El ministro de Consumo, Alberto Garzón.
El Gobierno ha impuesto un veto parcial en el sector de las telecomunicaciones a las portabilidades, los cambios de compañía en los que el cliente mantiene su número de teléfono. En los primeros días del estado de alarma, el Ejecutivo prohibió todas las portabilidades. Pero posteriormente relajó la restricción y abrió la mano con los cambios que no exigen mandar un técnico a casa del cliente (singularmente los cambios de compañía de móvil) para evitar posibles contagios.
Desde el Gobierno se insiste en que el objetivo de la medida es preservar la salud de los clientes y de los propios técnicos, y que se relajó la medida porque se consideró que vetar los cambios en que no era necesaria la asistencia domiciliaria les parecía que restringía demasiado el poder de decisión de los usuarios.
En paralelo, también están prohibidas las campañas promocionales especiales para la captación de clientes durante el estado de alarma y subir las tarifas en un momento en que la posibilidad del usuarios de dejar la compañía y pasarse a otra está limitada.
El Ejecutivo, en este escenario, ha decidido reforzar la vigilancia a las compañías del sector para asegurarse que cumplen con las restricciones comerciales impuestas. Una tarea que la Vicepresidencia de Asuntos Económicos de Nadia Calviño, que tiene entre sus competencias la regulación de las telecomunicaciones, ha encargado expresamente al Ministerio de Consumo, comandado por Alberto Garzón, según confirman varias fuentes gubernamentales.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, integrada en Economía, ha requerido al ministerio de Garzón que utilice todos los mecanismos de coordinación con las comunidades para la vigilancia del cumplimiento de todas las medidas. La petición expresa es que se persiga y, en su caso, se sancione los posibles incumplimientos de la normativa especial aprobada con motivo de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En este contexto de restricciones comerciales, las acusaciones cruzadas entre compañías se suceden. De momenta, la que acusa públicamente es la asociación de consumidores Facua, que carga contra Movistar y contra MásMóvil por presuntamente seguir captando clientes mediante una triquiñuela que aprovecha un vacío legal que deja la normativa actual.
Facua-Consumidores en Acción asegura haber comprobado que Telefónica (Movistar y 02) y el Grupo MásMóvil (MásMóvil, Yoigo y Pepephone) están "burlando la prohibición de las portabilidades" en el estado de alarma ofreciendo a los usuarios que se den de baja de su actual servicio de fibra para posteriormente pedir el alta en una nueva línea fija.
Un comportamiento que la organización considera un “fraude de ley” para eludir la normativa, ya que se sortearía la restricción con un paso intermedio realizado por el cliente y que implica mandar un técnico a su domicilio.
Facua ya ha trasladado al Ministerio de Consumo y a la Vicepresidencia de Derechos Sociales un escrito para alertar de las prácticas de MásMóvil y lo hará también con las de Movistar. Y la asociación también mandará un escrito al respecto a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El objetivo es que tanto el Gobierno como el supervisor aclaren al sector que esta aparente triquiñuela no está permitida o que el Ejecutivo modifique el real decreto para prohibirla más expresamente.
Ambas operadoras subrayan que cumplen la legislación actual y no se realizan portabilidades fijas. Desde Telefónica se indica que sus comerciales “tienen orden expresa de no tramitar altas en domicilios que ya tengan fibra óptica, y que de hecho, son ventas que no están incentivadas con ningún tipo de comisión durante el estado de alarma. En todo caso, si por inercia o por error se ha tramitado alguna, en cuanto el nuevo alta llegue al equipo técnico se parará y no será instalada".
Grupo MásMóvil apunta que “cumple escrupulosamente con todos los requisitos del real decreto” y “especialmente no estamos tramitando portabilidades de fijo”. “Permitir altas nuevas de fijo/internet sin portabilidad, no es solo nuestro criterio, sino criterio común de todos los operadores conforme al propio real decreto y todos los operadores nacionales las estamos tramitando”, indican fuentes de la compañía, pero subrayando que “en ningún caso, estamos promoviendo altas nuevas para portar el número fijo después de la crisis y así lo hemos comunicado a nuestros colaboradores y partners”.
El grupo de Yoigo y Pepephone subraya que “no estamos haciendo (a diferencia de otros) promociones agresivas de captación de clientes”; “no estamos haciendo campañas de TV de captación de clientes” y “no estamos haciendo llamadas salientes, sólo si el cliente lo pide”.
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