La detención de Leire Díez practicada este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vuelve a poner el foco sobre la 'fontanera' del PSOE. Tras trabajar como directora de comunicación en la empresa pública del uranio (Enusa), pasó a ser directiva de Correos, entonces dirigida por Juan Manuel Serrano, el que había sido jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la ejecutiva del PSOE.

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Correos depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público que cuelga del Ministerio de Hacienda y en cuyas instalaciones se personaron este jueves agentes de la Benemérita en busca de documentación. La investigación de la Audiencia Nacional que parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción permanece secreta.

Pero fuentes conocedoras de la dinámica interna de la SEPI relatan que al holding público que preside Belén Gualda desde marzo de 2021 llegó una queja interna desde el ámbito de Correos en el que se ponía en cuestión las contrataciones que realizaba la compañía pública durante la etapa de Leire Díez.

Entre directivos de la época en la empresa pública existían "sospechas" de sus relaciones con proveedores de la red de oficinas. Además, aseguran que Sepi llegó a intervenir en algunas cuestiones en contra del criterio de Díez. Fuentes del holding público no han respondido a las preguntas trasladadas por este medio.

Existe una querella, presentada recientemente por Vox y a la espera de admisión a trámite, en la que se incluye una doce de contratos 'sospechosos' que fueron rubricados por Correos durante la etapa de Serrano como presidente, en la que Leire Díez ocupó puestos de responsabilidad en la compañía.

Cabe recordar que Díez permaneció en Correos durante dos años, entre febrero de 2022 y el mismo mes de 2024. Allí ejerció, primero, de subdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales; y, posteriormente, de subdirectora de Filatelia. También estuvo una época al frente de la red de oficinas.

Fuentes del partido apuntan a que la demanda pone el foco sobre contratos que se adjudicaron en la etapa que se inició en 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y el nombramiento de Serrano para encabezar la sociedad estatal postal, y 2023, cuando fue destituido. "Sepi se mostró impotente con Serrano en los desmanes hasta que Moncloa lo cesa y pone a Pedro Saura", añade un alto cargo de la empresa postal que pide guardar el anonimato.

Rutas en Airbus

Entre los contratos que cita la denuncia se encuentra el de transporte aéreo de mercancías, rubricado con la empresa Evelop Airlines (Iberojet), perteneciente al conglomerado de Ávoris, propiedad de Barceló y la cual formó parte del proceso de fusión de activos con Globalia que se realizó en 2021.

El partido apunta a las presuntas irregularidades de este acuerdo comercial, sobre el que apenas se ofreció información acerca del coste de cada ruta de los Airbus A330 que iban a realizar estos trayectos. Cabe destacar que, según publicó The Objective, Correos Cargo denunció hace unos meses a Ávoris ante los tribunales por el incumplimiento de este pacto y le reclamó una indemnización de 28 millones de euros.

El departamento de Asuntos Jurídicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales -explican fuentes de Correos- llegó a solicitar la corrección de diferentes aspectos formales de este contrato a la entidad pública presidida por Serrano, ante las deficiencias que contenía el acuerdo inicial.

Consultoría de Sortis

Otro de los contratos sobre los que pone el foco la querella de Vox es el que rubricó la empresa postal en 2021 con Sortis S.L., que ascendía a 2 millones de euros y que contemplaba la realización de diferentes trabajos de asesoría de telecomunicaciones.

La adjudicación a Sortis por parte de Correos generó polémica, puesto que esta empresa cuenta con una compañía hermana en Panamá, denominada Sortis Networks Panamá, que fue constituida en el año 2014. Comisiones Obreras denunció que el contrato había sido adjudicado "a dedo", y en un comunicado dirigido a Serrano el sindicato se preguntaba "si era decente" darle dos millones de euros a una consultora vinculada a un paraíso fiscal.

Otro de los contratos que se menciona en el cuerpo de la denuncia es el que se adjudicó en 2019 a Innova Next, una consultora tecnológica perteneciente al Grupo Barrabés, es decir, propiedad del amigo personal de Begoña Gómez. Las sospechas apuntan a la forma en la que se resolvió la licitación y la presunta subjetividad que utilizó Correos para asignar ese servicio, cuyo presupuesto era algo menor a los 200.000 euros.

Desde Vox apuntan a que en la demanda también se hace referencia al contrato de limpieza que se firmó en 2022 con la empresa J. Córdoba S.L., que motivó una serie de desajustes en varias sedes territoriales de Correos (varias provincias incluidas Cantabria, Galicia, País Vasco y Navarra) que motivaron fuertes protestas sindicales.

La empresa se vio obligada a romper ese acuerdo ante el impago continuado de nóminas y otros incumplimientos del pliego de condiciones, entre tensión con los representantes de los trabajadores y problemas internos.

Según relatan a El Independiente fuentes de la época al tanto de las dinámicas entre Sepi y Correos, el holding público fue el que conminó a la empresa postal a zanjar esa relación contractual y buscar una alternativa hasta que se solucionase el consecuente embrollo jurídico. La idea que manejaba la dirección de la compañía era elevar el importe a pagar por el contrato a la empresa en cuestión. Una revisión de precios que Hacienda negaba para el resto de contratos públicos.

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