La sombra de la corrupción agrava la agonía de Tubos Reunidos

La suya es una historia centenaria en la que a los éxitos le han sucedido, en muchos casos, periodos de gran debilidad. Pero ninguno como el que atraviesa hoy, 134 años después de su fundación. La pervivencia de Tubos Reunidos pende de un hilo. La compañía alavesa, dedicada a la fabricación de tubos de acero sin soldadura, atraviesa graves dificultades económicas que la han colocado al borde del precipicio. Desde el pasado mes de mayo de 2026, la empresa se ha declarado en concurso voluntario de acreedores, incapaz de soportar y hacer frente a sus deudas y con el futuro de su plantilla en el aire.

La alta conflictividad sindical, las huelgas y la fractura interna de la plantilla no están ayudando a reorientar una situación que se complicó de modo definitivo por los aranceles impuestos por el Gobierno Trump en Estados Unidos. El mercado estadounidense era uno de los principales destinos de sus exportaciones, pero la aplicación de sobrecostes al acero redujo al extremo los márgenes comerciales y, con ellos, los beneficios de una difícil situación por la que ya atravesaba la compañía vasca.

Deudas, ERE y concurso de acreedores

Como consecuencia, el año pasado perdió 71 millones de euros, lo que precipitó que la dirección planteara un ERE inicial de 301 empleos a repartir entre sus dos plantas: la alavesa de Amurrio y la vizcaína de Trapagaran. Con el tiempo, el ajuste se redujo a 240 puestos. Por el momento, el administrador concursal, la consultora PKF Attest, ha frenado la reducción de plantilla y continúa trabajando para atraer nuevas inversiones industriales que permitan reflotar la sociedad.

Actualmente, la deuda acumulada supera los 263 millones de euros y, aunque se busca un socio solvente de forma urgente, los administradores sí han asegurado a los trabajadores que cuentan con liquidez para pagar las nóminas hasta el mes de septiembre.

La imagen de los agentes de la UCO entrando en sus oficinas ha sido el último revés a la mala situación de la compañía. Junto a ella, la Guardia Civil también ha accedido en las oficinas de la SEPI en Madrid para recabar informacion sobre este caso.

Rescate de la SEPI: 112,8 millones

Las investigaciones judiciales promovidas por la Audiencia Nacional amenazan con ser la puntilla a su delicada situación. En julio de 2021, la compañía fue auxiliada por el Gobierno a través de un rescate de la SEPI de 112,8 millones de euros de fondos públicos. Aquella inyección financiera supuso un alivio momentáneo que no impidió la crisis actual y por la que, además, la compañía podría enfrentarse a graves problemas penales.

El juez Santiago Pedraz investiga si Tubos Reunidos incurrió en irregularidades delictivas en su presunta relación con la trama ‘Hirurok’ (‘los tres’, en euskera), que habría liderado Santos Cerdán junto a Leire Díez y el empresario Antxón Alonso.

Esta mañana la Guardia Civil (UCO) ha entrado en las oficinas de Tubos Reunidos en Bilbao y en las instalaciones de Amurrio para buscar documentación. La diligencia forma parte de una pieza separada que intenta esclarecer la intermediación de esta red entre sociedades públicas y administraciones para la obtención de ayudas a cambio de presuntas comisiones o pagos de mordidas. Entre las operaciones bajo sospecha destaca una supuesta contraprestación detectada por la UCO de 114.950 euros a través de la mercantil Mediaciones Martínez para desbloquear el rescate.

Sospechas sobre la venta de activos inmobiliarios

La nueva línea de investigación en marcha es posterior al rescate, pero está directamente relacionada con él. El juez quiere conocer las condiciones en las que la SEPI autorizó una operación patrimonial de Tubos Reunidos, después de haber sido rescatada, para la venta de un inmueble y terreno y si vinculada a ella pudo haberse producido un desvío de hasta 10 millones de euros a la trama política.

En concreto, se investiga cómo se llevó a cabo la operación por la que la SEPI habría autorizado a Tubos Reunidos a vender un inmueble y terrenos por valor de 15 millones de euros. La investigación cita una reunión clave que se habría celebrado el 13 de noviembre de 2024 en la sede del PSOE en Ferraz, a la que presuntamente asistieron Santos Cerdán, Leire Díez y dos altos directivos de Tubos Reunidos. Lo que la UCO trata de acreditar ahora es si existió una relación directa entre la mediación de la trama, la venta de los activos inmobiliarios de la empresa y el presunto desvío del dinero obtenido hacia el circuito económico de la red corrupta.