El trayecto de las pymes hacia el abismo financiero debe detenerse antes de que sea demasiado tarde. Consciente de ello, el Gobierno trabaja junto al sector bancario para lograr este complejo objetivo mientras la resistencia de las empresas españolas se acerca cada vez más a su límite. La pandemia ha dejado al sector empresarial tocado y, en el caso de determinadas actividades, con los ingresos congelados y con un endeudamiento que crece cada día más, por lo que el tiempo apremia.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno han servido de apoyo para que las empresas en problemas obtuvieran la liquidez que necesitaban para seguir adelante pese a la paralización de la actividad económica y las restricciones. Entre ellas, la iniciativa estrella fue la puesta a disposición de unos 140.000 millones de euros como avales a la financiación concedida por los bancos.

Medidas como esta han evitado que las empresas se desangraran en los primeros meses de la pandemia, pero han tenido como efecto colateral un aumento de su deuda que está empezando a preocupar a muchas empresas, a pesar de que los periodos de carencia se ampliaron recientemente. En esta situación, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez tiene varias alternativas para salvar a las pymes de la quiebra.

Ayudas directas

La medida que más está resonando en estas últimas semanas es la vía de las subvenciones, especialmente desde que se conoció un informe del Banco Central Europeo (BCE) que sitúa a España entre los países que menos ayudas directas han canalizado a las empresas desde la llegada de la pandemia.

Nadia Calviño, vicepresidenta económica, ha calmado recientemente los ánimos al anunciar que el Gobierno prevé aprobar en marzo la puesta en marcha de ayudas directas. Días antes, Ana Botín, presidenta de Santander, fue una de las primeras voces autorizadas que reclamó esta medida.

Los empresarios esperan como agua de mayo la llegada de estas ayudas, que serán posibles gracias a que la Comisión Europea revisó hace unos días el marco comunitario de ayudas de Estado. El Gobierno está reformando el marco legal existente para poder aumentar el importe de las ayudas directas a los costes fijos de las empresas desde los 800.000 por compañía que permite la Unión Europea hasta 1,8 millones, como informó Europa Press.

El papel de los bancos en la puesta en marcha de esta medida es ayudar al Ejecutivo a identificar las empresas que son viables, algo para lo que el mejor momento «puede ser el verano», cuando ya existirá «una imagen de cuál es el panorama del tejido productivo», como explicó Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, el pasado viernes.

Quitas de deuda

Hace ya tiempo que el Banco de España aboga por las reestructuraciones de deuda como alternativa a valorar para proteger a las empresas viables que están teniendo problemas por la pandemia. Entre las vías para hacerlo están las quitas de deuda, un tema que el sector financiero evita por el momento mientras insiste en la necesidad de poner en marcha cuanto antes las ayudas directas.

Claro que, en este escenario, sería necesario que tanto el Instituto de Crédito Oficial (ICO), responsable de las garantías estatales a la financiación de estas empresas, como la banca llegaran a un acuerdo sobre cómo se asumen las pérdidas que acarrea esa quita.

Una medida que, en opinión de los representantes de las pymes, serían una buena opción para la fase de recuperación, pero más adelante. «Todavía falta mucho camino por recorrer y son necesarias diferentes medidas hasta entonces», opina Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme.

«Si no se aprueba con el adecuado rango legal un procedimiento claro, objetivo y transparente para la concesión de quitas, no parece viable reestructurar deudas avaladas por el ICO que supongan una quita para dicha institución (…) Lo que sí parece factible es la reestructuración por parte de un banco de la parte no avalada de un préstamo que cuenta con el aval del ICO», explica Antonio Carrascosa, exdirector del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en su estudio La gestión de la morosidad bancaria en la crisis del coronavirus.

En los conocidos como créditos ICO, el Estado avaló entre el 70% y el 80% de los créditos a compañías en problemas tras llegar a un acuerdo con el sector financiero, si bien en estos momentos existe el debate sobre si, en el caso de que se aprobaran quitas, los bancos deberían asumir esa proporción o toda la carga debería recaer en el Estado. En todo caso, los bancos pueden colaborar en el papel clave de identificar qué empresas son viables basándose en su situación de solvencia y sus perspectivas.

Ejecutar los avales del ICO

Aunque por el momento los periodos de carencia de los préstamos con aval del ICO son de dos años, el Gobierno debe tener presente que puede tener que ejecutar las garantías en caso de impago. No en vano, para eso se concedieron.

En esta situación, ante un impago (situación que llega cuando hayan pasado tres meses sin pagar desde el vencimiento) las entidades solicitarían al ICO el porcentaje de aval sobre el importe que no se ha abonado y este efectuaría su pago a medida que se produzca el impago de cada cuota, no de una sola vez incluso aunque el banco cancele toda la operación, como explica Carrascosa en el citado estudio.

La comunicación de la información sobre las operaciones impagadas se efectúa trimestralmente desde las entidades al ICO y este tiene dos meses desde que la recibe para realizar el pago a los bancos.

Préstamos participativos

El Estado también tendría la opción de entrar en el capital de las compañías con alto endeudamiento en lugar de condonarles directamente lo que deben pagar. Una opción viable en el caso de grandes empresas, pero muy complicada de gestionar en las pymes.

Para ello existen los préstamos participativos, una opción a caballo entre la inyección de capital y el préstamo que en España concede Enisa, una empresa dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se trata de una suerte de créditos que tienen un interés variable ligado a la marcha de la empresa y otro fijo que se determina al inicio del préstamo.

Las ventajas son que el tipo fijo suele ser inferior a los intereses habituales de préstamos a empresas y que tienen un plazo de amortización mayor, de forma que su devolución se puede alargar a diez años, y un periodo de carencia muy largo. El hecho de que tenga un tipo de interés variable ligado a su situación financiera permite asegurar que la empresa luchará por su viabilidad.

En la jornada Situación financiera de las pymes: problemas de solvencia, organizada por Cepyme la pasada semana, el Institut Valencià de Finances proponía poner en marcha préstamos participativos de hasta 2 millones de euros con tramos no reembolsables.