La inflación media en España este 2022 alcanzará el 8,1%, según los últimos cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que aglutina a 38 estados. Supone casi cinco puntos más de lo estimado en su último informe, con fecha de diciembre (+3,2%), y también estará cinco puntos por encima de la inflación media registrada en 2021 (+3,1%). Además, esta revisión no afecta solo a este año: la OCDE cree que en 2023 los precios aumentarán un 4,8% en el país, mientras que en diciembre creía que la subida de los precios se relajaría el próximo año (+1,5%).
Es la mayor previsión de inflación para este año hecha hasta ahora por una gran institución. El Banco de España cree que quedará en el 7,5%, o algo por debajo -publicará sus nuevas cifras este viernes-; la Comisión Europea apuesta por un 6,3% y el FMI por un 5,3%. El Gobierno no incluye estimaciones de inflación en su cuadro macroeconómico.
En su Economic Outlook, publicado este miércoles, la organización también revisa a la baja el crecimiento que estima que experimentará el PIB español este año. Si en diciembre creía que sumaría un 5,5%, ahora lo recorta 1,4 puntos, hasta el 4,1% para este año. También mete la tijera en el PIB de 2023, que hace unos meses creía que crecería un 3,8%, para reducirlo hasta el 2,2%.
El crecimiento será menor del esperado este año, aunque seguirá siendo fuerte, por culpa de la creciente incertidumbre, la alta inflación y la demanda externa, más lenta. Del lado contrario, los ahorros acumulados durante la pandemia, las ayudas del Gobierno para combatir los efectos de la guerra, la recuperación del empleo y los fondos europeos Next Generation apoyarán el consumo, y el turismo también apoyará el crecimiento, afirma el organismo.
Entre los motivos para recortar el crecimiento del PIB de este año está la variante ómicron del Covid, la fuerte inflación y la guerra de Ucrania, que llevaron a que el producto interior bruto español creciera menos de lo esperado en el primer trimestre de 2022, y a que aún continúe por debajo de los niveles prepandemia. Además, la confianza de los consumidores y de las empresas se ha deteriorado, y los indicadores de actividad de las del sector industrial y del sector servicios muestran que desde marzo se está ralentizando.
La OCDE también pide un pacto de rentas
La OCDE espera que la inflación se modere en 2023, asumiendo que las subidas de precios se trasladarán a los salarios solo de forma moderada, y que, por tanto, no se generará una espiral de inflación. Sin embargo, sí cree que la inflación seguirá alta "por el impacto del embargo del petróleo ruso por parte de la UE" y advierte del riesgo que supondría que los sueldos suban al ritmo de los precios.
Advierte de la "importancia de un acuerdo entre los agentes sociales para prevenir una espiral de precios"
"Hay riesgo de que una mayor inflación se enquiste si se producen más alteraciones en el mercado de la energía o si hay un mayor traspaso entre los precios y los salarios", advierte. En ese sentido, subraya la importancia de un pacto de rentas para repartir la carga de la inflación y al mismo tiempo prevenir una espiral de precios.
"El porcentaje de convenios de salarios con cláusulas de indexación continúa siendo moderado, pero está subiendo, lo que subraya la importancia de un acuerdo entre los agentes sociales para compartir la carga y prevenir una espiral de salarios y precios", asegura el informe. En el primer trimestre, los sueldos sujetos a convenio subieron un 1,3%, constata el texto, lo que supone un aumento "moderado", gracias a que los convenios se negocian cada varios años y a que las cláusulas que vinculan salarios e inflación no están muy extendidas.
El Banco de España también ha pedido un pacto de rentas entre los sindicatos y los empresarios para evitar que suban aún más los precios. La teoría económica detrás es la siguiente: en un contexto de precios altos, los sindicatos exigen a los empresarios que incrementen los sueldos de los trabajadores para evitar que pierdan poder adquisitivo. Pero si lo hacen, los empresarios podrían aumentar al mismo tiempo los precios de los productos y servicios que venden, para compensar el incremento de coste que les conlleva subir salarios, lo que llevaría a más inflación, y a que los sindicatos pidiesen más alzas salariales, en un bucle sin fin.
Por eso, una forma de limitar una posible espiral inflacionaria sería que los agentes sociales firmasen un pacto de rentas, que "repartiese" la pérdida de poder adquisitivo entre unos y otros. Los sindicatos, porque aceptarían que los sueldos de los trabajadores subiesen menos que la inflación, y los empresarios, porque consentirían reducir sus beneficios por el bien de la situación económica del país. En este contexto el Banco de España también ha pedido que las pensiones no suban con el IPC, como debe hacerse por ley, de manera que al menos los jubilados con mayores prestaciones también se ajusten el cinturón.
Por otro lado, la OCDE afirma que el acuerdo con Bruselas para limitar el precio del gas -que afecta al precio de la energía en España, y que se espera que tenga efectos este mes de junio- puede ayudar a contener la inflación. Pero al mismo tiempo advierte de que siguen existiendo multitud de riesgos que pueden repercutir tanto en el crecimiento como en los precios: desde que la guerra en Ucrania escale a que se produzcan más brotes de Covid-19. En el sentido contrario, un uso mayor que el esperado de los fondos europeos podría impulsar el crecimiento al alza, asegura.
Pide un plan fiscal para reducir déficit y deuda
El informe de la OCDE reconoce que este menor crecimiento, y mayores precios, que afectan a la economía española tienen que ver con factores coyunturales. Los altos precios de la energía, la incertidumbre y los cuellos de botella -es decir, los problemas que afectan a las cadenas logísticas a nivel mundial- son consecuencia de la guerra de Ucrania. Y en parte estos efectos adversos se reducirán gracias al paquete de medidas aprobado por el Gobierno en marzo, el despliegue de los fondos europeos, la menor incertidumbre relacionada con la pandemia y la recuperación del turismo.
Mientras tanto, no obstante, insiste en que el Gobierno debe diseñar ayudas para hacer frente al efecto de los altos precios de la energía, que sean temporales y bien dirigidas, como también ha pedido el Banco de España en su último informe anual. "La política fiscal, que se espera que siga apoyando a la economía en 2022 y 2023, debería equilibrar una retirada progresiva de los apoyos con medidas bien dirigidas y apoyos temporales para proteger a los hogares y empresas vulnerables a la alta inflación", explicita.
Asimismo, no le parece que la situación sea una excusa para retrasar más los deberes, y pide una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo, como también ha exigido la AIReF, para empezar a reducir el déficit y la deuda. Por otro lado, recuerda que España debe continuar dando pasos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte y sus edificios, y que debe seguir reduciendo, más rápido de como lo está haciendo, su dependencia de los combustibles fósiles para poder cumplir con los objetivos de descarbonización e incrementar su seguridad energética.
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