La noticia de la semana en el sector de la defensa ha vuelto a girar en torno a Indra y Santa Bárbara Sistemas. Ambas empresas, enemistadas desde hace un par de años, han acercado posturas para sellar una paz definitiva después de que Santa Bárbara elevase a la Audiencia Nacional los programas de artillería autopropulsada de 7.200 millones de euros que el Gobierno adjudicó a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Este programa distanció todavía más a las empresas de defensa, pero la hostilidad empezó tiempo antes, cuando se vieron partícipes en el consorcio Tess Defence, fabricante de los cuestionados vehículos Dragón 8x8.

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Sin embargo, un salto al vacío del expresidente Ángel Escribano para tratar de adquirir Santa Bárbara terminó de dinamitar las relaciones entre las compañías. La situación no se quedó solo en España, ya que el movimiento unilateral de Escribano despertó el recelo estadounidense de la gigante General Dynamics, propietaria de Santa Bárbara. Pero la maniobra también animó el la desconfianza del Gobierno, que en un afán de depender cada vez menos de Estados Unidos, de donde proviene la propiedad de Santa Bárbara, otorgó a empresas nacionales, algunas sin experiencia ni capacidad probada, la tarea de fabricar vehículos militares multimillonarias.

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En este sentido, desde el Gobierno de España se interpretó que otorgar a Indra y EM&E los programas de artillería traían un beneficio doble: se impulsan las empresas llamadas a fusionarse para construir el 'campeón nacional de defensa', y a la vez, se dan pasos hacia la desconexión militar con Estados Unidos. Pero ahora, la renovada cúpula de Indra liderada por Ángel Simón y Josep María Recasens se ha propuesto conciliar la situación con Santa Bárbara. De esta manera, según adelantó Expansión y ha podido confirmar El Independiente, las compañías están ultimando la creación de una joint venture para los programas de artillería autopropulsada.

Ángel Simón, presidente no ejecutivo de Indra | Alberto Ortega / Europa Press

Lo que está claro, y que confirman varias fuentes a este medio, es que la estrategia de Indra de ondear la bandera blanca ha sido impulsada directamente por el Gobierno. "Es un movimiento completamente político para evitar un mal mayor", aseguran. La clave de la paz entre Indra y Santa Bárbara se basa sobre un llamado de atención proveniente del Ejecutivo a Ángel Simón ante el peligro de que la pugna pueda afectar a la industria nacional. La idea consiste en asumir un coste. Se trata de pasar por peaje para evitar un coste mayor ya que en caso de que el la pugna se judicialice, podrían peligrar otros programas militares del ministerio de Margarita Robles.

Cada acuerdo que se firma en la industria de defensa está siempre cargada de una fuerte influencia política. Desde las fragatas de Zapatero para Venezuela, hasta las embarcaciones de Arabia Saudí. Cada decisión en la industria tiene un marco eminentemente político. En los mismos términos se han definido las negociaciones entre Indra y Santa Bárbara, pues ante unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, un nuevo huésped en la Moncloa podría cambiar la situación por completo.

Fuentes consultadas señalan que un gobierno del Partido Popular y Vox se podría poner a favor de Santa Bárbara Sistemas para llevar la contraria al gobierno actual. Esto es porque el PP se ha mostrado muy crítico con la mano que ha tenido Moncloa dentro de la cúpula de Indra. El Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene un 28% del accionariado de la tecnológica y le posiciona como el agente con más poder en Indra gracias a sus tres consejeros delegados. El Gobierno fichó a Ángel Escribano para la presidencia de Indra mientras posicionaba a Marc Murtra al frente del Grupo Telefónica. 14 meses después, el mismo Ejecutivo que aupó a Escribano, le instigó a dimitir y elevó al cetro presidencial a un hombre de la confianza del Partido Socialista de Cataluña, Ángel Simón.

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano Ruiz (d) y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos (i).
El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano Ruiz (d) y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos (i). | EFE/ Eloy Alonso

La mano larga del Gobierno en la tecnológica ha llevado al PP a desconfiar de la estrategia que se está llevando en Indra, pues en solo dos años ha habido tres presidentes al frente en la empresa llamada a ser 'campeona nacional de defensa'. Así, con varios frentes abiertos en torno a Indra (comparecencias del Gobierno solicitadas por el PP, falta de fábricas para vehículos terrestres, pugnas judiciales con el sector), Moncloa dictó a Ángel Simón - de perfil político- el inicio de conversaciones con Santa Bárbara, algo que el mismo José Vicente de los Mozos intentó después de la dimisión de Escribano. Las mismas fuentes relatan que el hermano mayor de los Escribano era una pieza más independiente y menos política, por lo que el Gobierno esperó a situar a Simón en la presidencia para cortar de raíz el conflicto judicial y sellar la paz.

Los Escribano, fuera de Indra, pero con voz

Aunque se sobreentiende que esta joint venture podría desbloquear la guerra judicial, en ciertas áreas del gremio no se termina de comprender del todo el movimiento empresarial. "Nadie sabe nada realmente del acuerdo, tiene muchas aristas", apunta una fuente a este medio, mientras otras señalan que se está contemplando la opción de que Indra Land Vehicles sea la propietaria del 51% del nuevo consorcio, y Santa Bárbara se sitúe en un 49%. Pero también aflora otra posibilidad donde entraría un tercer actor. Se trata de EM&E, cuyos propietarios, los hermanos Escribano, fueron protagonistas de la etapa más crispada con Santa Bárbara tras el intento de compra por parte de Ángel.

La compañía madrileña, ya fuera del accionariado de Indra tras la venta de su 14,3%, se encarga de fabricar las estaciones de armas de los obuses, por lo que su opinión también se ha de tener en cuenta en las negociaciones. De esta manera, las mismas fuentes también señalan que se contempla la creación de una empresa conjunta en la que se incluyan a los Escribano, que siguen viendo con buenos ojos la fusión con Indra. Así, la segunda opción quedaría con Indra con un 40%, Santa Bárbara con un 30% y EM&E con otro 30%. Sería la nueva Tess Defence, pero sin la participación vasca de Sapa Placencia.

Némesis, de Santa Bárbara
Némesis, de Santa Bárbara | SBS

Otra parte que todavía se encuentra en el aire, según señalan las fuentes consultadas, es sobre qué plataforma se decidirán realizar los obuses. Ya no solo si se usará la base Ascod de General Dynamics European Land Systems, sino si la mano de Santa Bárbara se extenderá también a los obuses de cadenas, pues Indra ya tiene un acuerdo de cooperación tecnológica firmado con la surcoreana Hanwha para fabricar el obús K9 para el contrato de 4.500 millones de euros. Así, el contrato de artillería de ruedas, que está valorado en unos 2.700 millones, ofrece más apertura para recibir la solución del Némesis de Santa Bárbara Sistemas.

El escollo surcoreano de Escribano y el Ministerio de Defensa

Toda una delegación coreana de Hanwha se reunió el pasado marzo en la sede de Alcobendas (Madrid) de Indra con los máximos ejecutivos de la compañía y de las Fuerzas Armadas para firmar la cooperación industrial que permitiría a la tecnológica fabricar los K9 coreanos para el programa de cadenas de 4.500 millones de euros. "Hoy es un día feliz", aseveró el Director General de Armamento, Aniceto Rosique, después de producirse la firma en una foto que recogía a unos ya distanciados Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos. De esta manera, el Ministerio de Defensa defendía con vehemencia que la solución coreana era la mejor situada para sustituir los M109 del Ejército de Tierra. De la misma manera se mostró Escribano, De los Mozos y Frank Torres, máximo directivo de la división terrestre de Indra.

Es por eso que la firma de marzo con Hanwha, una de las empresas de defensa más grandes del mundo, se presenta como un escollo en medio de las negociaciones entre Indra y Santa Bárbara. En caso de que se cancele el acuerdo con la surcoreana, podría haber una penalización a Indra por desistimiento, según señalan las fuentes del sector. De momento, sin saberse en qué contratos se establecería la nueva joint venture, la parte surcoreana también se añade al batido de negociaciones por los milmillonarios programas. Ya se cuentan con cinco actores: Indra, Santa Bárbara, los Escribano, Hanwha y el Gobierno. De fondo, la lupa del Partido Popular.