Economía | Funcionarios Tras la ruptura de las negociaciones del sector privado

Montero rehúye reunirse con los funcionarios para negociar su subida salarial

Hacienda frena el encuentro escudándose en la evolución descontrolada de la inflación y el impacto que tendría la actualización salarial de 2,5 millones de empleados públicos | CSIF ha convocado movilizaciones

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra / Europa Press

Preguntado si subirá el sueldo a los funcionarios, que están sufriendo la elevada inflación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contestó hace unas semanas que dependería del acuerdo que alcanzasen sindicatos y empresarios sobre el sector privado. «Ahora mismo sindicatos y empresarios están negociando ese acuerdo de rentas (…) y en función de ello veremos cuál es la evolución y la negociación que se articula respecto a los trabajadores públicos», aseguró en una entrevista a mediados de abril.

Un mes después, la negociación de los agentes sociales está rota. Han decidido posponerla hasta el año que viene ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo: los sindicatos querían que los trabajadores viesen actualizados sus salarios con la inflación, fuese antes o después, y los empresarios han rechazado de plano esa posibilidad. Ellos prefieren que las compañías, cuando negocien nuevos convenios, propongan a los representantes de sus trabajadores alzas salariales ligadas a la productividad y a los resultados, como explicó ayer CEOE.

A los funcionarios nunca les gustó la idea de Sánchez de vincular la revisión de sus sueldos a lo que sucediese en una mesa de negociación del sector privado, pero ahora, que se ha truncado el plan del Gobierno con el fin de esa mesa, exigen reunirse directamente con la ministra de su ramo, María Jesús Montero. La titular del Ministerio de Hacienda asumió también en julio la cartera de Función Pública, antes en manos de Miquel Iceta junto a la de Política Territorial -que ahora dirige Isabel Rodríguez-.

Pero la ministra lleva semanas rechazando un posible encuentro con los representantes sindicales de los funcionarios, según aseguran fuentes del CSIF. El Ministerio de Función Pública suele reunirse con los sindicatos antes de las vacaciones de verano para pactar la subida salarial que incluirá en los presupuestos generales del Estado, que se presentan en otoño. Así, el año pasado se decidió incrementar sus sueldos un 2% a partir de enero de este año -aunque la inflación media en España de 2021 fue del 3,1%-.

Precisamente este es el argumento al que se agarra el Ministerio de Hacienda: la inflación está tan desbocada que sería contraproducente subir salarios, porque provocaría aún más inflación. Los economistas consultados por este medio respaldan la teoría de que incrementar sueldos para igualar el encarecimiento de los precios da lugar a precios aún más altos, puesto que los empresarios tienden a repercutir este aumento de sus costes laborales en los precios de los productos y servicios que ofrecen, lo que conduce a que los sindicatos exijan más compensaciones salariales, y así hasta el infinito.

Variación del sueldo de los funcionarios anual en comparación con el IPC

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública, CSIF. El dato del IPC de 2022 es una estimación.

Fuentes del Ministerio aseguran que el Gobierno no puede permitirse contribuir a un alza aún mayor de la inflación -los precios en España fueron un 9,8% mayores en marzo que el mismo mes del año anterior, una subida no vista en casi 40 años, y en abril subieron un 8,4%-. Así, descartan una posible paga extra para los empleados públicos que compense la pérdida salarial de los últimos meses, como estos exigen.

En el Programa de Estabilidad que el Ejecutivo envió a la Comisión Europea a finales de abril, el Gobierno no contemplaba para los empleados públicos más que una subida de sueldo del 2%, la que ya recogió en los presupuestos de este 2022. Los sindicatos también han criticado que este documento recoja la citada alza salarial sin ningún tipo de conversación con ellos, ni de cara a este ni de cara a los próximos ejercicios. Es decir, que los funcionarios sufrirán una importante pérdida de poder adquisitivo.

Desde CSIF calculan que los funcionarios han perdido un 15% de poder adquisitivo desde 2010, por lo que desde entonces llevan contribuyendo al Pacto de Rentas, ajustándose el cinturón año tras año a pesar de la subida constante de los precios. En el gráfico adjunto puede observarse cuál ha sido el incremento anual de los precios en España y cuánto ha incrementado el Gobierno el salario de los funcionarios cada año.

«Hay un clamor, hay mucha preocupación. Y hay que tener en cuenta que en la Administración hay mucho mileurista», asegura un portavoz del sindicato a este periódico. Por eso, CSIF ha convocado movilizaciones el próximo 25 de mayo, y asegura que las protestas irán «de menos a más» si el Gobierno no escucha sus peticiones.

Ley del teletrabajo y temporalidad

Los sindicatos también protestan por la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que en el primer trimestre subió hasta el 32,5%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, critican la oferta de empleo público de este año, que consideran insuficiente, ya que el CSIF estima que se han perdido 54.000 empleos en los últimos 10 años y que en menos de 10 años se habrá jubilado un 60% de su plantilla.

Por otro lado, los sindicatos lamentan que el Gobierno les haya presentado su Plan de ahorro y eficiencia energética sin regular el teletrabajo en el sector público, pese a que debía estar regulado hace más de seis meses. El CSIF ha pedido repetidamente que se regule el teletrabajo ante la evolución del Covid. CCOO también pide al Gobierno una revisión del Estatuto básico del Empleo Público, para abordar lo relativo a sistemas de acceso, promoción y traslados, cualificación y clasificación profesional o formación; así como la actualización y reforma de determinados apartados del Estatuto Marco.

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