Es la tercera batalla. La primera, la de la reforma laboral, se cerró con un acuerdo de mínimos entre patronal, sindicatos y Gobierno. La segunda, el Incremento del Salario Mínimo Interprofesional, con una fractura en el frente empresarial reacio a admitir un SMI de 1.000 euros. Ahora, comienzan los escarceos en frentes dispersos por toda España, por todos los sectores y bajo la amenaza de disparar la conflictividad laboral. La negociación de los convenios colectivos, -con las subidas salariales como reto fundamental-, en un escenario en el que el IPC está disparado y el poder adquisitivo de las nóminas menguado, amenaza con ser el gran pulso que incendie el diálogo social. La amenaza de huelgas y conflictividad ya está lanzada.
La curva de la inflación tiene gran parte de la culpa. En diciembre del pasado año el indicador del IPC arrojó cifras desconocidas desde hace casi tres décadas. La vida había subido un 6,5% respecto a la Navidad anterior. Pese a que en enero se moderó ligeramente, al caer al 6%, por el momento los visos de que la situación se reconduzca a la baja de manera pronunciada no se vislumbra. En esta situación, los sindicatos preparan ya sus plataformas para la puesta a punto de los sueldos, de las condiciones de trabajo y de los derechos de los trabajadores.
Hace meses que la patronal advierte del incremento de costes que las empresas vienen soportando. Incremento de costes en la energía, en las materias primas, en el transporte… Ahora a esa lista se sumará un aumento de los costes laborales a los que tendrán que hacer frente.
Sin duda, los incrementos de las nóminas serán el frente de batalla más difícil. En la UGT hablan ya de que el punto de partida de sus reclamaciones será un incremento del 5%. En Euskadi, el sindicato mayoritario, ELA, va incluso más lejos. Plantea llegar incluso hasta el 8,5%, pese a ser consciente de que ese porcentaje se deberá ajustar en función de las circunstancias reales de cada sector o cada empresa. Rebasar al menos la tasa de inflación con la que se cerró 2021 ya se consideraría un éxito.
Revisiones salariales
En el caso del País Vasco algunas de las recientes actualizaciones de convenios les dan esperanzas de que se puede lograr. Los convenios del Metal en Gipuzkoa o de la Construcción en Bizkaia demuestran que se han podido cerrar renovaciones de convenios con aumentos similares al IPC con el que se cerró 2021.
Es un escenario radicalmente nuevo. En el conjunto del país la mayoría de los convenios que se cerraron el año pasado lo hicieron con mejoras salariales muy alejadas de las que ahora se quieren plantear. Un estudio de la UGT que analiza 2.349 convenios arroja un incremento medio del 1,5%. El acuerdo de negociación colectiva cerrado con la Patronal había establecido el incremento en el 2%.
Ahora, UGT, CCOO y patronal comienzan a negociar el marco de juego para un acuerdo interanual. El plan es fijar las condiciones de los convenios de aquí a 2024. Mientras la UGT sí cifra en un 5% el ratio de actualización salarial, en CCOO por el momento prefieren hablar de la necesidad de recuperar las cláusulas de revisión salarial que habían desaparecido de muchos convenios. La reducción de la inflación registrada en los últimos años, hasta llegar a ser negativa, las había hecho innecesarias. “En esa situación se negoció subidas fijas, no revisables, porque el IPC no variaba apenas, pero ahora esa situación ha cambiado”, aseguran desde la central.
La semana pasada se celebró una primera reunión entre las partes y el 3 de marzo próximo hay previsto un nuevo encuentro. Desde la Patronal piden que los contactos sean entre los representantes de los trabajadores y los de las empresas, sin mediación del Gobierno. La clave estará en la evolución que el IPC tenga en los próximos meses y que puede condicionar sobremanera no sólo el papel del Ejecutivo sino también la disposición de la patronal a acceder a un ratio u otro de mejoras.
Amenaza de conflictividad
Un Gobierno que también ha manejado el indicador de acuerdo a sus necesidades. Las actualizaciones de las pensiones aprobadas por el Ejecutivo no se hicieron tomando como referencia el IPC de cierre de 2021 sino la media anual, que casi lo reduce a menos de la mitad: el 3,1%. Incluso movimientos de pensionistas, como el que semanalmente se manifiesta en Euskadi, recordaron que la referencia para actualizar sus pensiones debía ser la que marca el coste de la vida actual, no la media del año pasado.
Los sindicatos ya han comenzado a amenazar con la conflictividad, con las llamadas a movilizarse si el poder adquisitivo de los trabajadores no se recupera. La realidad es que las huelgas, al menos en años anteriores, no han sido un arma de reivindicación especialmente extendida por España. Tan sólo el País Vasco la mantiene como una herramienta de presión frecuente. El 42% de las huelgas el año pasado tuvieron lugar en Euskadi.
En gran medida responde a la estrategia de presión practicada por el principal sindicato, ELA. Al contrario que CCOO y UGT a nivel nacional y autonómico, la central nacionalista recela de la mesa de diálogo y llama a salir a la calle, a movilizarse para presionar en los procesos de negociación colectiva que ahora se ponen en marcha. Tiene preparado, incluso, un reforzamiento de la caja de resistencia.
Evolución de la inflación
El año pasado en los primeros diez meses de las 495 huelgas, 173 se celebraron en el País Vasco, seguida por las 75 de Cataluña y las 46 de Madrid. Ahora, todas las centrales amenazan con incrementar la conflictividad si no se da respuesta a sus reivindicaciones. Y no sólo en materia salarial, también de jornada de trabajo.
La amenaza de la conflictividad sobrevuela ahora el ámbito laboral y las relaciones entre sindicatos y empresarios. El Gobierno confía en que la economía permita dar un respiro a este difícil contexto para el acuerdo y los indicadores de inflación se moderen.
Por ahora, las centrales advierten, si no se cierra un acuerdo, llegarán las huelgas, las movilizaciones y las protestas y con ellas, un impacto añadido a la economía en defensa de los derechos de los trabajadores.
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