El Gobierno ya ha dictado sentencia con la OPA hostil lanzada a primera de la mañana por parte de BBVA. La entidad dirigida por Carlos Torres ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que quiere adquirir Banco Sabadell con las mismas condiciones que había ofrecido la pasada semana. Para poder ejecutarse, la operación deberá contar con el apoyo del 50% de los accionistas de la entidad catalana.

Con todo, fuentes del Ejecutivo indican que "rechazan" las formas en las que BBVA ha gestionado esta operación y muestran su oposición a que la posible fusión se lleve a cabo de esta manera.

Las mismas fuentes remarcan que "la operación introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español". Desde Moncloa se sostiene que si salen adelante las intenciones de BBVA "supondría un incremento en el nivel de concentración que podría tener impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros".

Por otra parte, las mismas fuentes lamentan que si se produce esta fusión se produciría "un excesivo nivel de concentración" e introduciría "un riesgo potencial" a la estabilidad financiera de España.

El Gobierno, además, va más allá de lo que supone la operación en términos financieros y empresariales. El Ejecutivo de Pedro Sánchez esta operación también la mira con tintes políticos y asevera que podría afectar "a la cohesión territorial".

En esta ocasión, las dos formaciones que conforman el bloque de Gobierno (PSOE y Sumar) mantienen la misma postura. Si bien los pensamientos empresariales entre socialistas y el partido dirigido por Yolanda Díaz no suelen ir en la misma dirección, fuentes de ambos partidos, indican a este periódico de la "dificultad" que entraña la OPA lanzada por BBVA.

En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido este jueves de que la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil lanzada por BBVA sobre el 100% del Banco Sabadell es una operación "contraria a los intereses de España".

"Destruiría mucho empleo, provocaría exclusión financiera y más oligopolio", ha alertado Díaz en sus redes sociales.

Nueva injerencia

La actividad empresarial se ha acelerado en los últimos meses y, sobre todo, coincidiendo con la nueva legislatura. El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que tomar decisiones de calado en varios sectores estratégicos para la economía española.

El principal caso es el de Telefónica. El Gobierno, ante las intenciones de STC, tomó la decisión de irrumpir en el accionariado de la compañía. Este miércoles comunicó que ya ostenta el 7% del capital social y ya tiene representación en el consejo de administración.

En el sector energético también está vigilante ante la crisis de gobernanza en Naturgy. Emiratos Árabes, a través de su mayor eléctrica, está dispuestas a irrumpir en el accionariado, una vez que GIP y CVC (dos fondos accionistas de la energética) quieran marcharse de la empresa.

Talgo, que está a la espera de ser opada, es otra de las empresas con las que el Gobierno ha tenido que tomar una decisión. Para el Ejecutivo, al igual que Naturgy o Telefónica, es una empresa estratégica y tomará una decisión al respecto.