Economía

La nueva jefa de la CNMC: “Nunca habrá conflicto de interés. Ante cualquier duda me abstendré aunque la ley no lo exija”

El Congreso respalda la renovación de la cúpula del supervisor propuesta por el Gobierno y la próxima presidenta será Cani Fernández, que ha representado como abogada a grandes empresas y ha sido asesora del Gobierno los últimos meses.

La abogada Cani Fernández, futura presidenta de la CNMC.

La abogada Cani Fernández, futura presidenta de la CNMC. e. i.

La futura presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, Cani Fernández, acumula una enorme experiencia de tres décadas como abogada experta en derecho comunitario y de la Competencia en que ha representado o asesorado a multitud de grandes empresas nacionales e internacionales y, además, durante los últimos tres meses ha sido asesora de la Moncloa.

Para la primera circunstancia Fernández garantiza “nunca se producirá un conflicto de interés” y que se inhibirá “ante cualquier duda” de choque con sus anteriores labores como abogada en el bufete Cuatrecasas y porque su marido es socio director de un despacho especializado en competencia, Lexecon Compass. Y para la segunda, la de su efímera asesoría a la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, la futura jefa de la CNMC garantiza que “el denominador común de toda mi carrera ha sido la independencia de criterios”, y que así seguirá siendo.

El Congreso de los Diputados ha avalado hoy la propuesta del Gobierno para nombrar a cinco de los diez consejeros de la CNMC, dando un vuelco al equilibro de partidos que había hasta ahora (con dominio del PP) para que haya mayoría de miembros a propuesta del PSOE y a dar entrada en la cúpula del organismo a vocales propuestos por Unidas Podemos y por ERC.

A falta de que el Consejo de Ministros apruebe formalmente el nombramiento y que tomen posesión de su cargo, a propuesta del PSOE entran ahora la próxima presidenta de la CNMC s Cani Fernández, el  vicepresidente  Ángel Torres y la vocal Pilar Sánchez Núñez; a propuesta de Podemos será nombrado Carlos Aguilar, especialista en el sector audiovisual; y a propuesta de ERC será designado Josep Salas, experto en energía.

Todos los candidatos han defendido su independencia en relación a los partidos que los proponen y han reivindicado su autonomía en relación a los sectores económicos que tendrán que regular en la CNMC, frente a las dudas expresadas singularmente por PP y Vox. La futura presidenta ha tenido que ser la más explícita para defender su independencia respecto al Gobierno y respecto a los muchos clientes corporativos que ha tenido durante una carrera volcada particularmente en casos sobre competencia.

“Nunca habrá conflicto de interés. Ante cualquier duda me abstendré de conocer sobre el asunto. (…) Me abstendré voluntariamente incluso cuando la ley no lo requiera, yendo un paso más allá”, ha sentenciado Cani Fernández ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. “Los supuestos en que tendré que inhibirme son muy claros”.

En cualquier caso, la futura presidenta de la CNMC ha subrayado que, tras realizar un análisis personal sobre las posibles incompatibilidades y haberlo compartido con la Oficina de Conflictos de Altos Cargos, entiende que la incidencia en su labor será reducida. “No preveo un número significativo de asuntos en que habrá conflictos”. Una vez tome posesión del cargo tendrá que comunicar oficialmente ese listado de asuntos en que tendrá que inhibirse de manera preventiva.

La abogada ha decidido romper los lazos con el despacho Cuatrecasas, en la que era socia, y cuando tome posesión del cargo renunciará de manera efectiva a la excedencia laboral que aún le vincula con el bufete, según ha comunicado ya formalmente Fernández a su antigua casa.

En paralelo, Fernández ha subrayado que haber sido asesora de Moncloa, aunque haya sido sólo por tres meses, no puede ser considerado “como una tacha o un demérito” y que no sucede “en ninguna democracia de nuestro entorno”. El paso directo de Moncloa a la CNMC no supone ninguna incompatibilidad legal, aunque genera problemas estéticos evidentes porque la presidenta del supervisor ha de ejercer su labor con independencia en relación al Gobierno, según el artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Será su larga carrera profesional (y potencialmente también la de su marido en temas especialmente ligados a la competencia), la que hará que Fernández tenga que abstenerse en algunos expedientes cuando sea presidenta de la CNMC. Según fuentes jurídicas, esto ocurrirá cada vez que el órgano deba tomar decisiones relativas a fusiones de empresas o sanciones a compañías a las que Fernández asesoró en el despacho Cuatrecasas, por su cuota de «participación financiera».

También en los asuntos para los que la European Competition Network (ECN) pida opinión a la CNMC, como viene siendo habitual, puesto que Fernández tiene amplia experiencia en derecho comunitario y ha asesorado a importantes compañías, como ha podido ser en los sectores vitivinícola y sanitario de cara a Europa.

Las citadas fuentes del ámbito de la Competencia destacan la buena reputación de Rodríguez, una de las abogadas más reconocidas del sector, y recuerdan que anteriores presidentes de la CNMC también tuvieron que abstenerse en distintos asuntos porque tenían interés directo o indirecto respecto a éstos. La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establece que el presidente/a de la CNMC tendrá que abstenerse en aquellas cuestiones en las que tenga un interés propio, familiar o de cuestión litigiosa pendiente.

Fernández estaba al frente del equipo de Cuatrecasas que representaba a Mediaset en el expediente que abrió la CNMC tanto a este grupo de medios como a Atresmedia por cómo gestionaban su publicidad y que se saldó con una multa histórica de 77,1 millones de euros para ambos grupos. La futura jefa de la CNMC también representó a Uber en su pugna ante la justicia europea para determinar si su app más popular debía considerarse un servicio de transporte (y por tanto estar regulada por la normativa del sector, como exigía la industria del taxi de Barcelona) o sólo como un servicio de la sociedad de la información (como planteaba Uber y el bufete Cuatrecasas).

Tener intereses sobre compañías contra las que vaya a proceder la CNMC no impide el acceso a la presidencia. Sin embargo, las normas del órgano son férreas y sus miembros tienen una disciplina muy clara sobre cuándo deben participar o no en la toma de decisiones. Las sanciones por no abstenerse son muy duras y los altos cargos de la CNMC también son conscientes de que una invalidez de los acuerdos del Consejo por «vicio» en la votación pueden acabar en los tribunales, por lo que suelen respetar las normas.

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