas. Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) española se cuantifica en 42 kilómetros de media por vuelo la distancia innecesaria que se recorre por no existir la posibilidad de vuelos más directos y sin rodeos.

“El sector aéreo lleva más de una década impulsando su lucha contra el cambio climático. Teníamos como objetivo mejorar un 1,5% anual las emisiones de los combustibles y estamos mejorándola un 2,3% cada año”, apuntaba hace unas semanas Rafael Schvartzman, vicepresidente para Europa de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), una organización que agrupa a 290 aerolíneas de todo el mundo.

La patronal global se ha marcado como objetivo reducir a la mitad las emisiones de CO2 de todo el sector en 2050 en relación a los niveles de 2005, se ha comprometido a que todo el crecimiento  de la industria aérea (sólo la operación adicional) sea neutro en emisiones desde este mismo año y asegura que las compañías aéreas tienen proyectos para compensar sus emisiones con inversiones por 40.000 millones de dólares (singularmente planes de reforestación).

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